El Departamento de Justicia demanda a California por sus leyes santuario

El Departamento de Justicia demandó este martes al estado de California por tres leyes santuario que limitan la cooperación de las policías locales con las autoridades federales, alegando que interfieren con sus labores de inmigración, según dieron a conocer funcionarios de esa dependencia un día antes del anuncio oficial.

El fiscal general, Jeff Sessions, informó este miércoles que el gobierno está listo para escalar la ‘guerra’ contra este estado declarado como santuario desde el 1 de enero. “California está usando todo el poder que tiene –y el que no tiene– para frustrar el cumplimiento de la ley federal. Así que pueden estar seguros de que voy a usar todo el poder que yo tengo para detenerlos”, dijo Sessions en un evento en la capital del estado, Sacramento.

“El Departamento de Justicia y la administración Trump van a desafiar estas políticas injustas e inconstitucionales que les han sido impuestas a ustedes”, advirtió.

Dirigió además duras palabras a la alcaldesa de Oakland, Libby Shaaf, al asegurar que “valida la ilegalidad”. “¿Cómo te atreves a poner innecesariamente en peligro las vidas de los oficiales de inmigración solo para promover tu agenda radical de fronteras abiertas?”, le preguntó.

“California impacta adversamente el trabajo de los oficiales de la ley (…) no puede obstruir el trabajo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”, aseguró al resaltar que por culpa de la alcaldesa, ICE dejó de detener en California a un estimado de 800 indocumentados.

El jueves pasado la Casa Blanca informó que el Departamento de Justicia revisaría las acciones de Schaaf, pues el pasado 25 de febrero envió un tuit alertando de un posible operativo migratorio en el norte de California. Su aviso no era falso: al día siguiente ICE inició un operación de cuatro días en esa región. La agencia reclama que por la advertencia de la alcaldesa de Oakland se le escaparon algunos de los criminales que buscaba.

El Departamento de Justicia argumenta en su demanda, introducida el martes en la noche en una Corte de Distrito en Sacramento, que California ha violado la Constitución con la aprobación de leyes que defienden y protegen a los inmigrantes indocumentados.

Los documentos presentados en corte buscan la revisión de tres leyes recientemente aprobadas, alegando que “obstruyen el cumplimiento de la ley federal de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública”.

“Entiendo que tengamos una amplia variedad de opiniones políticas sobre inmigración. Pero la ley está en los libros y su propósito es claro. No se anulará. No hay secesión. La ley federal es la ley suprema del país”, señaló el fiscal general durante su anuncio.

El gobernador Jerry Brown respondió este miércoles a las acciones emprendidas por el gobierno diciendo que esto significa “básicamente ir a la guerra contra el estado de California”, durante una rueda de prensa que ofreció junto al fiscal general estatal, Xavier Becerra.

Con esta medida, la más agresiva que se haya visto hasta ahora de la administración Trump para tratar de contrarrestar las políticas santuario, el gobierno busca que un juez federal bloquee las leyes en cuestión, en especial la SB54, que convirtió a California en un estado santuario. Tras la entrada en vigor de esa norma las agencias policiales locales y estatales tienen prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos de ICE y trasferir a los detenidos por faltas menores.

En el estado con más indocumentados en EEUU también hay desde enero una ley que requiere una orden judicial para que ICE realice redadas en los lugares de trabajo y pide multas para los empleadores que no informen a sus trabajadores sobre estos operativos con 72 horas de anticipación.

Al conocer sobre las intenciones del Departamento de Justicia el martes en la noche, Brown expresó su descontento a través de redes sociales. “En tiempos de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California a dividir y polarizar mucho más Estados Unidos”, escribió en Twitter.

Brown no dudó en enviarle un mensaje directo al fiscal general: “Jeff, estas artimañas pueden ser la norma en Washington, pero aquí no funcionan”. Y remató su mensaje con la palabra en mayúsculas “TRISTE”.

Por su parte, el presidente del Senado californiano, Kevin de León, reaccionó con otro tuit asegurando que California no se dejará intimidar por esta nueva amenaza del gobierno de Trump, que desde un principio ha enfocado sus esfuerzos en endurecer las políticas migratorias.

“El fiscal general de nuestra nación, Jeff Sessions, va a demandar a California porque nos negamos a ayudar a la administración Trump a separar a familias inmigrantes honestas y trabajadoras. A eso, yo digo: ¡venga! California no se dejará intimidar”, dijo De León.

No es la primera vez que esta administración le declara la guerra a California, pero en esta ocasión el fiscal general planea mostrar total seguridad y firmeza con este ‘golpe’ en las cortes: “Yo creo que vamos a ganar”, dirá Sessions en su anuncio.

Este estado ha representado la resistencia ante la agenda antiinmigrante del presidente Trump y en el camino ha encontrado obstáculos que han intentado ponerlo en cintura, sin embargo ninguno lo ha hecho retractarse de su defensa a los inmigrantes indocumentados.

Ni el intento del Departamento de Justicia de negarle fondos a jurisdicciones santuario, ni las numerosas advertencias y amenazas de ICE han hecho, hasta ahora, que los legisladores y políticos californianos den un paso atrás. El fiscal general de California, Xavier Becerra, ha expresado su intención de seguir dando la pelea como lo ha hecho en más de dos docenas de demandas que ha presentado contra la administración Trump, de las cuales ha salido vencedor en su gran mayoría.

Cabe resaltar que en las últimas semanas se han hecho efectivas muchas de las advertencias de las autoridades federales de inmigración, que han realizado varios operativos en todo el estado visitando incluso empresa por empresa, revisando permisos de trabajos. Estas acciones han dejado más de 400 inmigrantes indocumentados detenidos en el último mes.

Un operativo de cuatro días, que terminó el miércoles 28 de febrero en el norte de California, dejó un total de 232 arrestos. Mientras que a mediados del mismo mes, ICE concluyó otra operación en el área de Los Ángeles con el arresto de 212 personas y la visita a 122 negocios para realizar auditorías.

Ir a la nota fuente