El gobierno de Trump no defenderá a DACA en demanda de Texas

El rompecabezas legal y de demandas en torno al programa de Acción Diferida para Jóvenes Inmigrantes (DACA) se complicó aún más hace pocos días, cuando el Departamento de Justicia, que técnicamente debe defender el programa ante el ataque legal de Texas y otros estados, dijo que no lo haría.

En documentos legales presentados en torno a la demanda TX vs USA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estuvo de acuerdo con los demandantes (Texas y otros seis estados), sobre la presunta “ilegalidad” del programa DACA, creado en 2012.

“Estados Unidos está de acuerdo con el estado de Texas y otros demandantes que DACA es ilegal”, dijo el gobierno estadounidense en los papeles presentados al juez federal Andrew Hanen, que preside la demanda.

Para Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), esto es lo que se define como “colusión”.

“Esta demanda es colusión”, dijo Sáenz, término que define a dos partes que se ponen de acuerdo para perjudicar a una tercera. En este caso, MALDEF y 22 “dreamers” beneficiarios de DACA serán los que defenderán el programa en los tribunales.

El 1 de Mayo, Texas y otros seis estados de dirigencia republicana lanzaron su ataque contra DACA, luego que varios tribunales impidieron el desmantelamiento del programa de parte del gobierno de Trump.

Según expertos legales, el objetivo de Texas es llevar el caso a la Corte Suprema, que ahora es de mayoría conservadora y deshacer el programa que protege actualmente a más de 700,000 jóvenes inmigrantes.

Como es un programa del gobierno federal, le corresponde a este defenderse en tribunales, pero el gobierno de Trump está de acuerdo en la ilegalidad de DACA y, por lo visto, no piensa hacer nada para impedir los asaltos legales en contra del mismo.

El 15 de mayo, sin embargo, el juez Hanen aprobó la solicitud de intervención de MALDEF y de 22 “dacamentados“, quienes argumentaron que sus intereses “no serían bien representados por el gobierno de Trump”.

En una entrevista con La Opinión esta semana, Sáenz dijo que esta demanda es diferente a la de DAPA, en la que un programa nunca implementado para legalizar temporalmente a padres indocumentados fue desmantelado por una demanda similar de Texas.

Sáenz, quien es presidente y director legal de MALDEF dijo que Texas y los otros estados argumentaron que serían afectados por el programa DAPA porque debían contratar nuevo personal para dar licencias de conducir a los nuevos “legalizados”, una vez obtuvieran sus papeles.

Para presentar una demanda contra un programa hay que demostrar que se está “directamente afectado”, explicó Saenz.

En este caso esa excusa “no se aplica”, dijo el abogado.

“No queda nada claro legalmente que Texas y estos otros estados tengan ningún derecho (standing) para presentar la demanda”, dijo Saénz. “También presentaron la demanda seis años después de anunciado el programa. ¿Cómo pueden alegar ahora que sufrirán un daño irreparable por el mismo?”.

Esos temas básicos pueden detener la demanda en seco, pero si no es así, aún queda defender un programa “totalmente legal desde el punto de vista de la autoridad presidencial”.

Y aunque el juez Hanen es un conservador más conocido por sus dictámenes duros contra los inmigrantes, el magistrado permitió la intervención de MALDEF y los dreamers y hasta ahora “no ha aceptado la presión del gobierno para moverse más rápido de lo necesario”, dijo Sáenz.

El caso DAPA nunca se resolvió en la Corte Suprema porque faltaba un juez de los nueve y estos se dividieron en Texas y los demandantes han pedido una orden para suspender la validez de DACA y el juez Hanen tendrán una audiencia al respecto a mediados de julio. Actualmente hay varias órdenes judiciales que ordenaron al gobierno que siga implementando el programa.

El Departamento de Justicia ha dicho que de darse dicha orden se le impondrían “obligaciones inconsistentes” y que pediría a los tribunales que levanten las otras órdenes para anular totalmente a DACA.

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