El gobierno lanza nueva ofensiva legal contra regla que prohíbe la detención indefinida de menores migrantes

Publicado el 23 de diciembre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

El gobierno reactivó su ofensiva en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito contra el acuerdo judicial Flores que prohíbe el encarcelamiento de migrantes menores de edad por más de 20 días.

En un escrito presentado el viernes por el Departamento de Justicia, el Ejecutivo pide al tribunal que desmantele el acuerdo que está en vigencia desde 1997, una protección clave para los inmigrantes que el gobierno tilda de “vacío legal” porque le impide prolongar los encarcelamientos de menores que llegan al país en busca de asilo.

La Fiscalía General alega que el acuerdo se encuentra “desactualizado” e insiste en que ha sido violado por miles de migrantes que llegan al país en busca de asilo. También señala que las circunstancias que prevalecieron cuando la medida fue aprobada han sufrido “dramáticos” cambios.

Esta no es la única regla que el gobierno está tratando de desmantelar. Además del Acuerdo Flores de 1997, la lista incluye la Ley TVPRA de 2008 sobre la prevención del tráfico humano. Esta prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.

La tercera protección es el Acuerdo Zadvydas de 1997. Señala que ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses, a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Los tres amparos se han convertido en la mayor traba para el desarrollo de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump en la frontera.

Según el gobierno, en la frontera se ha registrado un incremento considerable de la migración familiar y las regulaciones vigentes no responden adecuadamente a la emergencia.

El documento presentado por el Departamento de Justicia indica que “el interés público ya no justifica que se gran parte del sistema de inmigración funcione en conformidad con un acuerdo de hace 23 años que, según sus términos, pretendía ser temporal”.

En agostos el gobierno anunció que no seguiría el Acuerdo Flores, y a cambio detendría indefinidamente a familias migrantes con niños hasta que finalicen sus casos de asilo en las cortes de inmigración.

Tras la implementación de la medida, la jueza federal de California, Dolly Gee, bloqueó la regulación que, según pretendía el gobierno de Trump, buscaba desalentar a los migrantes que se entregan en la frontera para pedir un recurso legal disponible: el asilo.

“El acuerdo sigue vigente”, escribió Gee en septiembre, quien emitió el mandato tras escuchar los argumentos de los abogados de la Fiscalía federal y de los defensores de los inmigrantes.

“Los acusados (el gobierno) no pueden simplemente ignorar los dictados del decreto de consentimiento simplemente porque ya no están de acuerdo con su enfoque como una cuestión de política”, agregó la jueza.

El gobierno de Trump cree que el Acuerdo Flores interfiere con la aplicación de las leyes migratorias, al permitir que padres, incluso extraños, se presenten en la frontera con menores sabiendo que no pueden estar detenidos más de 20 días. Reclaman que los niños son usados como un “pase de entrada” a al país.

Tres meses después, el Departamento de Justicia apela la decisión de la jueza Gee en una instancia superior.

“El la Corte de Apelaciones del 9º Circuito cancela el Acuerdo Flores, “miles de niños permanecerán detenidos indefinidamente por el gobierno”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Si sucede, las condiciones para estos menores serán difíciles”.

“El riesgo es que el país retroceda en materia de derechos humanos de las personas que están huyendo de sus países en busca de asilo para salvar sus vidas”, agregó.

A finales de septiembre la Fiscalía General había advertido que seguiría trabajando para “restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

La jueza Gee ha librado una batalla legal en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997. El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015, la magistrada ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.

A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000. El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto permaneció en centros de detención habilitados por ICE para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busaca de asilo

Los Menores No Acompañados (UAC) fueron entregados bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.

La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzan la frontera sin documentos en busca de asilo.

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.

La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.

La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.

Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.

Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar al país.

La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos.

La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.

El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo.

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