Demandan política de Trump que niega fianzas a solicitantes de asilo

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda en contra de una política del gobierno de Donald Trump que niega el derecho de fianza a solicitantes de asilo en la frontera con México.

El Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council) dijo en su cuenta de Facebook que acudieron a los tribunales “para detener el uso por parte del gobierno de la encarcelación en masa como arma para castigar a los inmigrantes

El AIC señaló además que “la administración Trump nuevamente está infringiendo la ley en su cruzada para impedir que los solicitantes de asilo pidan protección en Estados Unidos”.

El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP) dijo, por su parte, que las leyes y políticas deben ser justas y equitativas, además advirtió que cuando la libertad o los derechos fundamentales están en peligro, todas las personas tienen el derecho al debido proceso y representación legal competente.

“La demanda trata de bloquear la directiva del fiscal general que niega la fianza a los solicitantes de asilo, obligándolos a la detención mientras dura el proceso de su solicitud”, explicó el NWIRP en su cuenta de Twitter.

El pasado 17 de abril el gobierno de Trump dio un nuevo golpe a la política de asilo al emitir una orden que mantendrá privados de libertad por tiempo indefinido a miles de inmigrantes que piden asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera.

La medida, que no afecta a los que se presentan a los puertos de entrada, niega a los peticionarios solicitar una audiencia de fianza cuando llegan al país en busca de la protección del gobierno.

La orden fue emitida por el fiscal general William P. Barr en medio de una nueva oleada migratoria, formada principalmente centroamericanos que huyen del Triángulo Norte a causa de la violencia y la pobreza.

Tras cruzar parte de Centroamérica y México, los migrantes se entregan en la frontera donde piden asilo. Una ley de 2008 impide al gobierno federal deportarlos de inmediato y establece que un juez de inmigración atienda sus solicitudes.

La AIC dijo, tras conocerse el cambio de norma, que la decisión de Barr “podría resultar en la detención innecesaria de miles de personas más cada año, a pesar de los enormes costos financieros y humanos”.

“La decisión de Barr es la más reciente en el ataque en curso del gobierno de Trump contra individuos que huyen de la persecución y la tortura en sus países de origen”, señaló Trina Realmuto, abogada directora de la AIC y coasesora legal de los demandantes.

“En lugar de cumplir con la reciente orden de la corte de distrito que requiere audiencias justas para los solicitantes de asilo ante un juez de inmigración, el gobierno ha elegido en su lugar encerrarlos indefinidamente”, agregó.

La orden de Barr revierte un protocolo que rige desde 2005 y que permite a los peticionarios de asilo que demuestren un “miedo creíble” el derecho a una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

La medida no es inmediata, sino que entrará en vigor dentro de 90 días a partir de la fecha de emisión.

Las cortes de inmigración tienen acumulados más de 860,000 casos y los casos de asilo pueden demorar dos o más años, tiempo durante el cual los peticionarios pueden permanecer detenidos. Pero Trump esta semana firmó una nueva orden ejecutiva para acelerar los procesos y que los jueces resuelvan los casos en un plazo máximo de 180 días, medida que fue criticada por abogados quienes advierten que daña el debido proceso migratorio al no darle a los migrantes tiempo suficiente para defender sus casos.

La demanda judicial entablada por ACLU, la AIC y el NWIRP argumenta que la nueva norma de asilo dictada por Barr viola cláusulas del debido proceso, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y La ley de Procedimiento Administrativo.

“La medida deja abierta la posibilidad de que haya violaciones constitucionales si la persona es detenida por un largo tiempo sin tener derecho a una fianza”, afirmó en abril José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“La orden dice que una persona que pasa a una entrevista de miedo creíble no tendrá derecho a un juicio de fianza, algo que está garantizado por las leyes”, agregó. “Eso sin duda motivará demandas de inmediato porque puede haber derechos constitucionales que se vean afectados”.

La ACLU ha señalado desde que se publicó orden de Barr, que se trata de una medida “obscena”.

Hasta ahora no se sabe, en caso de que la orden de Barr entre en vigor, adónde serán enviados los migrantes que sean detenidos en la frontera, pasen la entrevista de miedo creíble y se les niegue una audiencia de fianza.

La nueva norma no afectará a los menores no acompañados (UAC) aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera y tampoco a las Unidades Familiares. Ambos grupos están protegidos contra la detención por una ley de 2008 sobre tráfico humano, que exige que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos, y un Acuerdo Judicial de 1997 que prohíbe la privación de menores de edad.

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