Educación contra corriente en Arizona

En Tucson, Arizona, el lugar donde vivo, la Ley 2281 del Senado censuró y declaró ilegales los libros y programas educativos méxicoamericanos. Escrita por el Superintendente de Educación Pública de Arizona, John Huppenthal, y aprobada en enero de 2011, la Ley 2281 fue propuesta como una manera de acabar con la supuesta segregación racial en las aulas, y con programas que presuntamente incitan a derrocar al gobierno, entre otras acusaciones hechas al Departamento de Estudios Méxicoamericanos en el Distrito Escolar Unificado de Tucson. La clausura del Programa de Estudios Étnicos de Tucson entra dentro de la misma tradición legislativa que la Ley SB 1070, la cual permite a policías exigirle a cualquiera que parezca “ilegal” sus documentos de ciudadanía, lo cual muchos consideran una práctica de persecución racial contra la población latina.

Contrario a los argumentos para eliminar el programa Estudios Étnicos (también conocido como Estudios de La Raza) de la preparatoria en Tucson, este programa ha motivado e inspirado a los estudiantes. Como lo demuestra el documental “Precious Knowledge”, la movilización de los estudiantes en contra de la Ley 2281 es testimonio de su compromiso con el programa, y la seguridad que éste les ha dado para defender sus derechos y su identidad. Varios estudiantes de preparatoria incluso irrumpieron en la junta del Concejo Ciudadano de Tucson que eliminaría el programa. Como parte de estas movilizaciones en contra de la legislación HB 2281, también se ha creado el grupo “librotraficantes” (http://librotraficante.com/), para llevar “libros mojados” a bibliotecas clandestinas en el suroeste de Estados Unidos; un acto de fe frente al sentimiento antilatino que existe Arizona.

En mi condición de Chicano y maestro de inglés en la Universidad de Arizona, con frecuencia me refiero a mí mismo como un “trabajador inmigrante con documentos” que viene de California. Al mismo tiempo, llamo al enorme porcentaje de estudiantes blancos que vienen de otros estados, “trabajadores documentados” para ilustrar el poder deshumanizante que tienen las palabras. De la misma forma en que, a través de su nombre, los librotraficantes refieren el estereotipo de los mexicanos que trafican con drogas y gente, la manera en que yo juego con la categorización legal del estatus migratorio de los estudiantes blancos, los empuja a reflexionar acerca del uso de términos como “ilegal”. Mis estudiantes se ven obligados pensar a través del lenguaje con el que los defino. No es común que en Estados Unidos se los categorice como otra cosa que “americanos”, por lo que no han sido blanco de leyes como la SB 1070. La mayoría de los estudiantes norteamericanos blancos no se ven a sí mismos como migrantes parte de un proceso histórico, parecido al que narran algunos educadores latinos cuando explican la diversidad de experiencias que viven las personas de origen latinoamericano en Estados Unidos.

La ciudadanía y bagaje cultural de los latinos de Arizona no sólo han sido cuestionados, sino que los legisladores han convertido en ley la discriminación racial y la ilegalidad de la literatura e historia latinas. Arizona se ha convertido en un símbolo de lo que el conservadurismo extremo puede lograr. Hace algunas semanas, Noam Chomsky dio una charla en la Universidad de Arizona, que se encuentra cruzando la calle de la Preparatoria Tucson de Estudios Étnicos, el blanco principal de la Ley Anti-Estudios Étnicos 2281. En su conferencia, Chomsky habló del argumento de David Hume concerniente al “gobierno que se basa únicamente en la opinión”. Claramente, la opinión de los votantes y de la legislatura conservadora de Arizona reflejan un sentimiento antilatino y un deseo no sólo de controlar los cuerpos de las personas, sino también los cuerpos de enseñanza. Durante la sesión de preguntas y respuestas, tuve la oportunidad de preguntarle a Chomsky, “considerando leyes como la HB 2281, ¿en dónde vamos a encontrar, como educadores, esperanza e inspiración?” Habló entonces del activismo estudiantil e incluso citó al movimiento Occupy como fuentes de inspiración, sin olvidar el aumento en los porcentajes de mujeres y personas de color que ahora han logrado obtener una educación superior.

Cornell West también dio una plática en la Universidad de Arizona después de reunirse con estudiantes de la Preparatoria Tucson y la semana pasada estuve en el concierto que la banda Ozomantli ofreció para reunir fondos para “Salvemos los Estudios Étnicos” en Los Ángeles. Como latino que vive y enseña en Tucson, agradezco el apoyo que han brindado los intelectuales y algunos canales de noticias a la clausura del Programa de Estudios Étnicos de la Preparatoria Tucson y la prohibición de los libros de historia y literatura méxicoamericana en los programas escolares. Sin embargo, lo que es aún desconcertante es la relativa apatía con la que la mayoría de los estudiantes de la Universidad han recibido estas noticias. Los mismos estudiantes blancos que arguyen que “el racismo ya no existe” y que vivimos en “una sociedad ciega respecto al color de las personas”, parecen ignorar el mensaje que el Superintendente de Educación Pública, John Huppenthal, transmitió durante su campaña: se debe “detener a la raza”. Un refrán común entre estudiantes norteamericanos blancos, y que invalida la necesidad de actuar, es que estos ataques “son cíclicos” y que “el péndulo se inclina para un lado un día y para el otro al siguiente”. Este argumento derrotista ignora las batallas ganadas por el movimiento de los derechos civiles, como si hubiera sido nada más cuestión de tiempo para que se reconocieran los derechos humanos de las mujeres, las personas de color y los homosexuales.

Los legisladores en Arizona, la mayoría de ellos del Partido Republicano, han impuesto aún otro límite a la educación pública en Arizona. El 23 de febrero de 2012, el Senado estatal aprobó la ley HB 2675, que obliga a los universitarios a pagar $2,000 de su bolsillo además de las cuotas regulares. John Kavanagh, representante y patrocinador del Partido Republicano, insiste en que proveer educación universitaria gratuita en momentos de crisis económica es una mala decisión política y que no exigir el pago de colegiaturas tiene consecuencias negativas, como el aumento del abandono de los estudios. 

Esta decisión legislativa viene en un momento en que el Centro de Investigaciones Pew ha demostrado que los latinos y afroamericanos son los más afectados por la recesión económica: el poder adquisitivo en los hogares latinos ha disminuido 66%, comparado con 53% en los hogares afroamericanos y 16% en los blancos. La Ley HB 2675 sin duda va a afectar las posibilidades que tienen los estudiantes latinos de igualar el porcentaje de blancos que se gradúan de la universidad: 51% de latinos se gradúa, contra el 59% de blanco.

A pesar de que la Universidad de Arizona pregona el aumento de 6,245 a 6,712 estudiantes latinos, estos sólo representan el 16 por ciento de los inscritos; un porcentaje relativamente bajo si se tiene en cuenta que en Arizona residen 1,892,037latinos, el 29.6% de la población. Estos números ilustran una realidad en la que algunos ciudadanos estadounidenses se benefician de la tradición de subyugar a los latinos a través del control que ejercen sobre ciertos servicios financiados por el Estado, como la educación. (http://www.pagnet.org/RegionalData/Population/Census2010/FirstResultsAvailable/tabid/940/Default.aspx).

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