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Demandan al gobierno por detener a un menor hispano durante siete meses sin ser acusado de delito alguno

Publicado el 26 de febrero de 2018
por Univisión en Univisión 41 Nueva York. Fotografía de IStock Photo.

Una organización de defensa de los derechos civiles demandó al gobierno estadounidense por mantener detenido desde hace siete meses a un menor de edad por supuestos vínculos a la Mara Salvatrucha que no han podido probar y calculó que por lo menos otros 40 menores están en la misma situación.

El demandante, identificado como LVM, un joven salvadoreño de 17 años de edad, fue sacado de su residencia en Long Island en julio de 2017 como parte de la Operación Matador, una iniciativa antipandillas de la administración del presidente Donald Trump que grupos defensores de los inmigrantes temen que esté encarcelando a jóvenes inocentes por meros rumores de que están vinculados a grupos delictivos.

Trump hizo referencia a la Operación Matador en su discurso del Estado de la Unión este mes y proclamó como un logro que en el operativo se habían capturado 428 supuestos pandilleros, entre ellos 220 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Pero autoridades federales y estatales se han negado a dar la información sobre la mayoría de los arrestados en el operativo, tales como sus nombres, edades, las acusaciones en su contra, estatus migratorio o su paradero, reportó la agencia AP.

Aunque las autoridades federales han afirmado que 44 de los 428 detenidos en la Operación Matador han sido deportados, se niegan a explicar qué ha pasado con el resto o si aún están encarcelados porque alegan que dar más detalles pone en peligro a los sospechosos o a investigaciones activas.

La falta de transparencia se da en medio de acusaciones de grupos defensores de los inmigrantes que afirman que las autoridades están arrestando a personas inocentes con base en rumores, entre ellos jóvenes que llegaron a EEUU solos.

Jueces federales de inmigración ya han ordenado la liberación de algunos detenidos bajo sospecha de pertenecer a la MS-13 porque el Gobierno no ha probado que pertenecen a la pandilla.

Uno de los jóvenes detenidos indefinidamente por el Gobierno federal es LVM, encarcelado desde hace siete meses por imputaciones que le hicieron tanto la división de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) como la Policía del condado de Suffolk, donde está ubicado Long Island.

Según la madre de LVM y principal demandante, Edith Esmeralda Mejía, los problemas comenzaron en abril de 2017 cuando el joven cursaba el noveno grado en la Secundaria Bellport de Long Island, en su primer año en una escuela estadounidense.

Allí el joven le mostró los dedos del medio de sus dos manos a otro estudiante en respuesta a un gesto similar y fue acusado de haber hecho una señal de pandilleros en la escuela.

“Cuando yo recibo la llamada de la escuela me empieza a decir una de las maestras que a él lo iban a suspender por participar en signos de pandillas”, dijo Mejía.

“Entonces le digo yo: ‘Él no es un pandillero para que diga eso’. Entonces ella me dice: ‘Pero si ustedes vienen entrando de El Salvador”, agregó.

LVM, de hecho, salió de El Salvador junto con su madre y hermano menor en mayo de 2016 porquehabía recibido amenazas de pandillas en su país y los tres solicitaron asilo en EEUU. Sus casos está pendiente en los tribunales migratorios, según la demanda.

Las autoridades escolares decidieron suspender a LVM durante 39 días a pesar de nunca haber tenido problemas disciplinarios y basados solo en el gesto que le hizo al otro estudiante con sus manos.

Más de dos meses después, agentes federales de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron a su casa y se lo llevaron detenido por “ilegal”, afirma el documento.

“Los agentes no le dieron ninguna información (a la madre) excepto que su hijo estaba siendo arrestado porque era ‘ilegal’. La señora Mejía dijo que ella y sus hijos iban al tribunal de inmigración, pero los agentes como quiera detuvieron a LVM”, indica la demanda.

“Cuando se lo llevaron de la casa no dijeron adónde. Yo me entero a los días, que le dan una llamada a él, que estaba mal, que lo tenían en maxima seguridad”, sostuvo la madre del menor.

Con la ayuda de abogados, Mejía se enteró de que su hijo había caído en las garras de la Operación Matador y que había sido trasladado a un penal en Virginia.

Según la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), que lo está representando en corte, LVM fue trasladado de Virginia a Nueva York, donde permanece recluido al día de hoy bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que se niega a liberarlo por haber sido “identificado como un pandillero miembro de la MS-13”.

La liberación de LVM y otros menores como él depende exclusivamente del director de la ORR, Scott Lloyd, o del subdirector Jonathan White, según la nueva política de la oficina. Lloyd y White son los principales demandados.

La NYCLU alega que más allá de que las autoridades lo hayan identificado como un pandillero n o existe ninguna otra prueba que demuestre los alegatos en su contra.

La demanda agrega que LVM no tiene ningún tatuaje, como indica su expediente, y que las imputaciones en contra del menor “parecen copiadas y pegadas de imputaciones hechas contra otros niños inmigrantes que se alega son pandilleros”.

La NYCLU sostiene que cree que hay por lo menos otros 40 menores de edad en situación similar a la de LVM que están o han estado bajo custodia de la ORR en Nueva York.

“La administración Trump ha subvertido completamente las leyes diseñadas para proteger a los niños inmigrantes vulnerables bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, dijo el abogado de la demandante, Paige Austin.

“Inmigrantes adolescentes están siendo detenidos indefinidamente mientras esperan a que funcionarios de la administración Trump autoricen su liberación”, agregó.

La madre de LVM, mientras tanto, dijo tener esperanza en que su hijo regresará pronto a su lado.

“Lo mismo le digo yo, que oremos mucho. Que sea Dios que le toque los corazones a estos personaspara que él pronto pueda regresar a mi lado”, afirma Mejía.

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