EE UU aumenta las donaciones a las agencias humanitarias en México ante las caravanas migrantes

El presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, todavía no ha conseguido el muro fronterizo tantas veces prometido. Pero ese es el muro de ladrillo; hay otra barrera, más discreta y menos tangible. Tras las caravanas migrantes del año pasado, la Administración estadounidense ha aumentado la financiación a dos de las principales agencias humanitarias en México, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dedicadas, entre otras cosas, al retorno voluntario y a la integración de los migrantes. Las donaciones millonarias pueden ser vistas, según los expertos, como una extensión de la política antimigratoria de la Casa Blanca, por otros medios.

“Si en algún momento del viaje quieres regresar a tu hogar… la OIM te puede ayudar”, reza el tuit. A principios de noviembre, mientras una caravana de 7.000 hondureños cruzaba México en dirección a EE UU y Trump arremetía contra ellos en sus discursos, la oficina de la OIM en México lanzó una nueva iniciativa. En el marco del ‘Programa de retorno voluntario asistido’, trabajadores con polo y gorra azul informan, organizan y pasan lista a aquellos migrantes que han decidido montarse en un autobús para regresar a sus países. Los gastos del viaje corren a cargo de la organización. O, más bien, del Gobierno de EE UU, que es quien financia con 1,2 millones de dólares anuales el proyecto. En casi mes y medio, 627 personas, en su mayoría hondureños, han sido devueltas por tierra o aire. Un 72% ha salido de Ciudad de México y otro 24%, de Tijuana, a las puertas de California.

Es el primer programa de este tipo que lanza en México OIM, organización que ha hecho del polémico modelo del retorno voluntario una de sus señas de identidad —solo en 2016, en plena ola migratoria en el Mediterráneo, fueron devueltos casi 100.000 personas, principalmente desde la Unión Europea—. Ahora, el drástico incremento de la migración centroamericana ha abierto nuevas oportunidades al otro lado del océano Atlántico. La coordinadora para la región, Alexandra Bonnie, apunta al interés de EE UU como factor para lanzar el proyecto: “Cuando hay una situación especial y un interés particular por parte de un donante, se hace algo específico para un país”, dice.

Además de la oficina de Tapachula en la frontera sur, que ya existía, la OIM ha abierto puntos de información y de registro para el retorno en Tecún Umán, la ciudad guatemalteca que hace frontera, y en Tijuana. Según Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un think-tank basado en Washington, impulsar el retorno voluntario está en sintonía con las prioridades de Trump: “EE UU es una fuente de financiación para OIM globalmente, pero en este caso el programa tiene una gran importancia estratégica”, asegura. Históricamente, OIM ha sido vista como una organización muy cercana al Gobierno de EE UU, que paga alrededor de un tercio del presupuesto, y desde su fundación en 1951 casi todos sus líderes han sido estadounidenses.

También ha cambiado el rostro de Acnur, la agencia de humanitaria por excelencia. El incremento de la inmigración centroamericana ha tenido su reflejo en el presupuesto y la cantidad de personal de la oficina en México. En julio de 2016, había 20 empleados mexicanos y otros ocho expatriados, y unos siete millones y medio de dólares de presupuesto. Un año después, el personal era casi el doble y el presupuesto superaba los nueve millones. En 2018, momento en que las caravanas migrantes se convirtieron en un tema de política doméstica en EE UU, la oficina se reforzó con 10 expatriados y 10 nacionales más, y el presupuesto aumentó en casi 10 millones de dólares.

El apoyo del Gobierno de Trump ha sido fundamental para esta expansión. En 2018 hizo una donación inédita a la oficina de México de casi siete millones y medio de dólares, lo que representó más de un tercio del presupuesto total para ese año. En paralelo a este salto de financiación en México, la contribución estadounidense a las acciones de Acnur en Latinoamérica también se ha duplicado en el último año; de 27 a 62 millones de dólares.“Puede ser una forma indirecta de compensar los costos que está asumiendo México”, señala Selee. “EE UU tiene un interés en que este país fortalezca su sistema de asilo y su capacidad de recepción. Es una mezcla de buena voluntad y egoísmo”. Frente a esta dependencia financiera, Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y extrabajador de Acnur, apunta a la necesidad de “diversificar” la base de donantes. “Ningún dinero se da por amor al arte”, reconoce.

