El gobierno de Trump continúa separando familias migrantes en la frontera con México

Publicado el 3 de mayo de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Almudena Toral/Univision.

Cuando Donald Trump firmó el 20 de junio una orden ejecutiva para detener la separación forzada de familias en la frontera que el mismo había autorizado semanas antes, todo el mundo pensó que ya no había niños migrantes por un lado y padres por otro navegando en el complejo sistema migratorio estadounidense.

“No me gustaba la visión o el sentimiento de familias siendo separadas”, dijo el mandatario en aquella ocasión, aparentemente revirtiendo sus declaraciones de días previos en las que englobó a las familias inmigrantes como criminales afiliadas a bandas delictivas de centroamericanos e incluso dijo que “infectaban” el país.

Pero no fue así porque las separaciones, de una u otra manera, continuaron. E incluso el gobierno alista un nuevo programa para arrebatarle hijos a los migrantes y con ello desinflar una ola migratoria proveniente principalmente de Centroamérica.

Desde mediados de 2013 miles de migrantes están huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza en busca de asilo en Estados Unidos.

A comienzos de la segunda semana de abril el diario The New York Times, citando fuentes de la Casas Blanca, reportó que Trump ha pedido durante meses restablecer las separaciones forzadas, una medida que se encuentra detenida por una corte federal de San Diego.

La diferencia entre el primer plan y el segundo está en que en el 2018 las separaciones fueron forzadas y esta vez apunta a que serán los padres quienes deberían elegir entre dos caminos en la búsqueda de asilo: solos o junto a sus hijos.

Si deciden no separarse, renunciarán a la protección humanitaria de los menores, permanecerán junto a ellos y esperarán encarcelados mientras dura el proceso de deportación, donde pedirán asilo, algo que puede demorar meses, incluso años, advierten abogados.

Oficialmente las separaciones forzadas de familias se llevaron a cabo en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump, entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2017. Afectó a un total de 2,654 familias.

En enero de este año, sin embargo, un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por el gobierno de Trump en la frontera.

Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido: el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

En marzo la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, reconoció ante un panel de la Cámara de Representantes que las separaciones comenzaron varios meses antes de las fechas oficiales para ‘ensayar la política’.

Este jueves el diario USA Today dijo que, desde el valle del Río Grande, en Texas, hasta la costa sur de California, el gobierno continúa separando familias migrantes a tasas que alarman a los abogados y defensores de los inmigrantes, a pesar de que existe una orden de un juez federal emitida el 26 de junio del año pasado que prohíbe hacerlo. Se trata de una política “sistemática”, apuntó.

El juez federal Dana Sabraw, que preside la corte federal del sur de California, en San Diego, ordena al gobierno detener las separaciones forzadas en la frontera y reunificar a la totalidad de familias afectadas.

Sabraw fijó un plazo entonces de hasta 30 días para reunificar a la totalidad de las 2,654 familias separadas por la Patrulla Fronteriza tras levantar cargos criminales por ingreso a los padres migrantes.

Cumplido el plazo el gobierno se excusó de no haber logrado cumplir el mandato y solicitó más tiempo. Pero siete meses después apareció el reporte del inspector general del HHS advirtiendo que las separaciones habían impactado a miles de migrantes y que el programa había sido puesto en marcha muchos meses antes de la fecha señalada por el DHS.

De acuerdo con reportes entregados en abril al tribunal, el HHS alista una base de datos que involucra a unos 47,000 niños que estaban bajo su cuidado y fueron liberados entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018.

Documentos de una demanda presentada por los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la corte presidida por Sabraw, revelan que el gobierno formuló cargos criminales no solo a padres que entraron al país por zonas no autorizadas, sino que también llevó a cabo separaciones forzosas de menores que junto a sus padres entraron por garitas y pasos autorizados.

Citando a activistas del Centro Juvenil de Harlingen, Texas, el USA Today dice que una de cada cinco familias atendidas en refugios locales para migrantes, ha sido separada en la frontera por razones cuestionables con niños de edades comprendidas entre los 18 meses y los 15 años.

A su vez, abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas indican que han contabilizado más de 40 familias separadas por mes en el área de McAllen desde la orden emitida por Sabraw.

Activistas de la organización Al Otro Lado, en California, dicen que docenas de familias están siendo separadas cada día en el área metropolitana de San Diego. Pero los defensores advierten que en toda la frontera el número de niños separados es mucho mayor.

“Estamos escuchando que las separaciones continúan, pero no a los niveles que vimos entre mayo y junio del año pasado, cuando estaban en su apogeo”, dice a Univision Noticias Rogelio Núñez, director del Proyecto Libertad en Harlingen.

A su vez, Félix Villalobos, abogado gerente de RAICES en Dallas, Texas, dijo a Univision Noticias que “las separaciones no fueron detenidas totalmente después del fallo del juez Sabraw el 26 de junio. Aunque después, al igual que antes de la implementación de la medida, no tuvieron el mismo impacto”.

En noviembre del año pasado la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:

El padre o tutor presenta un peligro para el niño;
El padre tiene antecedentes penales;
El padre tiene una orden penal pendiente;
El padre tiene una enfermedad contagiosa;
Reclamo fraudulento de tutela; y,
Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

La ACLU dijo en aquella oportunidad que, si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.

En marzo de este año, la entonces secretaria del DHS dijo durante una audiencia celebrada en el Congreso que esa dependencia sólo separa familias cuando el menor está en riesgo, confirmando la advertencia hecha por el CBP en noviembre.

Gelernt dijo esta tarde en su cuenta de la red social Twitter que el gobierno de Trump ha separado niños incluso cuando sus padres se entregaron a las autoridades federales y solicitaron asilo en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del UDSA Today, el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, dijo este martes a un panel del Congreso que su departamento está llevando a cabo “menos de dos” separaciones familiares por día, lo que describió como menor en comparación con las 1,600 unidades familiares que cruzan la frontera cada día.

“Se está haciendo con mucho cuidado en circunstancias extraordinariamente raras”, indicó el funcionario ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

En marzo la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 92,000 migrantes que cruzan la frontera con México, cifra que establece un récord y vuelve a poner en jaque la capacidad de respuesta del gobierno de Trump para controlar y atender la ola migratoria.

El director interino del DHS, McAleenan, dijo la semana pasada que la política de separación de familias “no vale la pena”, al menos “desde la perspectiva de las autoridades”. McAleenan explicó que la indignación que produjo en todo el país el saber que el gobierno de Donald Trump había pedido separar a los padres migrantes de sus hijos supuso “una pérdida de la confianza pública”.

“Por supuesto que hubbio una pérdida de confianza del público estadounidense”, dijo a Univision Noticias Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Fue una traición a los valores de nuestro país”, agregó.

Adams dijo además que si bien “no hemos visto separaciones como las que ocurrieron el año pasado, creemos que siguen habiendo, pero en casos por ejemplo donde un padre no puede probar el parentesco con un menor, si una persona tiene antecedentes criminales o había sido deportada con anterioridad”.

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