Difunden normas mínimas para procesos de migrantes

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza, hizo el envío a  todos los jueces y magistrados federales del país

La difusión de los estándares mínimos referidos forma parte de los compromisos adquiridos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, frente al Grupo Consular Latinoamericano acreditado en México.

En este caso, mediante la circular 1/2013, Silva Meza explicó a los impartidores de justicia federales que “la preocupación expresada por las señoras y señores cónsules latinoamericanos a esta presidencia busca fortalecer el derecho a la asistencia consular de sus connacionales sometidos a procesos judiciales en México”.

Lo anterior es a fin de atender los requerimientos normativos que caracterizan a las garantías judiciales a una defensa adecuada y al debido proceso.

El documento entregado a los titulares de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito señala que el documento se emitió “como una herramienta de apoyo que, bajo el principio del más absoluto respeto a la autonomía e independencia de cada juzgador, coadyuve al mejor desempeño de la labor jurisdiccional federal”.

Cabe recordar que el presidente del CJF se reunió el 22 de junio pasado con el cuerpo consular de 14 países latinoamericanos acreditados en México para establecer un mecanismo de asistencia legal que les permita atender a sus connacionales que se encuentran internos en penales del país.

En esta reunión acudieron los cónsules de Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay y Honduras.

Los diplomáticos solicitaron al presidente de la SCJN construir un canal de comunicación y apoyo, debido a que resulta complicado asistir a sus connacionales que se encuentran bajo proceso por delitos federales, o ya sentenciados, en algún penal del país. 

En esa ocasión les manifestó a los cónsules que, en el contexto del acatamiento de las convenciones internacionales y las recientes reformas a la Carta Magna, todas las autoridades mexicanas deben respetar los derechos humanos y las personas deben saber que nadie puede violarlos de manera impune.

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