Doble Trauma: Repatriados vuelven a México solos y en plena pandemia de COVID-19

“Muchos llegan con shock emocional y sin herramientas para enfrentar un país que ya desconocen”, dice un activista. Mientras el 80% de los albergues están cerrados, continúan las deportaciones. No hay apoyo gubernamental y las organizaciones se dicen atadas de manos.

José es un joven mexicano que fue deportado de Estados Unidos el 21 de abril pasado, en medio de la pandemia por COVID-19. No se sabe su edad ni cuánto tiempo vivió en el país vecino, pero sí que ingresó a México por el punto de recepción de Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 19 horas.

Su familia, que permanece en el país gobernado por Donald Trump, logró hacer una llamada a una asociación civil de la Ciudad de México para tratar de conseguirle apoyo. Y es que su vida se quedó allá, aquí no tiene familia, trabajo, dinero ni hogar, ni siquiera un teléfono para llamar.

“No sabemos ni cómo, en medio de todo esto, lo vamos a poder apoyar”, confiesa Ana Laura López, de la organización Deportados Unidos en la Lucha. “La gente que tiene años viviendo allá y que vuelve es a la que más trabajo le cuesta rehacer la vida. En medio de una pandemia, con el aislamiento y el cierre de todo, la situación se agrava”.

HUBO 20 MIL REPATRIADOS EN MARZO

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, obtenidos por EMEEQUIS, de febrero a marzo de este año hubo un incremento del 7% en las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos. 

Si en febrero se realizaron 18 mil 998, a través de 14 puntos de recepción, para marzo subieron a 20 mil 320.

Fue justo a finales de febrero (28) cuando la Secretaría de Salud reportó el primer caso de COVID-19 en México. Para el 21 de marzo se instalaba la campaña de Sana Distancia y tres días más tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, declaraba Fase 2. A la Fase 3 llegamos hasta el 21 de abril.

Los datos correspondientes a abril aún no están disponibles, pero según personal de la Unidad, no esperan una reducción considerable en las cifras.

Desde el 28 de marzo pasado, Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia. No hay país en el mundo que supere sus cifras de contagios y de fallecidos: sumaba 983 mil contagios confirmados y más de 55 mil muertos al 27 de abril.

Pese a eso, la política de deportación acordada entre el gobierno de Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa. En los cinco estados fronterizos –Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas– siguen llegando diariamente connacionales deportados. Sólo se suspendieron las llegadas aéreas al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la situación para todos los que están entrando al país en este contexto es grave, pues el 80% de los albergues están cerrados, se han suspendido programas de apoyo económico y no hay una política gubernamental para los deportados en medio de la pandemia.

“Lo más que llegamos a saber es que se les tomaba la temperatura antes de cruzar, pero no hay certeza. No sabemos si a los deportados se les está haciendo una prueba, no hay nada organizado u oficial, parece ser que no hay un protocolo ni un esfuerzo por vigilar y cuidar a toda la población migrante que regresa a territorio mexicano”, dice el Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, Investigador y director del departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte. 

AUMENTAN DEPORTACIONES EN LA PANDEMIA

Según los datos obtenidos, la mayoría de los eventos de repatriación de marzo se presentaron en Tamaulipas (7 mil 414), mientras que por Baja California ingresaron 5 mil 186, por Sonora 3 mil 468, Chihuahua 2 mil 240 y Coahuila mil 427. En los últimos vuelos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara llegaron 585 mexicanos.

Esta revista digital pidió entrevista con la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para conocer a detalle las medidas sanitarias que se están tomando en la frontera norte, así como los apoyos que se están brindando a los connacionales.

Sin embargo, tanto la Segob, de Olga Sánchez Cordero, como el INM, a cargo de Francisco Garduño Yáñez, rechazaron dar declaración alguna e indicaron que todo lo está coordinando la SRE, que dirige Marcelo Ebrard, dependencia que tampoco ha dado respuesta.

