EE.UU.: Se debe rechazar la propuesta extrema de seguridad fronteriza

La Cámara de Representantes de Estados Unidos debería rechazar un amplio proyecto de ley de inmigración que aplicaría medidas más estrictas contra los inmigrantes indocumentados y empeoraría los abusos existentes dentro del sistema de inmigración de EE.UU., dijo hoy Human Rights Watch.

La Resolución de la Cámara (HR) 2278 para reforzar y fortalecer la aplicación de la ley, conocida por sus siglas como SAFE Act (Strengten and Fortify Enforcement Act), fue aprobada por el Comité Judicial del Congreso el 18 de junio de 2013, por 20 votos a favor y 15 en contra. Ahora puede ser referida a otro comité o enviada al pleno de la Cámara de Representantes para su consideración.

“No hay nada ‘seguro’ en la Ley SAFE”, dijoAntonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre EE.UU. para Human Rights Watch. “Sólo infundirá más miedo en los inmigrantes y los hará menos propensos a llamar a la policía en busca de ayuda o informar de un delito, lo que pone a toda la comunidad en riesgo”.

El proyecto de ley HR 2278 concede a las autoridades estatales y locales aplicar leyes migratorias federales otorgándoles la facultad de investigar, identificar, detener, arrestar y encarcelar a inmigrantes indocumentados. Según el proyecto de ley, si cualquier estado prohíbe a su fuerza policial el uso de dichos poderes de control migratorio, se le negará la financiación federal para la aplicación de la ley.

Human Rights Watch ha documentado el daño significativo que sufren las comunidades cuando la policía local debe hacer cumplir la ley de inmigración federal, en lugar de centrarse en los delitos estatales y locales. Inmigrantes en Alabama entrevistados para el informe de 2011 “No way to live”(“Vivir sin dignidad”) dijeron que no habían denunciado delitos a la policía después de que la ley de inmigración de Alabama, popularmente conocida como HB 56, otorgara a la policía local la potestad de preguntarles a los inmigrantes cuál era su estatus inmigratorio.

Una mujer contó que cuando su amigo, un inmigrante hondureño, fue golpeado y robado, llamó a la policía y les preguntó si interrogarían a su amigo sobre su condición de inmigrante si él iba a la comisaría a denunciar el delito. Cuando le respondieron que sí, ella colgó. La mujer dijo a Human Rights Watch: “Antes, uno podía llamar a la policía y sentirse seguro. Ahora no hay seguridad para los hispanos”.

De manera parecida, el informe de 2012 “Cultivating Fear” (“Cultivar el temor”) incluye entrevistas con trabajadores agrícolas que dijeron que temían denunciar incluso delitos tan graves como el asalto sexual en el trabajo, debido a la creciente participación de policías locales que aplican leyes migratorias federales. “Monica V.”, por ejemplo, dijo: “Si hubiera llamado a la policía, no me habrían ayudado porque soy una indocumentada”.

El proyecto de ley establece que la estadía indocumentada en EE.UU. es un delito federal penado con seis meses de prisión, lo que en esencia criminaliza la presencia de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. Bajo el proyecto de ley HR 2278, una persona que se quedara en el país un día después del vencimiento de su visa de turista estaría cometiendo un delito federal.

El proyecto de ley también despoja al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. de la posibilidad de ejercer su discrecionalidad para decidir si una persona debe ser puesta en libertad bajo fianza o permanecer detenida a expensas del contribuyente mientras su caso está pendiente. Además, el proyecto de ley permite la detención indefinida de inmigrantes y otorga a la secretaría de Seguridad Nacional la discreción absoluta para certificar que un inmigrante supone un peligro a la seguridad pública. Este tipo de detención arbitraria e indefinida viola las obligaciones de EE.UU. bajo la ley internacional de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

La HR 2278 también aumenta el rango de delitos por los que un inmigrante puede ser deportado ya que bajo esta propuesta, más delitos se convertirían en causa de deportación aunque fueran solo infracciones menores bajo la ley estatal. El proyecto de ley también requiere la detención obligatoria de cualquier persona que no sea ciudadana de EE.UU. y que haya sido condenada por conducir en estado de ebriedad, incluso cuando el delito es una falta menor bajo la ley estatal.

“En los ojos de los partidarios de la iniciativa “Safe Act”, todos los inmigrantes indocumentados son criminales peligrosos”, dijo Ginatta. “Esta representación unidimensional y descaradamente falsa no es digna de mayor consideración. Este proyecto de ley nunca debería llegar al pleno del Congreso”.

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