Detenidos 12 policías por “participar” en la masacre de migrantes de Tamaulipas

El fiscal general del Estado apunta que más vehículos con personas “de Guatemala y El Salvador” formaban parte del grupo atacado cerca de la frontera.

El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, ha anunciado este martes la detención de 12 policías estatales por participar en la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes, la semana pasada en el municipio fronterizo de Camargo. El viernes, las autoridades informaron del hallazgo de los cadáveres en una brecha en la parte rural de la localidad, cerca del límite entre Tamaulipas y Nuevo León. Los cuerpos estaban calcinados en una camioneta pick up y presentaban heridas de bala. Otra camioneta, una Toyota Sequoia, apareció igualmente quemada. Los agentes, según ha explicado el fiscal, están acusados de “homicidio, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad”. El fiscal no ha dado más detalles sobre su participación, si colaboraron de manera activa con los asesinos materiales o si fueron ellos en cambio quienes los mataron.

El fiscal tampoco ha dicho si esos policías habrían alterado la escena del crimen. Desde el principio, los investigadores se extrañaron. La camioneta donde encontraron los cuerpos presentaba 113 disparos de bala y sin embargo apenas habían encontrado casquillos en el lugar. Este martes, Barrios ha dicho que “cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen, debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la pick up y a la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos que tuvieron conocimiento de los mismos”.

El titular de la agencia investigadora ha oficializado un rumor que corría entre México y Guatemala hacía días, la posibilidad de que el convoy de migrantes el día del ataque fuera mayor. “El día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a EE UU, tanto de Guatemala como de El Salvador”, ha dicho el fiscal. Barrios no ha dicho cuántos más, ni cuántas personas podrían haber viajado en total. Tampoco ha dicho si llegaron a cruzar o no el río Bravo. Versiones de la travesía ventiladas estos días en la prensa señalan que un grupo evitó el ataque y logró pasar a Estados Unidos.

El fiscal ha dicho igualmente que “en alguno de los vehículos iban sujetos armados que daban protección a mencionado grupo”. Barrios no ha explicado si la presencia de estos sujetos tuvieron que ver en el ataque o no. En todo caso, cualquier explicación resulta precipitada de momento, a la vista de la complejidad de las dinámicas criminales en este tramo de frontera.

Desde hace más de una década, redes criminales de Tamaulipas y Nuevo León, apoyadas, instigadas o dirigidas por autoridades de diferentes niveles han sembrado el terror en la zona, apuntando particularmente a los grupos de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a la frontera. Masacres como la de San Fernando en 2010 y 2011, o Cadereyta en 2012 recuerdan que la misma composición de los grupos de asesinos resulta harto complicada. Más aún sus motivaciones, cruzadas con sus intereses en el narcotráfico o la extracción y el transporte de hidrocarburos, muy importante en la zona.

El grado de descomposición de los cadáveres por el fuego ha dificultado su identificación. Hasta este martes, las autoridades han logrado identificar a cuatro de las 19. Barrios ha dicho que dos de los cuatro eran mexicanos. “Jesús Ene, mexicano, fue quien el 9 de diciembre reclamó la Toyota Sequoia, que estaba en el sitio donde se rescataron a 66 extranjeros en Escobedo, Nuevo León. El segundo es Daniel Pe, de San Luis Potosí, quien se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego R N, es migrante guatemalteco y el cuarto es Marvin A T, también guatemalteco”, ha explicado el fiscal.

El fin de semana, la fiscalía estatal informó de que uno de los dos vehículos hallados junto a los cuerpos el viernes en Camargo era esa Toyota Sequoia. Resultaba extraño. ¿Qué hacía una camioneta ubicada por el Instituto Nacional de Migración, INM, en diciembre, en Nuevo León, en la escena de una masacre en Tamaulipas en enero? Las críticas al INM y a las autoridades en general arreciaron. La ubicuidad de la camioneta ilustra, como poco, su negligencia. Igual que la policía estatal, la secretaría de Gobernación, abrigo del INM, deberá explicar por qué el carro salió de su control y llegó a la escena de la última matanza que ha registrado México.

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