La única información que ofreció el INM fue un boletín emitido el 26 de abril, tras la solicitud de información. Sobre las repatriaciones de connacionales procedentes de Estados Unidos dijo que el Instituto los apoya en el retorno a sus comunidades de origen vía terrestre, “acción que se realiza con las medidas sanitarias de prevención de contagio e identificación de casos de COVID-19, al momento de su internación”.

Además, el Instituto aclaró que los retornos por la frontera de Tamaulipas, por donde ingresaron 7 mil 414 mexicanos sólo en marzo, “una vez que pisan territorio nacional, ejercen a plenitud su derecho al libre tránsito, por lo que el INM respeta su derecho constitucional”.

Es precisamente en Tamaulipas donde la Casa del Migrante Nazareth, ubicada en Nuevo Laredo, reportó 15 casos positivos de COVID-19. Habían cerrado la Casa temporalmente desde el 14 de abril, pero, según informó la organización en su perfil de FB, al 20 de abril tenían cuatro mexicanos deportados contagiados, seis hondureños, tres cubanos, y un par de Camerún y Guatemala. Tres de ellos, menores de edad.

“El INM no está cumpliendo con el deber de brindarles protección y otorgarles una legal estancia en territorio mexicano”, había publicado la organización el 11 de abril respecto a las deportaciones que seguían ocurriendo y avisando que les apoyarían con alojamiento.

LOS OLVIDADOS

Guillermo Navarrete, abogado en Borderline Crisis Help Center de Tijuana, enfatiza que hubo un parteaguas con la llegada del COVID-19. Habla como si hubieran pasado años y no sólo un par de semanas.

“En el pasado, apoyábamos a quienes llegaban con asesoría jurídica, canalización a albergues y apoyo para contactar a un familiar. Hoy estamos cerrados, tratando de implementar un programa virtual de educación en los albergues que están también cerrados”, cuenta en entrevista telefónica.

La situación para los deportados se agrava en la era del coronavirus, pues –según afirma– el rezago viene desde que la llegada de caravanas de migrantes centroamericanos concentraron los apoyos –alimentación, asesoría jurídica, hospedaje y trabajo– y se dejaron atrás a los connacionales.

“Ahora los albergues están llenos, en su mayoría de migrantes extranjeros. Incluso nosotros guiamos nuestra atención a los extranjeros y ahora atendemos a muy pocos deportados nacionales”, comenta.

Sabe que la frontera no ha cerrado y que entre los activistas que durante años han apoyado en ciudades como la suya, Tijuana, en Baja California, se habla de deportaciones oficiales, que son las que se hacen en los horarios establecidos, y otras en las que no hay ni quien reciba a las personas y que ocurren en la madrugada o en días no laborales.

“Muchos llegan con shock emocional, deprimidos y sin herramientas para enfrentar un país que ya desconocen. Muchos de ellos terminan en las calles porque, sorprendentemente, es más fácil sobrevivir ahí y tristemente vemos que la mayoría son connacionales. Se tiran al alcohol, drogas o se unen al crimen organizado”, recalca Navarrete y advierte: “el peligro está en las nulas medidas de salubridad entre la población que permanece en calle”.

Para Ana Laura López, la falta de apoyos a los mexicanos que regresan al país es histórica, pese a su contribución a la economía nacional. Tan sólo en 2019 el envío de remesas familiares a México sumó 36 mil 48 millones de dólares, según publicó el Banco de México. Recursos mayores a las exportaciones petroleras que, de acuerdo con El Financiero, ese año equivalieron a 26 mil millones de dólares.

“Para el gobierno, los mexicanos que fuimos a trabajar y que hemos aportado tanto, somos tratados como mexicanos de segunda. Pero no lo somos y tenemos derecho a un programa de atención especial, no existe ni un albergue donde se le brinde atención a la comunidad deportada, atención integral que ayude a su reintegración, menos en tiempos del coronavirus”, recalca.

