Así se desprende de las estadísticas divulgadas este viernes por la sede de la Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala, unos documentos que recuerdan que en 2017 habían sido deportados 142.176 migrantes irregulares.
La mayor parte de los retornados en 2018, un 50,4 por ciento (98.787), proceden de México, frente al 49,5 por ciento de Estados Unidos (97.003) y el 0,1 por ciento de otros países no identificados, y si se atiende al sexo de los migrantes la mayoría son hombres (un 85 por ciento).
Los migrantes, entre los que había 15.805 niños y 8.843 niñas, son en su mayoría hondureños, un 56,8 por ciento, que equivale a 75.276 personas, lo que representa un incremento del 27,25 por ciento frente a los 48.022 de 2017.
Entre los centroamericanos retornados el 40 por ciento corresponde a guatemaltecos (94.306), con un aumento del 26,96 por ciento frente a 2017 (67.343) y el resto, un 1,2 por ciento, a El Salvador, el único país de los tres que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018.
Para hacer frente a la migración irregular, que se ha visto en auge durante los últimos meses con caravanas de personas que atraviesan la región huyendo de la violencia y la pobreza para buscar una vida mejor en Estados Unidos o México, los Gobiernos de la región impulsan un programa.
Este es el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que fue firmado el día 1 de diciembre de 2018 -día en que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia mexicana- por los mandatarios de México, Guatemala, Jimmy Morales; de Honduras, Juan Orlando; y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.
Con la iniciativa se busca dar una perspectiva regional integral y contemplar la atención prioritaria a todo el ciclo de la migración, trabajando en la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral que incluya programas, proyectos y acciones específicas, a efecto de generar empleos y combatir la pobreza.
