El Estado guatemalteco está en deuda con los migrantes, afirman PDH y organizaciones

“El Gobierno y el Congreso tienen una deuda muy grande con los migrantes porque no hay políticas públicas de desarrollo para evitar la migración forzada, y cuando son deportados no hay oportunidades de reinserción”, expuso el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante y representante de los misioneros.

Verzeletti criticó que el país no cuida desde la temprana edad a los niños y adolescentes a través de programas de educación, y que tampoco hay fuentes de trabajo para que los adultos no arriesguen su vida al migrar.

El sacerdote también mostró su preocupación por la elevada cantidad de deportados que han arribado este año desde EE. UU. que ya superó al total de retornados que hubo en todo el 2017. Según cifras de la Dirección General de Migración 33 mil 773 guatemaltecos han sido expulsados, mientras que en 12 meses del año pasado hubo 32 mil 833 deportaciones.

A la celebración acudió el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien agradeció la labor que los misioneros han llevado a cabo en Guatemala, funciones que “llenan el vacío que el Estado, por falta de prioridad o voluntad, no hace”.

Rodas añadió que, como en muchos países, la toma de decisiones erráticas de los gobernantes y la migración son una fuente de migración forzada que debe ser atendida.

Los Misioneros Scalabrinianos también criticaron las “acciones inhumanas” que sobre la migración ha adoptado el presidente de EE. UU., Donald Trump, las cuales consideraron preocupantes porque tienen “el potencial de socavar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de niñas, niños y adolescentes”, quienes han sufrido por la separación de sus padres y quedan en mayor estado de vulnerabilidad.

Los Misioneros Scalabrinianos también criticaron las “acciones inhumanas” que sobre la migración ha adoptado el presidente de EE. UU., Donald Trump, las cuales consideraron preocupantes porque tienen “el potencial de socavar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de niñas, niños y adolescentes”, quienes han sufrido por la separación de sus padres y quedan en mayor estado de vulnerabilidad.

Adilson Pedro Busin, obispo auxiliar de Porto Alegre, Brasil, cuestionó la eficacia de un muro fronterizo que el gobierno estadounidense piensa construir en la frontera sur ya que esto se traducirá en un incremento de los costos que redes de tráfico de personas cobrarán a los migrantes.

“El muro también pondrá en riesgo el comercio y las relaciones entre las comunidades fronterizas, destruirá el medioambiente y obligará a las familias y campesinos a perder porciones de tierra”, puntualizó Busin.

Añadió que la historia demuestra que los muros no funcionan porque las fuerzas que empujan la migración, como la pobreza, violencia, corrupción, entre otras, son más fuertes; por lo cual, consideró que los recursos económicos que se piensa utilizar en su construcción deben emplearse en combatir esas causas de la migración.

Durante la actividad decenas de familias se hicieron presentes al Parque de la Industria donde disfrutaron de actividades artísticas y culturales, aprovecharon ofertas de bazares y degustaron platillos típicos.

La convocatoria para esta actividad se hizo a través de las iglesias católicas de país y de grupos de la sociedad civil.

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