Demandan ley antiinmigrante de Florida por “uso de perfil racial” y “usurpación de poderes”

Un grupo de organizaciones, activistas y religiosos presentaron el martes una demanda en contra de la aplicación de la Ley SB 168 de Florida por “uso de perfil racial” y “usurpación de poderes”, entre otros argumentos.

La S. 168 entró en vigor el 1 de julio y se convirtió en la legislación más dura en su tipo en Estados Unidos. Entre otras medidas, la legislación otorgó poderes extraordinarios a las policías locales, incluyendo a la policía universitaria, para pedir papeles migratorios, realizar arrestos y entregar a indocumentados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para deportarlos del país.

Los demandantes, entre los cuales se cuenta la ciudad de South Miami, la Coalición de Inmigrantes de Florida, Wecount, la Westminster Presbyterian Church of Gainesville, el Florida Inc, y el Centro Maya Guatemalteco, argumentaron que la ley “fue redactada por grupos de odio antiinmigrantes”, y citó a Floridanos para la Aplicación de la Ley de Inmigración (FLIMEN) y la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR).

En la demanda señalan además que la autorización concedida a las autoridades locales para ejercer funciones federales, tal como la ley de inmigración, “invade e interfiere un área de autoridad federal exclusiva”, y creará un “conflicto con el sistema de inmigración federal integral promulgado por el Congreso en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”.

Advierten además que la Ley SB 168 “apunta a inmigrantes y personas de color en todo el estado de Florida, quienes están sujetos a arresto y deportación por parte del estado y la policía local
bajo circunstancias no permitidas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

En la demanda se lee además la existencia de “preocupaciones por la pérdida de confianza en la aplicación de la ley y el uso de perfil racial” por parte de las autoridades de policía, y también por “la violación de los derechos constitucionales de cientos de miles de floridanos” que se ven expuestos todos los días a ser detenidos y arrestados sólo por su apariencia.

La SB 168 someterá a los floridanos, incluidos innumerables ciudadanos y extranjeros legales en el país a ser detenidos solo por su color de piel, “quienes pueden ser percibidos como extranjeros indocumentados”, denuncian.

También señalan que, la ejecución de la ley pone “en constante peligro de hostigamiento y de detención prolongada ilegalmente y Arresto, a personas por parte de agentes de la ley estatales y locales que operan bajo el amparo de la SB 168”.

En la lista de vulnerables también incluyen a “las minorías de origen racial y nacional que son víctimas de violencia doméstica, asalto y la trata de personas, quienes serán disuadidos de acceder a buscar ayuda de la policía colocándolos en mayor riesgo y socavamiento de la seguridad pública”.

Los demandantes también precisan que los grupos vulnerables y las minorías “han sido privados de sus derechos, privilegios e inmunidades garantizadas por la Constitución”, por lo que piden a la corte que prohíba o impida a las agencias de policía local que ejerzan la autoridad de la ley de inmigración.

También piden retirarle a las policías y a las autoridades locales la capacidad para retener a inmigrantes o notificar a ICE la puesta en libertad de inmigrantes detenidos, así como cumplir con los ‘detainers’ (órdenes enviadas por una agencia federal de inmigración para notificarles antes de la liberación de un preso o detenido).

La SB 168 fue aprobada en mayo y entró en vigor el 1 de junio. Obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.

Además, prohíbe las ciudades santuario, es decir, las localidades que no cooperan con ICE y que, por tanto, son consideradas como lugares más seguros para los indocumentados. Los contrarios a la ley consideran que es un golpe para los sin papeles.

La SB 168 También exige proporcionar a una agencia federal de inmigración acceso a un recluso para una entrevista, el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso.
Y facilita la celebración de acuerdos de colaboración bajo el programa federal 287(g), que otorga poderes extraordinarios a las policías para que su personal funja como agentes federales de inmigración.

Los demandantes esperan que la corte falle a su favor a la brevedad. “Pero antes de emitir un dictamen deberá celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida. “Si el juez estima prudente un freno temporal mientras revisa la totalidad de la demanda, lo hará saber”, agregó.