Detienen excavadoras los trabajos en la frontera por confusión sobre estado de emergencia

Publicado el 4 de marzo de 2019
por Molly Hennessy-Fiske y Molly O'Toole en Hoy Los Ángeles. Fotografía de Molly Hennessy-Fiske/Los Angeles Times.

El presidente Trump ha declarado emergencia nacional a lo largo de la frontera con México, pero en el Valle de Río Grande de Texas, hay pocas señales de que el gobierno vaya a entrar en acción.

A principios de esta semana, dos contratistas examinaron un tramo de terreno de 150 pies de ancho y media milla de largo que había sido limpiado de maleza para que se pudiera construir la primera barrera fronteriza de la presidencia de Trump. Pero una excavadora enorme se encontraba parada sobre el camino.

Media docena de demandas y restricciones contenidas en el proyecto de ley de gastos, que el Congreso aprobó a principios de este mes, se han combinado para convertir la tan planeada construcción en confusión y duda.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia encargada de construir la barrera fronteriza de Trump, no tienen claro qué es lo que sucederá ahora.

“Estamos esperando noticias de Washington”, dijo Jason Montemayor, supervisor interino del autonombrado “equipo del muro”.

“El trabajo está interrumpido en este momento”.

Este martes, en Washington, la Cámara aprobó una resolución para anular la declaración de emergencia nacional de Trump, con 13 republicanos que se unieron a los demócratas de la cámara para votar en contra del presidente.

La resolución de desaprobación tiene una buena oportunidad de ser aprobada por el Senado en el mes de marzo, aunque incluso si eso sucede, los 182 republicanos que votaron con Trump en la Cámara de Representantes serían más que suficientes para sostener el veto que el presidente prometió.

No se ha iniciado la construcción del muro de Trump en ningún sitio, aunque los funcionarios emprendieron o completaron proyectos de reemplazo de cercas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Trump, quien hizo de la construcción de un muro fronterizo una promesa central de su campaña, declaró el estado de emergencia el 15 de febrero para pasar por alto al Congreso y obtener $ 6.6 mil millones, principalmente del presupuesto del Pentágono, para construir o reconstruir 234 millas de cerco.

Trump tomó acción después de que el Congreso asignó $ 1.375 mil millones para 55 millas de barrera fronteriza en el Valle de Río Grande, mucho menos de lo que él esperaba.

Pero el proyecto de ley de apropiaciones de 1.169 páginas, que Trump convirtió en ley cuando emitió su declaración de emergencia, también contenía restricciones a la construcción en ciudades, parques y reservas naturales específicas a lo largo de unas 150 millas de la frontera en el Valle de Río Grande, la cual es la principal prioridad de la administración para construir las nuevas barreras. Las restricciones frustraron los esfuerzos de Trump para construir un muro en esa zona, al menos por ahora.

Un asesor del representante Henry Cuellar (D-Texas), quien ayudó a negociar las restricciones, dijo que no está claro si los términos del proyecto de ley de gasto anularían la declaración de emergencia o no, dejando así a los terratenientes y funcionarios de la ciudad con la interrogante.

La legislación prohíbe la financiación federal para las cercas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, el Parque Estatal Valle de Bentsen-Río Grande, el Parque Histórico La Lomita, el Centro Nacional de Mariposas y parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle del Río Bravo. También protege una instalación propiedad de la corporación SpaceX y una pequeña capilla católica.

El proyecto de ley limita, además, el gasto para las barreras en cinco ciudades fronterizas: Roma, Rio Grande City, Escobares, La Grulla y Salineno. Los funcionarios de Seguridad Nacional intentarían llegar a un acuerdo con esas ciudades sobre el diseño y la colocación de cualquier barrera nueva. La construcción no puede iniciarse antes del 30 de septiembre, a menos que antes lleguen a un acuerdo. Se desconoce lo que sucedería si los funcionarios locales y federales no llegan a un acuerdo.

La Patrulla Fronteriza aún no ha realizado reuniones públicas con los propietarios, ni ha publicado mapas actualizados sobre los sitios donde se construirían las nuevas cercas. Las comunidades están divididas, algunos propietarios están dispuestos a vender sus tierras y otros insisten en que van a resistir.

