El gobierno de Trump anuncia que busca retirarse de acuerdo judicial que prohíbe la detención de menores inmigrantes

Publicado el 7 de septiembre de 2018
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement vía AP.

La Casa Blanca de Donald Trump elabora un plan para que el gobierno se salga del acuerdo judicial Flores vs Meese de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad en centros de detención de ICE.

El acuerdo le ata las manos al gobierno con su política de tolerancia cero en la frontera, al impedir que prive de libertad a menores de edad detenidos cuando intentaban ingresar indocumentados al país.

Según el gobierno, los menores arrestados solo pueden permanecer hasta un máximo de 20 días en un centro de detención y luego deben ser liberados en espera de una audiencia con un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos.

La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, limita al gobierno en su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración indocumentada.

El gobierno se prepara para eludir los límites a la capacidad para retener a menores en cárceles de inmigración normados por el Acuerdo Flores de 1007, reportó este jueves el diario The Washington Post.

La publicación agrega que los cambios que proponen los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), garantizará que los menores serán tratados con dignidad, respeto y especial preocupación debido a su vulnerabilidad”.

El acuerdo judicial Flores, que para muchos constituye una garantía para el respeto de los derechos de los niños, para el gobierno de Trump se convirtió en un problema desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2017.

“Las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad del departamento para detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país”, dijo la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en un comunicado. “Esta regla aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal”, agregó.

La salida del gobierno del Acuerdo Judicial Flores forma parte de una lista de tres requerimientos básicos contenidos en la dura reforma migratoria que Trump busca implementar a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas, sin el respaldo del Congreso.

Las otras dos exigencias son:

Eliminación de la Ley TVPRA de 2008, Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

El incumplimiento del acuerdo y la incomodidad del gobierno no son nuevos. En 2015 la jueza federal Dolly Gee, de una corte de distrito de California, falló que el gobierno de Barack Obama estaba violando el Acuerdo Judicial de 1997 al privar de libertad a menores de edad, principalmente indocumentados arrestados en la frontera por ingreso indocumentado.

Gee también llegó a la determinación que los menores encarcelados deben ser liberados, y extendió el beneficio a sus padres.

En caso de que el gobierno decida cumplir el acuerdo y poner en libertad a los menores detenidos, debe otorgarles un parole (permiso) donde le indicarán una fecha para que se presenten ante un juez de inmigración quien decidirá su futuro en el país.

Pero Trump insiste en que la mayoría de los menores detenidos no tienen o no reúnen requisitos para permanecer en Estados Unidos, negando incluso toda posibilidad de que pidan asilo.

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