ESPERAR, LA ÚNICA SALIDA

Rubén llevaba viviendo poco más de dos años en Arizona, se dedicaba al campo, a la cosecha de bayas de frutos rojos, para así apoyar económicamente a su familia en Jalisco. Pero lo detuvieron porque no tenía papeles y llegó al Aeropuerto de Guadalajara en marzo, en uno de los últimos vuelos de deportados. 

Cuando quiso reintegrarse y buscar un empleo, llegó el COVID-19. Su familia, artesanos que trabajan con hoja de maíz, no puede vender sus productos. Están atrapados entre la pandemia. 

Germán Salazar, abogado de la Fundación Jalisco USA Migrantes, cuenta que la familia de Rubén, originario de Jocotepec, Jalisco, es una de las familias de migrantes mexicanos que están padeciendo la pandemia de forma grave.

“No pueden ni intentar rehacer la vida. Todo está parado, todo está cerrado. No hay para donde moverse”, recalca.

Por ello están emprendiendo una campaña para obtener recursos económicos y comprar despensas para repartir entre los migrantes retornados y las familias de quienes ya no reciben remesas porque en Estados Unidos tampoco hay trabajo. 

“Los migrantes en retorno están olvidados por todos los gobiernos, tanto estatales como federales”, advierte.

CERRAR PUERTAS PARA PROTEGER LA VIDA

Desde la ventana o las rejas de la Casa del Migrante de Tijuana pasan cajas con comida preparada a migrantes nacionales y extranjeros que quedaron varados fuera de los refugios en la pandemia. Es el único contacto con el exterior.

“Esta va a ser mi única comida del día”, le dicen al Padre Patricio Murphy, quien dirige una de las organizaciones que cerraron a principios de abril, con la misión de evitar contagios.

De los 53 migrantes que se refugiaban en la Casa, quedaron 37 –la mayoría mexicanos–. El resto, cuenta el Padre Pat, decidieron salirse por miedo a perder sus empleos.

La vida al interior de la casa ha cambiado porque nadie sale. Clases de español, de la biblia, juegos y noches de cine se han vuelto la normalidad. Se han hecho dos pruebas por casos sospechosos, ambas negativas. Pero temen lo que viene por la falta de atención a las deportaciones.

“Hace dos semanas empezaron a limpiar los Centros de Detención en Estados Unidos y empezaron a deportar de forma exprés, sin ningún proceso legal y sin revisión sanitaria”, cuenta. “Hay más casos en Estados Unidos que aquí y por eso es un riesgo tener tantos deportados”. 

Baja California es hasta este lunes el segundo estado del país con mayor cantidad de contagios (mil 271) y se han registrado 160 defunciones. De sus municipios es Tijuana el que tiene los números más altos: 56% de los contagios han ocurrido ahí.

De los 30 albergues que hay aproximadamente, dice el Padre Pat, todos están cerrados, ya no registran flujos en los números de migrantes que entran y salen.

“El gobierno tiene instalado un súper albergue que tiene un cupo para unas 3 mil personas, pero como hay deportaciones en las madrugadas que no registran hay muchos que están terminando en las calles. Esto lo vamos a pagar caro, van a subir los contagios”, advierte.

Y es que, de acuerdo con el  Dr. Cruz Piñeiro, de El Colegio de la Frontera Norte, muchos de los mexicanos deportados lo que buscan es quedarse en las ciudades fronterizas, con la misión de volver a donde están sus familias.

“Siempre hemos recalcado que México, con una historia de migración de más de 100 años, debería contar con una Ley de migración de retorno, porque no ha habido los apoyos debidos para los mexicanos que vuelven a reinsertarse en la sociedad”.

El especialista hace énfasis en que, en esta emergencia sanitaria, ante la cerrazón de albergues y desaparición de apoyos, el gobierno tiene la obligación de apoyarlos y darles herramientas para implementar la jornada de sana distancia porque ahora, quienes no tienen una red, están en las calles.

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