El pasado domingo, más de 60 personas llenaron la Casa del Río, un edificio histórico en Roma, para buscar respuestas de los líderes de los grupos legales y ambientalistas locales.

Las preguntas llegaron una tras otra. ¿Por qué los topógrafos de la Patrulla Fronteriza visitaban las propiedades locales? ¿Pueden los residentes negarles la entrada? Si el gobierno ofrece comprar tierras, ¿cuánto es “una justa compensación”?

Sobre todo, cuando Elvira Canales, de 90 años, preguntó después de ver a los topógrafos en su tierra: “¿Dónde van a construir la cerca? ¿Dónde?”

Noel Benavides, quien dijo que los oficiales de la Patrulla Fronteriza intentaron inspeccionar su propiedad, acudió a un tribunal federal la semana pasada y logró que su caso se retrasara hasta mayo. Benavides dijo que en la reunión con los funcionarios de la Patrulla Fronteriza le habían mostrado mapas obsoletos.

Scott Nicol, copresidente del equipo Borderlands Team de Sierra Club, usó una pantalla para proyectar los mapas de la cerca que pasaba a través de Roma y dijo que había obtenido los contratos de construcción y las fotos de la limpieza en Mission.

“Es una realidad, efectivamente están tratando de construirlo”, dijo. “La buena noticia es que es posible detenerlo.

“Hay que investigar qué se puede hacer para dar marcha atrás a esto, si en verdad queremos evitar que esos muros pasen por aquí”, aseguró Nicol.

La multitud aplaudió.

Teresa Ramírez, cuyo difunto esposo trabajó para la Patrulla Fronteriza, dijo que había recibido una carta notificándole que la cerca se construiría en su tierra. “No quiero tener un muro en mi patio trasero”, dijo.

Aunque Texas comparte 1.254 millas de la frontera con México, muy poco de ese territorio a lo largo de la frontera de 2.000 millas tiene cercas. Eso es, en gran parte, porque la mayoría de la tierra es propiedad privada.

Efren Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, una organización de defensa sin fines de lucro, dijo a la multitud que los propietarios no tienen que vender sus tierras, pero que si se niegan, el gobierno federal podría demandar para tomarlo bajo su dominio. Muchos de los presentes se quedaron sin aliento.

Seguridad Nacional ha ofrecido a algunos propietarios $ 36.200 por pequeñas parcelas de tierra a lo largo de Río Grande. Olivares los instó a negociar, señalando que durante el último proyecto importante de construcción de cercas en 2006, a algunos propietarios se les pagó millones de dólares.

“Los alenté a no aceptar la primera oferta, ya que probablemente no sería justa”, dijo. “Hay una razón por la que el gobierno no viene hasta aquí, y prefieren vernos de uno por uno”.

Sumado a las preocupaciones locales, hay una ley de 1996 que permite a las autoridades federales renunciar a las leyes ambientales al manifestar que es para seguridad de la frontera. El gobierno de Trump ha citado la exención seis veces en dos años, más que cualquier otro presidente, y puede volver a hacerlo.

Los miembros del Congreso han introducido varias medidas que anulan la autoridad de exención y así evitan que el gobierno tome tierras privadas.

“El muro fronterizo amenaza los derechos de los propietarios de tierras a lo largo de nuestra frontera sur”, dijo el representante Filemon Vela (D-Texas) en una declaración que presenta su proyecto de ley.

No queda claro cómo la autoridad de exención y la declaración de emergencia nacional se vinculen al proyecto de ley de asignaciones. Enfrentan el poder constitucional del Congreso contra la amplia autoridad de emergencia y de seguridad nacional del presidente.

“Esta no es una pregunta que haya surgido antes”, dijo Dinah Bear, una abogada ambiental que trabajó durante 25 años para las administraciones republicana y demócrata.

Señaló que la administración Trump aún no ha ordenado que las excavadoras inicien labores en ninguna de las áreas señaladas, para protección, por el Congreso en la legislación sobre gastos.

“Espero que no intenten tocar esas áreas”, agregó. “Porque tendrían que lidiar con los comités de asignaciones por el resto de sus vidas institucionales”.

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