DMV de California compartió por años la información privada de miles de conductores al gobierno federal

Durante al menos los últimos cuatro años, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) compartió de manera indebida la información privada de miles de conductores californianos con otras agencias locales y estatales, así como con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los datos comprometidos fueron los números de seguro social de 3,200 automovilistas que fueron a parar a manos de siete entidades gubernamentales, entre ellas las Fiscalías de los condados de San Diego y Santa Clara, así como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), la Administración de Pequeños Negocios de EEUU, la Oficina federal del Inspector del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Social de California.

Este martes el DMV comenzó a notificar a las personas afectadas por el error, incluidos alrededor de 200 conductores cuya información fue compartida con el DHS, la entidad federal encargada de administrar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los funcionarios del DMV le dijeron a la Prensa Asociada que de momento no está claro si la información de los números de seguro social fue usada para corroborar el estatus migratorio de los automovilistas, pero la pifia volvió a abrir una “caja de Pandora“ que pone al departamento en el ojo del huracán por su cuestionado manejo de la información privada.

Con cada escándalo relacionado con el uso de datos privados, el DMV reitera que la protección de la información personal es una de sus máximas prioridades, pero también ha dejado en claro que los datos de los titulares de las licencias sí están disponibles para ciertas agencias encargadas de aplicar la ley.

“Los registros del DMV que están disponibles para las agencias del orden no indican si una licencia de conducir fue expedida bajo la ley AB 60, ni tampoco incluyen ninguno de los documentos de identificación que las personas deben presentar para obtener los carnés de manejo”, señalaron en julio pasado en medio de los señalamientos sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de ICE.

De acuerdo con los expertos, nadie puede garantizar que la información que entregan tanto indocumentados como ciudadanos cuando tramitan una licencia quede blindad. Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de Vamos Unidos USA en California, señaló el DMV comparte información con ICE para ver quiénes tienen cuantas pendientes.

“Ese es un agujero, un gran hoyo que le permite a las agencias de inmigración conocer esos datos personales. La diferencia está si la usan para proteger a los ciudadanos de posibles terroristas o en contra de esa persona para deportarla. Y en eso hay una gran diferencia”, dijo.

La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, especifica que los agentes migratorios deben proporcionar a sus contrapartes en el DMV el nombre de la persona que buscan y requerir que se les haga llegar la dirección y la foto, pero no tienen acceso ilimitado a la información del DMV y tampoco sabe quién tiene una licencia de manejo ordinaria o una basada en la ley AB 60, lo que corrobora lo dicho por el departamento.

El mes pasado el gobernador Gavin Newsom plasmó su firma en una nueva ley que a partir del 1 de enero de 2020 evitará que la Oficina de Inmigración y Aduanas tenga acceso a la información personal almacenada en las bases de datos de agencias estatales.

La legislación AB 1747 surgió tras la publicación de investigaciones periodísticas que evidenciaron que ICE tenía acceso a bases de datos en California, incluida la del DMV.

La ley, sin embargo, tiene algunas excepciones, como los casos en los que la información solicitada por la agencia federal tenga ver con un individuo que cuanta con historial delictivo.

Pero los esfuerzos de los legisladores de California se podrían quedar cortos para cerrar todas las lagunas en la ley. Un reciente informe del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) señala que ICE no solo puede tener acceso a la base de datos de las personas que obtienen una licencia de manejar, sino también a las de agencias locales, estatales y federales encargadas de hacer cumplir la ley.

Este acceso, indica, lo hacen “a través de medios tecnológicos sofisticados, así como por medio de comunicaciones informales”, como cuando ICE echo mano de sistemas de vigilancia masiva creados por empresas de Silicon Valley para rastrear a inmigrantes indocumentados.

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