El gobierno de Donald Trump publica la nueva política de detención de familias migrantes

Tres días después de haber sido anunciada, el gobierno de Donald Trump publicó es te viernes en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) la nueva política de detención de familias migrantes con niños en la frontera que busca su detención indefinida.

“Esta regla final modifica las regulaciones relacionadas con la captura, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de menores extranjeros”, señala el documento.

La nueva norma, anunciada el martes por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, “reemplaza las regulaciones que se promulgaron en 1988 en respuesta a una demanda presentada en 1985 contra el Fiscal General y el legado del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contenidas en el caso Flores versus Meese”, se lee en el documento.

Según el gobierno, el Acuerdo Judicial Flores de 1997, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA), “han alterado significativamente las autoridades legales que rigen en relación con la detención, custodia, procesamiento y liberación de menores extranjeros”.

El Acuerdo Flores prohíbe al gobierno federal detener por más de 20 días a menores de edad en centros carcelarios, mientras que la Ley TVPRA impide la deportación inmediata y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.

A pesar de que ambos beneficios están protegidos por el Congreso y los tribunales de justicia, el gobierno de Trump ha decidido modificar la parte que corresponde a la detención y el tiempo de privación de libertad, pero asegura que respetará el resto.

La nueva regla indica que “los cambios legales y operativos” que normarán la detención indefinida de familias migrantes con menores no afectarán el resto del acuerdo. Y asegura que “proporcionará las protecciones y estándares sustantivos similares” a lo que establece el Acuerdo Flores de 1997.

La regla final satisface el propósito básico de “garantizar que todos los menores extranjeros bajo la custodia del gobierno, de conformidad con sus autoridades bajo las leyes de inmigración, sean tratados con dignidad, respeto y especial preocupación por su vulnerabilidad particular como menores, mientras lo hacen de una manera que sea viable a la luz de los cambios estatutarios, fácticos y operativos posteriores, y se base en la amplia experiencia del gobierno”, indica la regla.

En cuanto a las licencias bajo las cuales operarán los centros de detención de menores migrantes, una de las principales preocupaciones expresadas por las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, la nueva norma señala que “ante la gran dificultad de trabajar bajo el requisito de licencia estatal para los centros residenciales familiares, la regla final crea una alternativa al requisito del programa licenciado existente para los centros residenciales familiares de ICE, de modo que ICE pueda usar las instalaciones apropiadas para detener unidades familiares juntas durante sus procedimientos de inmigración, de conformidad con la ley aplicable”.

El DHS dijo que la nueva política entrará en vigor “a partir del 22 de octubre de 2019”.

Según el gobierno, la nueva política “toma en cuenta” los cambios en las circunstancias desde el momento en que se aprobó el Acuerdo en 1997, “así como una amplia experiencia en los últimos veinte años que opera el sistema de inmigración” bajo este beneficio.

Indica además que, el gobierno “garantiza que las regulaciones se cumplan con una implementación correcta y sólida de los estatutos federales vigentes, incluidos los estatutos que requieren que el DHS retenga la custodia de los extranjeros que llegan o cruzan nuestras fronteras sin inspección durante la tramitación de los procedimientos de inmigración”.

Asegura además que “considerará cuidadosamente los comentarios públicos y establece para el DHS un modelo operativo sostenible de aplicación de la ley de inmigración, y para el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), codifica las políticas, los procedimientos y las prácticas existentes relacionadas con el cuidado temporal y la custodia de los Menores No Acompañados (UAC).

Otra justificación esgrimida por el gobierno refiere que el Acuerdo Flores de 1997 “no fue diseñada para abordar las circunstancias actuales presentadas por menores acompañados” en la frontera, una crisis que se desató en 2014, cuando comenzaron a llegar miles de migrantes que huyen de sus países de origen a causa de la violencia y la pobreza.

El gobierno también señala “algunos de los términos sustantivos del Acuerdo están desactualizados o son inadecuados a las condiciones actuales en la frontera” que impiden su cumplimiento.

Tras el anuncio de la nueva regla el martes, abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y los derechos humanos criticaron y condenaron los planes del gobierno de Trump de cambiar una parte del Acuerdo Florea unilateralmente.

“La detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias y, a pesar de lo que afirma el gobierno, no actuará como un elemento disuasorio”, indicó Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Por su parte, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “esta regulación es una violación de los valores fundamentales de Estados Unidos y una reversión completa del Acuerdo Flores que canalizará miles de millones en dólares de los contribuyentes a prisiones privadas para encarcelar a niños y familias, a pesar de la existencia de alternativas de detención más efectivas y humanas”.

La Asociación Americana de Psicología (APA) advirtió que el cambio anunciado por el gobierno tendrá un severo impacto en la salud mental de los migrantes, principalmente niños. “Permitir que los niños inmigrantes sean detenidos por más de 20 días, incluso con sus familias, es un intento equivocado de esta administración para detener el flujo a través de la frontera sur”, dijo “Jim” Díaz-Granados, PhD, director ejecutivo adjunto de la Asociación.

En el mismo sentido se pronunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “La detención de niños puede provocar traumas, sentimientos suicidas y exposición a una atención médica peligrosamente inadecuada”, dijo Clara Long, subdirectora interina de la entidad. “Ningún tiempo de detención es seguro para los niños, y la detención prolongada es particularmente dañina”, añadió.