Demócratas urgen al fiscal general que frene el plan de desmantelamiento del sindicato de jueces de inmigración

El pedido de cancelación “busca aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración”, y forma parte de “una de las muchas acciones que ha tomado el Departamento de Justicia (DOJ) para socavar sistemáticamente la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial”, dice la misiva.

El 9 de agosto el DOJ solicitó formalmente la descertificación de la NAIJ, una maniobra calificada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados como un nuevo paso para “silenciar” a una organización cuyos miembros han sido abiertamente críticos con la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump.

El pedido fue hecho ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. El gobierno alega que los jueces de inmigración son “funcionarios administrativos” no elegibles para organizarse colectivamente. Contrario a otros jueces federales que forman parte de la rama judicial de Estados Unidos, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.

Además de retirar inmediatamente la petición de descertificación, los legisladores demócratas le piden al fiscal general Barr que “tome medidas inmediatas para restaurar los poderes que necesitan los jueces de inmigración para operar de manera justa y eficiente dentro del sistema de tribunales de inmigración”.

Entre los poderes retirados a los jueces, en mayo del año pasado el entonces fiscal general, Jeff Sessions, prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplicaba desde la década de 1980.

El llamado “cierre administrativo” o “cancelación de deportación” permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.

En la carta los congresistas señalan además que los jueces de inmigración están clasificados como abogados del gobierno a pesar de servir en una capacidad judicial, “un estado que los deja particularmente vulnerables a la presión política y a la interferencia del poder ejecutivo”.

“Por lo tanto, la NAIJ sirve como una voz independiente y crítica para los jueces de inmigración, quienes de otra manera enfrentan discreción y autoridad limitadas cuando deciden casos que alteran la vida” de miles de personas.

La misiva añade que “este gobierno ha hecho todo lo posible para limitar la independencia de los jueces de inmigración, su gestión y su autoridad”, y al igual que el exfiscal Sessions, “usted ha emitido un número sin precedentes de opiniones certificadas que intentan reescribir la ley de inmigración”.

“El abuso del proceso de certificación ha interferido con la independencia judicial, ha distorsionado el asilo y detenido leyes, situación que está socavando la confianza del público en las cortes de inmigración como un sistema justo e imparcial”, alegan.

Dos días después de presentada la solicitud para la descertificación de la NAIJ, la asociación de jueces dijo a Univision Noticias estar “desalentada” por los planes del gobierno de quitarle la certificación a su sindicato para silenciar las críticas a la política migratoria del mandatario.

“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos dos años”, dijo a Univision Noticias Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.

Marks dijo además que “hace veinte años el DOJ intentó la misma táctica buscando clasificar a los jueces como gerentes y formuladores de políticas para que no pudieran organizarse y hablar cuando no están de acuerdo con la política del departamento”.

“Ese esfuerzo fue rechazado por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, la que dictaminó que, si bien los jueces de inmigración son claramente expertos técnicos altamente calificados en leyes de inmigración, no tienen un papel en el desarrollo de la política”.

La semana pasada la NAIJ levantó la voz para criticar la celebración de juicios secretos en la frontera, donde están siendo procesados miles de migrantes que llegaron al país en busca de asilo y han sido regresados a México a esperar sus procesos, que en algunos casos pueden demorar meses, quizás años.

Los jueces dijeron estar “profundamente preocupados” por estos juicios, y advirtieron graves violaciones al debido proceso de los migrantes que huyen de sus países y llegan en busca de asilo en la frontera.

“La NAIJ cree firmemente que la transparencia y el acceso público a nuestros procedimientos, son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”, señala la asociación.

Los jueces indican además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), así como varias organizaciones de derechos humanos, se han unido a las protestas en contra de estos juicios, donde tampoco el gobierno permite el ingreso de observadores independientes.