La ciudadanía permite el derecho al voto y a postularse a ciertos cargos federales pero, según los demandantes, el retraso de USCIS para procesar las solicitudes significa que muchas personas no podrán ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo 6 de noviembre.
“El solicitar la ciudadanía es un sueño hecho realidad para muchos, y un paso clave hacia la plena participación en nuestra democracia. Por el bien de nuestra nación, el beneficio de las familias, y nuestros procesos democráticos, se deben reducir de inmediato el atraso y los tiempos de espera”, afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
USCIS no suele comentar litigios pendientes pero un portavoz de la agencia, Michael Bars, dijo a este diario que, en general, la cifra de solicitudes pendientes se dispararon durante la Administración Obama y la agencia sigue adjudicando los casos en cola en mayores números y con mucho eficacia.
“De hecho, USCIS va camino de completar al menos 829,000 solicitudes de naturalización N-400 para el año fiscal 2018, potencialmente excediendo un récord de cinco años en el número de solicitudes procesadas. Esto da fe de la diligencia, capacitación y experiencia de quienes adjudican los casos y el personal desplazado en nuestras oficinas en todo el país”, dijo Bars.
El funcionario ofreció cifras para respaldar su argumento de que USCIS ha implementado reformas para mejorar y agilizar el proceso de ciudadanía, incluyendo la contratación de más personal y la ampliación de instalaciones.
Según los activistas, el retraso en los trámites supone una especie de “segundo muro” que impide que los extranjeros puedan naturalizarse y votar, pese a que reúnen los requisitos y han cumplido con todos los trámites, incluyendo el pago de una cuota de $725.
“Nuestro gobierno debe alentar, no desalentar, que los residentes (permanentes) se hagan ciudadanos y tengan un papel más activo en la vida cívica” de EEUU, dijo “Mi Familia Vota”, otro de los grupos implicados en la demanda.
Según los activistas, en los últimos dos años y medio, más de dos millones de residentes permanentes solicitaron la ciudadanía estadounidense debido “al clima de odio anti-inmigrante” en el país.
Para estos grupos, el retraso de USCIS resulta inaceptable porque los servicios de la agencia para procesar las solicitudes y verificar los antecedentes de cada solicitan se financian enteramente con la cuota de $725, pero la agencia “se ha negado a destinar recursos adicionales” para procesarlas
La lentitud de USCIS significa que el retraso afecta a 753,352 solicitudes, un incremento del 93% sobre la cifra para finales de 2015. A este paso, y sin incluir las nuevas solicitudes que siguen llegando, a USCIS le tomaría más de 25 años reducir el atasco al nivel de 2015, cuando había 380,639 solicitudes en cola, según los demandantes.
Para marzo pasado, las ciudades más afectadas por el atasco en las solicitudes de ciudadanía fueron Nueva York, con 81,206 solicitudes; Houston, con 42,341; Dallas, con 38,094; San Francisco, con 27,481; Chicago, con 27,238, y Newark (Nueva Jersey), con 26, 146.
Las otras organizaciones que suscribieron la demanda son la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA, en inglés), el Centro para Derechos Humanos y Leyes Constitucionales (CHRCL), CHIRLA, UnidosUS, CASA, OneAmerica, la Coalición de Inmigración de Nueva York, Michigan United y “El Rescate”.
El pasado 6 de agosto, NPNA, que representa a 37 grupos defensores de los inmigrantes y refugiados, solicitó información para determinar si USCIS está retrasando las solicitudes por motivos discriminatorios o con el propósito de suprimir el voto de los nuevos ciudadanos.
“La política de la Administración Trump de crear obstáculos innecesarios para los residentes en busca de la ciudadanía es irracional, ilegal e inadmisible. No es una forma bien camuflada de supresión de los votantes”, afirmó Peter Schey, presidente de CHRCL y abogado a cargo de la solicitud del mes pasado, recurriendo al “Acta de Libertad de Información” (FOIA).
Cerca de un centenar de líderes del Congreso, alcaldes y ejecutivos de condados también exigen respuestas de USCIS sobre el incremento en las solicitudes estancadas en la agencia.
