Demandan la política nacional de deportaciones aceleradas de Donald Trump

Dos semanas después de entrar en vigor, la nueva política de deportaciones aceleradas de Donald Trump fue demandada en una corte federal de Washington.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC) y la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett LLP, presentaron el martes una querella para desafiar la nueva regla del gobierno que expandió a nivel nacional las deportaciones aceleradas sin un proceso legal.

Dos semanas después de entrar en vigor, la nueva política de deportaciones aceleradas de Donald Trump fue demandada en una corte federal de Washington.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC) y la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett LLP, presentaron el martes una querella para desafiar la nueva regla del gobierno que expandió a nivel nacional las deportaciones aceleradas sin un proceso legal.

Los demandantes alegan que la política de deportaciones aceleradas de Trump daña el debido proceso al eliminar “la audiencia en la corte o el acceso a un abogado”.

Antes de la implementación de la medida, la acción de las autoridades federales de inmigración se limitaba a una zona de 100 millas de la frontera a los que llegaban por mar, y para aquellos que han estado en el país durante 14 días o menos.

“Cientos de miles de personas que viven en cualquier parte de Estados Unidos corren el riesgo de ser separadas de sus familias y deportadas sin ningún recurso”, dijo Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“Esta es una escalada dramática e ilegal en los ataques de la administración Trump a las comunidades de inmigrantes”, agregó.

La reciente política de Trump afecta directamente a los extranjeros que tienen de antecedentes criminales y que no pueden probar que han estado en el territorio estadounidense en los últimos dos años.

El cambio al programa concedió discreción a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para actuar con “completa autoridad” para colocar en proceso expedito de deportación a un extranjero, excepto en casos excepcionales y limitados, señala la regla.

El blanco de la medida son todos aquellos inmigrantes “considerados inadmisibles bajo las secciones 212(a)(6)(C) o (a) (7) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, indica el anuncio publicado en el Registro Federal.

Entre los principales afectados se encuentran inmigrantes que fueron deportados y regresaron al país sin un permiso (reentry), individuos que han cometido crímenes graves o tengan múltiples convicciones, traficantes de drogas o involucrados en actividades terroristas, entre otros.

Pero los abogados advierten que la amplia discrecionalidad otorgada a los agentes federales de inmigración pone en riesgo a miles de inmigrantes que no tienen evidencia de que han permanecido por más de dos años de forma ininterrumpida en el país.

“Este esfuerzo imprudente para privar a las personas de sus derechos fundamentales pondrá en riesgo a innumerables inmigrantes, incluidas muchas personas que han estado en Estados Unidos durante años”, dice Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York’ (Haciendo Camino en Nueva York).

Valdés agregó que “nuestros miembros jóvenes y personas transgénero serían particularmente vulnerables a ser objeto de ser deportados de manera acelerada, ya que a menudo carecen de documentos que demuestren que han permanecido por largo tiempo en el país. Continuaremos luchando contra las tácticas ilegales de este gobierno”.

La nueva regla de deportaciones expeditas agrega que los extranjeros que de acuerdo con la ley “no han sido admitidos” o se encuentran en libertad condicional “y no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado presentes físicamente en Estados Unidos continuamente durante el período de dos años inmediatamente antes de la fecha de la determinación de inadmisibilidad, serán deportados”.

El DHS señala además que la Ley de Inmigración le otorga al secretario de ese ministerio “la discreción única e irreversible” para modificar en cualquier momento los límites discrecionales en el alcance de la designación de remoción expedita.

La mayor preocupación de los demandantes apunta a los daños que el nuevo programa causará al debido proceso migratorio.

“La expansión de las deportaciones aceleradas despojará a cientos de miles de no ciudadanos de una audiencia imparcial sobre si van a ser separados de sus familias, amigos y comunidades en Estados Unidos, y creará un régimen ‘muéstrame tus papeles’ en todo el país”, dijo Trina Realmuto, abogada directora de litigios del AIC.

“El programa afecta tanto a personas que entran indocumentadas al país como a aquellos que ingresan legalmente por un puerto fronterizo”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

En 1996, el Congreso autorizó al servicio de inmigración (en aquel entonces comandado por el Servicio de Inmigración y Naturalización, INS, bajo el mando del Departamento de Justicia) expulsar rápidamente a ciertos extranjeros inadmisibles de Estados Unidos, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

“El gobierno es consciente de los graves defectos que han existido durante mucho tiempo en el proceso de eliminación acelerada. Esta nueva regla exacerba esos problemas y coloca a los residentes, ciudadanos y solicitantes de asilo en grave riesgo de deportación injusta”, agregó Realmuto.

En la demanda las organizaciones y los abogados citan violaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda.

Los inmigrantes “no deberían ser despojados de sus derechos y arrancados de sus comunidades debido a las deportaciones aceleradas que se dirigen a cualquier persona ‘de aspecto extranjero’ que no lleve consigo la documentación de su vida aquí”, dijo Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de La Unión del Pueblo Entero.

“Se trata de una política imprudente diseñada y destinada a aterrorizar a nuestra comunidad y dañar a las familias latinas e hispanas. Pero no dejaremos que el miedo gane”, indicó.

La demanda fue presentada en nombre de Make the Road New York, LUPE (La Unión del Pueblo Entero) y We Count!, organizaciones que sirven a las comunidades de inmigrantes, y con el respaldo de la ACLU.

El DHS tiene la autoridad para ordenar la deportación de un extranjero sin que sea llevado ante un juez de inmigración, excepto bajo ciertas circunstancias después de que la persona afectada efectúe un reclamo de estatus legal en Estados Unidos o demuestra un temor creíble de persecución si es devuelta a su país de origen.

“Al ampliar el gobierno a nivel nacional este programa, evitar la deportación expedita dependerá de varios factores, pero en última instancia todo dependerá del uso de la discreción del gobierno”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Será el DHS quien decida a quién expulsa de manera acelerada y a quién no. Temo que muchos inmigrantes podrían verse afectados, y tendrán más dificultades para defender su derecho de permanencia en el país”, agregó.

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