Distintas ciudades eliminan contratos con el gobierno para la detención de migrantes conforme las protestas aumentan

En Texas, funcionarios cerca de Austin dieron fin a un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para detener a decenas de madres migrantes a quienes habían arrestado y separado de sus hijos. En California, el condado de Sacramento canceló un contrato multimillonario con el ICE para mantener encarcelados a los migrantes mientras esperan sus audiencias.

El ayuntamiento de Springfield, en el oeste de Oregon, votó de manera unánime para también dar fin a otro contrato con el ICE para la retención de migrantes en la cárcel municipal. En Alexandria, Virginia, las autoridades finalizaron un trato que permitía al ICE alojar a niños migrantes en un centro de detención juvenil.

Los gobiernos locales de todo Estados Unidos están comenzando a romper unos lazos muy lucrativos con las entidades migratorias federales, en medio de la creciente incomodidad con las políticas migratorias del gobierno de Trump. Alimentadas en gran medida por la alarma respecto de la separación de los niños migrantes de sus padres, las cancelaciones sugieren un intento por separarse de las políticas federales percibidas como dañinas para las familias migrantes, incluso cuando esas políticas podrían estar vertiendo millones de dólares a los presupuestos de los gobiernos locales.

“Simplemente parecía inherentemente injusto para Sacramento ganar dinero por relacionarse con el ICE”, dijo Phil Serna, un supervisor del condado de Sacramento que se unió a dos colegas para cancelar el contrato. “Para mí, se redujo a un gobierno que es extremadamente hostil hacia los migrantes. No sentí que debiéramos ser parte de eso”.

Los debates locales sobre qué hacer con las instalaciones del ICE se han dado en una época en la que las políticas migratorias federales están desestabilizando las políticas locales. Los combativos candidatos demócratas de la izquierda que están ganando las primarias, tales como Deb Haaland en Nuevo México y Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, han hecho que eliminar los fondos del ICE o suprimirlo sea un elemento central de sus plataformas de campaña.

Pero incluso antes del clamor de este mes respecto de las separaciones de las familias migrantes, los reclamos de que los agentes del ICE van más allá de sus responsabilidades y dan un trato inhumano a los migrantes, como por ejemplo cazarlos afuera de las iglesias, las escuelas y los tribunales, ya estaban caldeando los ánimos en varias comunidades por todo Estados Unidos.

Como otra señal de inquietud pública por las políticas migratorias, incluso algunas empresas privadas y organizaciones no gubernamentales están oponiéndose a posibles contratos lucrativos con agencias federales de migración. Dos entidades de Texas, APTIM y BCFS, rechazaron este mes participar en un contrato propuesto sin licitación con un valor de hasta $1000 millones para expandir un campamento de tiendas de campaña para niños migrantes, de acuerdo con un reportaje aparecido en Texas Monthly.

En algunas partes del país, las discusiones respecto de los contratos con el ICE parecen estar ampliando brechas políticas.

Los residentes de Evanston, una localidad de 12,000 habitantes en el suroeste de Wyoming, han estado debatiendo ferozmente durante semanas una propuesta por parte de la operadora privada de prisiones Management Training Corp. para construir un centro de detención del ICE cerca de la comunidad. El proyecto podría crear hasta 150 empleos en una región con una economía relativamente débil.

Algunas personas en Evanston comparan el plan con los campos de concentración construidos en Wyoming para los japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las acusaciones de racismo y xenofobia similares, lanzadas en contra de quienes apoyan el proyecto, han generado refutaciones furiosas. Jim Hissong, director de servicios familiares en el condado de Uinta, que comprende a Evanston, dijo que quienes se oponen a las instalaciones estaban “usando el mismo tipo de retórica divisoria que utiliza Trump”.

“No me gusta que me digan inmoral y racista”, dijo Hissong, quien se describió a sí mismo como un “republicano reaganiano” a quien le desagrada el gobierno de Trump. “Solo creo que el gobierno federal tiene la obligación de observar las leyes migratorias y esto representaría un beneficio económico para nosotros”.

En efecto, algunos gobiernos locales están optando por conservar o incluso expandir sus contratos con las autoridades federales para retener a los migrantes. Los funcionarios del condado de Yolo en el norte de California votaron esta semana por aceptar más de dos millones de dólares en dinero federal adicional por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para albergar a niños migrantes en instalaciones de detención, haciendo caso omiso de las críticas.

“Debemos enfocarnos en cada una de las instalaciones caso por caso con el fin de hacer lo correcto para los menores involucrados”, dijo David Lichtenhan, vicepresidente de la Yolo Interfaith Immigration Network, que instó al condado a proseguir con el contrato. “Los chicos son vulnerables y podrían terminar siendo trasportados a un distrito menos favorable para los migrantes que el nuestro. Ese es el desenlace que tratamos de evitar”.

Sin embargo, los gobiernos locales están interpretando claramente los ánimos políticos, en medio de las extensas protestas públicas a lo largo del país sobre el trato hacia las familias migrantes. Algunas de las que han expresado mayor inquietud han sido las ciudades que ya albergan a grandes poblaciones de inmigrantes.

En Houston, los dirigentes de la ciudad están solicitando a Southwest Key, la organización texana que ya ha ganado casi $1,000 millones en contratos federales por instalaciones para migrantes desde 2015, a abandonar los planes de ubicar a los niños migrantes en una antigua bodega cerca del centro de la ciudad.

“No quiero ser un facilitador de este proceso”, dijo el alcalde Sylvester Turner, y añadió que también había hecho un llamado personal a su propietario, David Denenburg, para que le encontrara otro uso a la construcción. “Llega un momento en el que hay que poner límites propios, y para mí el límite incluye a nuestros niños”.

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