Demandan a la Administración por bloquear pedido de fianza a solicitantes de asilo

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y grupos a favor de los indocumentados han interpuso este jueves una demanda contra la intención de la Administración de denegar la posibilidad de salir en libertad provisional a parte de los solicitantes de asilo.

La demanda colectiva en contra de la medida ha sido ingresada en una corte federal de Seattle, en el estado de Washington, también por el Consejo Estadounidense de Inmigración y por el Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste.

El fiscal general, William Barr, señaló a mediados del pasado mes que los solicitantes de asilo detenidos mientras avanzan sus procesos en los tribunales de inmigración no podrán ser puestos en libertad provisional.

La decisión revierte un protocolo que rige desde 2005 y que da a los solicitantes de asilo que demuestren un “miedo creíble” la posibilidad de someterse a una audiencia de inmigración que les permita la libertad bajo fianza.

Michael Tan, abogado de ACLU, dijo que la medida atenta contra el derecho a una audiencia que tienen las personas y que las previenen de ser víctimas de una “detención ilegal”.

“La administración no puede pasar por alto la Constitución encerrando arbitrariamente a las personas. Los verdaderos motivos de Trump son claros: disuadir a los solicitantes de asilo y castigar a las personas que solicitan protección bajo nuestras leyes”, añadió.

La demanda cita violaciones de la cláusula de debido proceso, la ley de inmigración nacionalidad y la ley de procedimiento administrativo.

Barr ordenó que el nuevo protocolo entre en vigor en 90 días, para dar así tiempo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que habilite espacios para mantener detenidos a los solicitantes de asilo, que llegan cada mes en decenas de miles.

Será el DHS, no obstante, quien tendrá la decisión final sobre mantener o no detenidos a estos inmigrantes en función de sus recursos disponibles.

El nuevo protocolo no afectará ni a los menores no acompañados ni a las familias con niños, ya que una acuerdo judicial de 1997 conocido como “Flores” no permite la detención por más de 20 días de los menores de edad.

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