Demandan a Administración por detención prolongada y abuso de niños inmigrantes

La Administración Trump está violentando los derechos de los niños bajo su custodia para desalentar la inmigración y en algunos casos, como los de “Lucas” o “Gabriela”, han sido obligados a tomar medicamentos contra su voluntad para soportar el trauma del encierro,  o sujetos a detención indefinida, según alega una demanda presentada este viernes en California.

La demanda, en nombre de cinco jóvenes bajo custodia federal,  va en contra el secretario de Salud, Alex Azar, y el director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), E. Scott Lloyd,  una agencia dentro del Departamento de Salud que maneja un centenar de albergues para niños no acompañados y los más de 2,300 que fueron separados de sus padres desde el mes pasado.

Esta se suma a otras entabladas recientemente contra el gobierno, al que acusan de violar el llamado “Acuerdo Flores de 1997”, que prohíbe la detención de menores por más de 20 días y establece normas menos estrictas para su detención.

Los menores, en su conjunto, llevan hasta 18 meses en instalaciones federales, donde se les ha obligado a tomar medicamentos psicotrópicos sin su permiso, se les ha negado vivir con familiares en EEUU, y no han podido apelar su caso, prolongando su “trauma”, según la demanda.

Es el caso, por ejemplo, del guatemalteco identificado como “Lucas R.”,  de 12 años,  quien fue detenido en febrero pasado en Arizona, y después trasladado a un hospital psiquiátrico en Texas, donde recibe antidepresivos.

El gobierno ha reconocido que el encierro y “estar lejos de su familia” le causó una gran depresión, pero la ORR se niega a entregarlo a su hermana Madelyn, en Los Angeles, por considerar que su hogar no es apto para recibirlo,  indicó el documento.

En el caso de la niña salvadoreña, “Gabriela N.”,  las autoridades la obligaron a tomar medicinas para la depresión y ansiedad que desarrolló en su encierro como condición para su puesta en libertad, pero sin el permiso de su abuelo.

Mientras, la joven hondureña, “Daniela Marisol T.”, padece de problemas auditivos y sigue en un hogar provisional en Michigan, a cargo de ORR, porque la agencia se niega a entregarla a su hermana por considerar que podría “no ser apta” para cuidarla.

La demanda se produjo además en unos momentos en que la Administración Trump sopesa grandes cambios al proceso de asilo en la frontera, al margen de los cambios que exige al Congreso en el “Acuerdo Flores”.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Los Angeles por parte del Centro Nacional para Leyes sobre Juveniles (NCYL), la Facultad de Leyes de UC Davis, la firma legal Cooley LLP,  y el Centro para Derechos Humanos y Leyes Constitucionales (CHRCL), que presentó junto a otra organización la demanda original de 1985 que produjo el “Acuerdo Flores”.

Consultado por este diario, el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre la demanda, o sobre los planes de la Administración de restringir aún más el proceso de asilo para frenar la entrada de familias centroamericanas en la frontera sur.  ORR tampoco ha reaccionado.

Sin embargo, el gobierno ha dicho que tiene autoridad para suministrar medicamentos a menores bajo su custodia si es necesario.

Según la demanda de 41 páginas,  el gobierno federal somete a los menores  una detención indefinida bajo condiciones casi carcelarias; los obliga a tomar fuertes medicamentos psicotrópicos sin su consentimiento, o el de sus familiares, y los mantiene detenidos pese a que tienen familiares u otras personas dispuestas a hacerse cargo de ellos.

Los casos detallados en el documento, según los demandantes, son prueba de que la Administración Trump está violando la Quinta Enmienda de la Constitución, al negarle a los niños acceso a abogados y su derecho al debido proceso.

En concreto, el documento destaca que el gobierno traslada a los menores, sin justificación, a centros de detención con estrictas condiciones, parecidas a una cárcel; los obliga a tomar medicamentos psiquiátricos sin salvaguardas procesales y sin el permiso de sus padres o familiares, y les niega acceso a representación legal.

También deniega a sus padres u otros “patrocinadores” la oportunidad de impugnar la detención prolongada, imponiendo severas restricciones y trabas burocráticas para no entregárselos.

Ese es el caso del joven mexicano “Miguel Angel”, cuyo padre, Gerardo, no ha podido obtener su custodia desde que la solicitó en octubre de 2017, pese a todos los documentos que entregó a ORR.  La agencia le ha hecho repetir trámites, o le impone otros requisitos sin darle tiempo para cumplirlos, y el joven de 17 años sigue en un centro de detención juvenil del Condado Yolo, en Woodland (California).

“Miguel Angel” ha sufrido abusos físicos y, en una ocasión, tuvo que enjuagarse el gas pimienta de sus ojos con agua del inodoro porque las autoridades habían cortado el suministro de agua.

El joven hondureño “Jaime D.”, de 13 años, sigue en un albergue de ORR en Dobbs Ferry, Nueva York, y la agencia se niega a entregarlo a su tía Reyna, en Riverdale (Maryland).

Durante una conferencia telefónica con periodistas, los abogados explicaron que la Administración está violando el “Acuerdo Flores”, y los niños no pertenecen en un centro de detención sino con sus familias.

El gobierno no es apto para cuidar de estos menores y su detención prolongada está causando “un trauma irreparable a niños inocentes”, dijo Carlos Holguín, abogado de CHRCL, quien explicó que la demanda busca proteger los derechos constitucionales de los menores.

Por su parte, Leecia Welch, abogada de NCYL, dijo que su oficina ha recibido testimonios de niños que son despertados de madrugada, puestos en un avión y detenidos sin razón o justificación.

Welch dijo que, como mínimo, el gobierno tiene que garantizar el derecho de los menores al debido proceso, en vez de “encerrarlos como criminales, drogándolos sin permiso de sus padres o de un juez”, o prolongando innecesariamente su detención.

La Administración exige al Congreso un cambio en el “Acuerdo Flores” para permitir la detención prolongada de las familias, ahora que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que frenó la separación de niños de sus padres en la frontera sur.

Un informe de 28 páginas divulgado hoy por la Oficina del Inspector General (OIG) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), detalló las deficiencias de su sistema para inspeccionar los cerca de un centenar de centros de detención bajo contrato con la agencia,  lo que contribuye a que continúen los abusos contra los inmigrantes en, y violaciones de sus derechos humanos.

La política migratoria de Trump, supuestamente para resguardar la seguridad fronteriza y nacional, se ha topado con  un creciente movimiento de resistencia por parte de legisladores demócratas y activistas cívicos de todo el país, así como la repulsa internacional.

Hoy mismo, 52 miembros de la Cámara de Representantes, liderados por el congresista Ted W. Lieu,  enviaron una carta al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelley, para que inicie una investigación sobre la práctica de esa agencia de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera sur.

Los legisladores denunciaron que las medidas policiales del DHS obligarían a familias con casos de asilo válidos a escoger entre defender sus casos o afrontar la deportación una vez que recuperan a sus hijos de los que han sido separados.

El gobierno asegura que tiene un plan para reunificar a los 2,047 niños que ORR aún tiene bajo su custodia, pero activistas y abogados sobre el terreno aseguran que lo que reina ahora es el caos, la confusión y descoordinación.

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