El reto al que se enfrenta México es real: el número de solicitantes de asilo, que huyen de la pobreza y de la violencia, se ha disparado de menos de 9.000 en 2016 a casi 30.000 en 2018 y el sistema de asilo se encuentra desbordado. A pesar de un número de peticiones de asilo récord, la Comar, la encargada de procesarlas, tiene un presupuesto de 20 millones de pesos para 2019 —poco más de un millón de dólares—, el más bajo en siete años y 18 veces menor al de un Acnur robustecido gracias, en parte, a las ayudas de EE UU. Ambas organizaciones negocian ahora un convenio por el que la agencia de la ONU incrementaría el apoyo financiero al ente mexicano.

“Las aportaciones de los donantes no responden a agendas ajenas a la de Acnur México”, señala una portavoz de la organización internacional. Pese a la independencia y prestigio del organismo, el profesor Carlos Elizondo, de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, opina que la generosidad de EE UU no es casual. “La intención de Trump es que México se haga cargo lo más posible del proceso de asilo”, asegura. “En la medida en que Acnur juega un cierto papel en la contención y recepción de los movimientos migratorios, puede ser de interés mutuo”. La financiación de EE UU, como la de los otros donantes, se ha destinado, entre otras cosas, a proporcionar información a los migrantes sobre su derecho al asilo, y apoyar su inserción laboral e integración local en México.

La fuente de las donaciones a OIM y Acnur es la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, cuya misión es repatriar y reasentar a los refugiados en terceros países. Su cabeza visible, el secretario de Estado Mike Pompeo, partidario de la mano dura contra la inmigración, anunció en septiembre que en 2019 solo se admitirían 30.000 refugiados, el nivel más bajo desde que se creó el programa en 1980. También expuso uno de los pilares de la política de asilo de la Administración: “El foco en ayudar a refugiados en el extranjero también nos permite maximizar nuestros recursos. Podemos albergar, alimentar y dar tratamiento médico a cientos de miles de refugiados más cerca de sus casas y hacerlo más rápidamente que aquí en EE UU”, dijo Pompeo. Se trata, en resumen, de atender a los refugiados antes de que lleguen a la frontera, precisamente lo que hacen OIM y Acnur.

La concepción de la ayuda exterior como instrumento para lograr objetivos migratorios ya ha quedado patente en varias ocasiones. En plena campaña para las elecciones parciales al Congreso de EE UU, Trump amenazó con cortar la ayuda a Centroamérica si las autoridades de esos países no frenaban las caravanas. Las amenazas han ido acompañadas de mano tendida; una estrategia de palo y zanahoria. En noviembre, EL PAÍS reportó que los Gobiernos de Trump y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estaban negociando un ‘Plan Marshall’ para Centroamérica para promover el desarrollo y cortar la inmigración desde la raíz. El plan se ha concretado con la promesa de la Administración Trump de destinar 4.800 millones de dólares a México y otros 5.800 para el triángulo centroamericano.

La inversión en organismos internacionales puede tener un efecto limitado en el freno de la inmigración, según los expertos. Por ahora, los migrantes que se han acogido al programa de retorno voluntario de OIM son un porcentaje relativamente pequeño. Como apunta una reciente encuesta hecha por la misma organización, un 68% de migrantes en Tijuana mantiene su deseo de poner pie en el vecino del norte y solo un 4% se plantea regresar a su país de origen. Por otro lado, la concesión de la condición de refugiado por parte de la Comar, apoyada por Acnur, se demora varios meses y, entretanto, el solicitante no puede salir del Estado donde se tramita, generalmente Chiapas, la región más pobre del país. Pese a las ventajas que ofrece, el proceso de asilo exige del migrante una paciencia que no tiene por qué tener. Como apunta Elizondo, “el sueño americano no está en México, sino en California”.

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