Deportaciones en California son cada vez más seguidas

El Servicio de Migración y Aduanas (ICE) no da tregua a las deportaciones, y tan sólo en enero pasado expulsó a casi 2,000 californianos como resultado del controversial progama Comunidades Seguras, según revela un análisis de datos de la agencia hecho por la Coalición de Políticas del Inmigrante de California.

El programa federal Comunidades Seguras consiste en la colaboración de las policías locales con ICE para mantener bajo custodia a indocumentados que han sido arrestado.

Organizaciones proinmigrantes calificaron la cifra de “alarmante” e indicaron que hubiera sido significativamente menor si la Ley de Confianza, una iniciativa para proteger a los inmigrantes de deportaciones injustas se hubiera ya convertido en ley en California.

“No tiene ningún sentido deportar a personas que pueden arreglar su estatus a través de una reforma migratoria”, dijo Jon Rodney, portavoz de la Coalición de Políticas del Inmigrante de California.

Rodney agregó que estos números deben renovar el llamado para que el gobernador de California avance en una nueva versión de un proyecto de ley que contenga la Ley de Confianza, la cual impediría que las policías locales colaboren con el ICE al mantener bajo las rejas sólo a los inmigrantes condenados por delitos serios.

En diciembre pasado ICE anunció que se enfocaría sólo en los casos graves, pero el mes pasado fueron arrestados el jornalero Héctor Nolasco en Reseda y la campesina Ruth Montaño, en Bakersfield.

Montaño fue arrestada luego de una queja de una vecina por los ladridos de los perros. Ahora enfrenta una orden de deportación. En tanto que Nolasco fue detenido cuando su patrón lo acusó de intento de asaltopor negararse a trabajar más horas sin pago extra. Nolasco ayer fue trasladado de una cárcel del condado de Los Ángeles a las instalaciones de ICE en esta ciudad.

“Si la Ley de Confianza se hubiese aprobado ya, Héctor Nolasco no estaría ahora bajo arresto. Y si el presidente suspendiera las deportaciones, Héctor podría estar luchando por nuevas leyes migratorias que protejan los derechos laborales para que esto no vuelva a pasar de nuevo”, dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Organizadora Nacional de los Jornaleros.

“Ser un líder en migración requiere acción ahora. Y la forma más efectiva para que el gobernador Brown influya en el debate migratorio es tomar acciones concretas para proteger a la gente en el estado”, afirmó.

El año pasado el gobernador Brown vetó la Ley de Confianza y su oficina trabaja ahora en una nueva versión.

La crisis provocada por las masivas deportaciones ha hecho que otros estados como Massachusetts, Connecticut y, más recientemente, Florida hayan presentado sus propias versiones del proyecto de Ley de Confianza

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