El gobierno de Trump acelerará los juicios de inmigrantes a partir del 1 de mayo

La medida incluye maximizar el uso de las videoconferencias (VTC) y los centros de adjudicación de inmigración.

“Por una parte, el EOIR reconoce que no se están utilizando todas las salas operacionales. En segundo lugar, que el sistema de video de conferencia puede ser mejorado en los centros de detención para celebrar juicios”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

En el memorando McHenry precisa que el propósito de la orden es descongestionar las cortes de inmigración, que a finales de marzo acumulaban 850,000 expedientes “y en algunos casos las audiencias están programadas para dentro de dos o tres años”.

El atasco, añade, “no solo exacerba el número de casos pendientes, sino que también obstaculiza significativamente la capacidad de la EOIR para reducir el atasco”.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que el plan de McHenry debería estar enfocado en preservar el debido proceso y garantizar el cumplimiento del debido proceso para que los inmigrantes reciban justicia y no un aumento en las deportaciones.

“El gobierno está reconociendo que tiene un problema con el funcionamiento de los tribunales de inmigración”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Esperamos que haya hecho una auditoría para corregir y mejorar el funcionamiento basado en las necesidades públicas de manera positiva”, indicó.

La semana pasada Trump, antes de un viaje a la frontera de California, amenazó con “deshacerse” de todos los jueces si el Congreso no había caso a sus planes para cambiar la ley de inmigración e implementar su política de tolerancia cero en la frontera.

En respuesta, los jueces dijeron que las palabras del mandatario eran “política” y desestimaron la advertencia. “Las leyes actualmente brindan dos audiencias de proceso por parte de los jueces para todos (los inmigrantes), excepto una pequeña porción de personas que ingresan a nuestro país”, dijo a Univision Dana Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Marks dijo además que “no creo que una legislación así despegue en el legislativo. Estados Unidos se enorgullece de ser una nación de leyes y modelo de justicia (…) Despedir a los jueces del proceso de inmigración sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro país y violaría tratados internacionales que hemos firmado. Este curso de acción es extremadamente imposible que ocurra”, indicó.

Todo indica que Trump no estaba enterado del memo de McHenry y los planes para mejorar el rendimiento de los tribunales a partir del 1 de mayo cuando lanzó la amenaza de despidos.

La pregunta que sigue flotando en el ambiente es por qué los tribunales de inmigración tienen un atasco de 850,000 casos. Mchenry dice en el memorando que la acumulación de expedientes se debe a una “combinación” de factores. Entre ellos, cita “contrataciones lentas de jueces de inmigración entre los años fiscales 2010 y 2016 y la prevalencia de horarios de trabajo alternativos superpuestos.

Indicó además que a partir de junio de 2017 “había más de 100 tribunales” de inmigración que no estaban siendo utilizados de los aproximadamente 400 que deberían estar operando.

“Sin embargo, a partir de 2017, EOIR ha buscado activamente minimizar la presencia y los efectos de cortes vacías (dark) mediante la implementación de prácticas diseñadas para garantizar que todas las salas disponibles estén siendo utilizadas para escuchar casos todos los días durante las horas normales de funcionamiento del tribunal”.

El compromiso de que no haya tribunales vacíos es asegurar que se reduzcan los tiempos de espera y utilizar la mejora “para adjudicar los casos de manera oportuna e imparcial”, asegura McHenry en el memorando.

El director de la EOIR también ordenó a los jueces la mejora en el uso de los juicios por circuito cerrado de televisión (VTC), un sistema que permite procesar a los indocumentados detenidos desde los lugares de detención y en grupos.

McHanry también dice que la nueva medida debería asegurar que a cada juez de inmigración se le asigna un número suficiente de casos para permitir que tenga la capacidad para cumplir con las medidas de rendimiento aplicables.

En octubre del año pasado el entonces fiscal general, Jeff Sessions, puso en vigor una medida que fija una cuota de 700 casos por año a cada uno de los jueces de inmigración.

“Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en esa ocasión la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

La nueva política también exige que un juez escuche un caso al menos cuatro veces, pero todo ello dentro de un mes calendario, norma que acelerará los procesos y dejará menos tiempo a los inmigrantes para defender sus casos.

“Esto tendrá muchas consecuencias negativas”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Con cuatro audiencias en un mes es imposible preparar un caso de asilo y de alivio migratorio. Por lo general se necesitan al menos 6 meses para obtener documentos preliminares y defender un caso. Poner todo esto en un mes, pondrá a los inmigrantes en una posición muy vulnerable ante la justic