El brazo de ICE sigue metido en 68 agencias policiales en California, a pesar de sus leyes santuario

Estas prácticas que violarían la ley santuario SB 54 de California, que desde enero de 2018 prohíbe la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fueron reveladas en un reporte reciente, el cual no solo ventila distintas fallas y el uso de un vacío en la norma, sino que señala una supuesta complicidad en las fuerzas del orden para seguir arrestando indocumentados.

Este informe elaborado por la Facultad de Leyes de la Universidad de Oxford y la organización Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus concluye que 14 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Valores de California tantos como 68 de los 169 departamentos policiales inspeccionados (40%) no la están acatando cabalmente. Algunos de estos, advierte el análisis, lo han hecho a propósito.

Otras fallas identificadas en el estudio son que las policías locales aún ofrecen “servicios de respaldo” en los operativos de ICE, que permiten a sus oficiales ingresar a zonas públicas de sus cárceles para tomar custodia de reos sin papeles, que no han dejado de patrullar la frontera California-México coordinados con funcionarios federales y que incluso se han compartido consejos sobre cómo evadir la SB 54.

Hace dos semanas, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) coincidió también en que algunas agencias del orden en ciudades santuario no habían dejado de colaborar con ICE.

“Hay resquicios legales que se pueden usar. Se pueden publicar las fechas de liberación (de los reos indocumentados) en los sitios web para que ICE pueda verlas de esa manera”, recomendó Medrano.

Unos días después, indica el reporte, la CPCA difundió un correo electrónico mencionando que habían logrado limitar dicha legislación, empujando enmiendas “que otorgan una amplia autoridad a los departamentos de policía para trabajar con ICE, permitir el acceso de ICE a las cárceles y ampliar la capacidad de las autoridades locales para comunicarse con ICE”.

El mensaje se refería a que el grupo de jefes policiales incluyeron dentro de las delimitaciones de la SB 54 una lista de más de 800 delitos graves y violentos, que les permite seguir colaborando con ICE para entregarle a los presos indocumentados acusados de crímenes considerados graves.

En un comunicado enviado a Univision Noticias, directivos de la CPCA celebraron que su intervención en dicho debate permitió “continuar enfocándose en los delincuentes más peligrosos y violentos”.

El organismo reconoció que sigue en desacuerdo con la ley de estado santuario, como con cualquier otra norma “que prohíba la cooperación entre las autoridades locales y nuestros socios federales”. Señaló que es necesaria una “sólida asociación” entre todas las fuerzas del orden por “los incidentes de crisis y terrorismo que han ocurrido a lo largo de los años”.

Según este análisis, 24 de los 58 departamentos del Sheriff (el 41% del total) han “aprovechado” la excepción de publicar en sus páginas de Internet la fecha y hora de liberación de los detenidos bajo la lupa de ICE, como les sugirió la CPCA. También difunden las fechas de sus audiencias judiciales y datos personales, incluyendo su domicilio y su ocupación.

En enero de 2018, cuando recién había entrado en vigor la SB 54, el Sheriff del condado de Marin se comunicó con un oficial de ICE que había estado trabajando en sus cárceles para notificarle que desde ese momento podía buscar información sobre los presos indocumentados en el website de la agencia.

De esa manera, el agente federal supo que su trabajo no se había complicado tanto, pues aún podía enterarse sobre el nombre del detenido, su descripción física, la fecha de su arresto, los cargos que pesan en su contra, el monto de su fianza, sus citas en la corte y la fecha de su liberación. Prácticamente todo.

“Debido a que es evidente que el Sheriff del condado de Marin gastó sus recursos para publicar en Internet las fechas de liberación para involucrarse en la aplicación de la ley de inmigración, sus acciones pueden violar la prohibición general bajo la SB 54”, advierte el reporte.

Los investigadores también encontraron que las políticas del Sheriff del condado de Stanislaus permiten a sus agentes acatar las solicitudes de retención de ICE (‘deteiners’) hasta por 48 horas después de la fecha de liberación de una persona convicta por delitos graves. Eso no es lo que pide la SB 54, alega el informe.

Ni el Sheriff de Marin, ni el de Stanislaus, se han pronunciado al respecto.

Desacatando la ley de estado santuario, las fuerzas del orden de California también siguen patrullando la frontera guiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). “Sin embargo, dicha política fronteriza ha servido para hacer cumplir las leyes de inmigración convirtiendo a los policías locales en guardias fronterizos de facto”, reclama el reporte.

Se cita el caso del Sheriff del condado de San Diego, en cuyo manual publicado en abril de 2018 permitía a sus oficiales pedir ayuda a la Patrulla Fronteriza en detenciones de rutina, cuestionar el estatus migratorio de los detenidos acusados de algún crimen y arrestar a las personas que en su presencia cruzaron la frontera ilegalmente.

La teniente Karen Stubkjaer, vocera de ese departamento, dijo a Univision Noticias que su manual de políticas y procedimientos se actualizó en agosto de 2018, incluyendo los lineamientos de la SB 54. “Sí cumplimos con la ley”, afirmó en un correo electrónico.

Por su parte, Nathalie R. Asher, subdirectora ejecutiva interina de la unidad de operaciones de aplicación de la ley y deportaciones de ICE, señaló en un comunicado que la SB 54 ha tenido “consecuencias reales” en la seguridad pública, advirtiendo que cada vez que las policías municipales no acatan sus pedidos de retención se corre el riesgo de que esa persona liberada cometa otros delitos en la comunidad.

“Las personas que más protege esta ley son los extranjeros criminales; ha habido varios casos recientes en California donde criminales han matado o herido a personas después de que fueron liberado de la custodia local”, advirtió Asher.

“ICE espera con interés trabajar con todos los involucrados para determinar cómo podemos comprometernos para evitar que las consecuencias no intencionales, trágicas y a veces fatales de esta ley restrictiva perjudiquen a otros”, concluyó la funcionaria federal.

El descenso también se notó en todas las detenciones del organismo. De enero a mayo de 2018, 7,853 personas quedaron bajo su custodia, esto es 6% menos comparado con el mismo período de 2017.

Este reporte se elaboró revisando documentos relacionados con la SB 54 de 121 policías locales y 48 departamentos del Sheriff de California. Los investigadores revisaron políticas, regulaciones, memorandos, material de capacitación, así como las comunicaciones con el público, otras agencias del orden y oficiales de ICE, la Patrulla Fronteriza, la CBP y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).