El caso de agente de ICE que abusó de una mujer migrante por años destapa abusos contra niñas y mujeres

La demanda judicial de una hondureña que acusa a un agente de migración de Estados Unidos de violación durante siete años evidencia los abusos oficiales y la vulnerabilidad que enfrentan algunos migrantes, especialmente las niñas y mujeres, por el miedo a la deportación.

La mujer, que omite su nombre en la demanda, alega que entre 2007 y 2014 el entonces oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) Wilfredo Rodríguez la amenazó con la repatriación si se rehusaba a tener relaciones sexuales con él.

En la demanda civil, la hondureña, que conoció al agente tras una visita que hizo a su hermano en un centro de ICE, señala que durante ese periodo tuvo tres abortos al quedar embarazada de Rodríguez, quien pagó por uno de esos procedimientos.

Su abogado, George Kramer, dijo a EFE, que la migrante “permanece en un estado psicológico muy frágil”.

La acción legal busca “cambiar la forma como son tratados quienes cooperan con ICE por aquellos en una posición de poder, y que a menudo ejercen un control total sobre la capacidad de permanecer en Estados Unidos”, explicó Kramer

Por su parte ICE, que señaló que Rodríguez no está vinculado a la agencia federal desde hace años, por política no comenta sobre casos que están bajo investigación.

Otra hondureña, de 15 años, denunció que en julio pasado un oficial de CBP en Yuma (Arizona) le metió las manos dentro del sujetador, le bajó la ropa interior y la tocó, bajo el pretexto de una requisa de rutina, en un hecho que investiga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Estas quejas se suman a un extenso historial de abusos, muchos de los cuales no llegan a ser presentados en corte debido al miedo, según han denunciado grupos a favor de los migrantes.

En 2014, tres migrantes hondureñas, dos de ellas menores de edad, denunciaron que fueron secuestradas, violadas y atacadas casi hasta la muerte por el agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) Esteban Manzanares.

Precisaron que Manzanares las detuvo tras pasar la frontera cerca a McAllen (Texas), las llevó a una zona boscosa, violó a dos de ellas y después les hizo cortes en las muñecas y les torció el cuello para dejarlas moribundas.

A la otra, de 14 años, la ató a un árbol por varias horas mientras Manzanares terminó su turno y volvió por ella para llevarla a su apartamento y continuar el abuso.

Entre tanto una de las mujeres que había quedado moribunda logró pedir ayuda a otro oficial del CBP.

Cuando las autoridades federales llegaron al apartamento de Manzanares a rescatar a la menor, el agente se suicidó.

En 2016, dos hermanas guatemaltecas de 17 y 19 años que se aventuraron a pasar solas la frontera para reencontrarse con su mamá que vivía en California fueron arrestadas por agentes de CBP en el Presidio (Texas).

Según una demanda judicial presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tras ser detenidas y requisadas apropiadamente por dos oficiales, las jóvenes fueron sometidas a una tercera revisión por otro agente que las hizo desnudar.

“Me pidió que me quitara la ropa interior, diciendo que era su trabajo y que era por seguridad”, relató una de ellas.

El Gobierno federal llegó este año a un acuerdo monetario con una de las jóvenes para cerrar el litigio.

Este mes miles de documentos oficiales que demuestran años de abuso y negligencia contra menores no acompañados por parte de agentes fueron revelados por ACLU de San Diego.

Entre las más de 30 mil páginas de registros relacionados con los abusos destaca la entrevista hecha a una niña, posiblemente centroamericana, que describe cómo un agente la obligó, innecesariamente, a bajarse los pantalones y miró a través de su ropa interior.

Todo esto cuando en la mitad del desierto, cuando estaba con el agente a solas.

Mitra Ebadolahi, abogada principal de la Fundación ACLU de San Diego & Imperial Counties (ACLUF-SDIC), señaló que “los documentos muestran un patrón persistente de acusaciones graves de abuso infantil a manos de funcionarios federales de inmigración que datan de 2009”.

Un reciente estudio del Instituto Urban reveló que uno de cada seis adultos en familias migrantes cambiaron sus rutinas diarias por miedo a encontrarse con autoridades que cuestionaran su estatus migratorio.

El reporte señala que los migrantes evitaron hasta las actividades más comunes como manejar un vehículo, solicitar una licencia de manejo, usar el transporte público, e inclusive ir al doctor.

Los adultos de familias inmigrantes que evitaban al menos una actividad también tenían más probabilidades de reportar angustia psicológica grave, asegura el análisis.

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