Demanda exige a EEUU no ‘hostigar’ a quienes ayudan a los migrantes

La organización Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) y una oficina legal interpusieron una demanda en nombre de tres activistas estadounidenses que ofrecieron ayuda humanitaria a migrantes que llegaron a la frontera para solicitar asilo. La querella alega que fueron espiados, detenidos, interrogados y hostigados cuando trataban de ingresar a Estados Unidos.

La denuncia penal está ligada a una investigación periodística que en marzo pasado reveló que más de 50 periodistas, activistas y abogados estuvieron en una base de datos secreta que elaboró la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) para obtener información relacionada con una enorme caravana de migrantes que a finales de 2018 llegó a la ciudad de Tijuana, en México.

La CBP, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) son las agencias mencionadas en esta demanda que se presentó en una corte federal de Arizona.

Alex Mensing, uno de los demandantes y quien ha sido coordinador de proyectos de la organización Pueblo Sin Fronteras, contó en una entrevista con Univision Noticias que desde junio de 2018 lo han detenido al menos 30 veces en garitas fronterizas y en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) para cuestionarlo sobre la caravana migrante y también indagando sobre sus actividades diarias.

“Me preguntan sobre mi vida personal, mi historial de educación, qué me motiva para ayudar a los migrantes. Me han pedido mi teléfono. A veces es más breve: solo revisan mi mochila y me preguntan a dónde voy. Nunca sé exactamente por qué me detienen”, dijo Mensing a este medio.

El activista detalla que agentes aduanales lo han remitido a inspecciones secundarias en la frontera unas 26 veces desde que se involucró en una caravana migrante que llegó hasta el cruce peatonal El Chaparral en el verano de 2018. Él también participó en otra caravana que llegó a Tijuana en noviembre de ese año.

Dice que en ocasiones ha permanecido cuatro horas detenido, hasta que los oficiales migratorios “se sienten satisfechos” de lo que les ha respondido y lo dejar ir. Para evitar que urgen su celular ahora usa dos, uno lo deja en su casa en Tijuana y el otro lo lleva a su trabajo en San Diego, California.

“Es intimidación, hostigamiento, que tiene el fin de desanimar por cualquier tipo de solidaridad con los inmigrantes”, reclama Mensing. “Piensan que van a encontrar algo, pero después de 30 veces que me han detenido creo que ya saben que no ando en nada turbio”, agrega.

La demanda también detalla cómo el activista y fotógrafo Jeff Valenzuela fue esposado y encadenado a una banca por agentes de la CBP en múltiples ocasiones y detenido por hasta cinco horas mientras intentaba regresar a EEUU. Asegura que le ocurrió cruzando en cocheo y a pie.

“Me preguntaban sobre el trabajo, qué había estado haciendo en Tijuana para apoyar a los migrantes y a la caravana, y cómo estaban las condiciones en los albergues (de migrantes en México)”, detalló en una entrevista con este medio.

Valenzuela tiene 35 años y es maestro de fotografía para la organización AJA Project de San Diego. Desde diciembre de 2018 lo han parado en la frontera al menos seis veces para interrogarlo, afirma. “No fue porque hice algo o por algo sospechoso, quería sacar información”, señaló.

Según su denuncia, el 26 de diciembre de 2018 los agentes federales le obligaron a desbloquear su celular para enseñarles sus fotos. Dice que aceptó porque amenazaron con confiscarle el aparato para verificar que no tenía imágenes “de pornografía infantil”, lo cual considera “un pretexto”.

Dos días después, cuando viajaba a Los Ángeles para visitar a su familia, los oficiales fueron más agresivos, alega. Le ordenaron bajarse del auto, aunque le indicaron que no se trataba de un arresto. “Pero me esposaron de todos modos”, reclama. Este activista dice que jamás lo habían esposado.

En esa ocasión hurgaron sus correos electrónicos y las aplicaciones de su celular. “Sentí que me estaban criminalizando sin hacer nada, sin haber cometido un delito. Me llevaban como un criminal y me trataban así”, lamentó. La última detención ocurrió el 25 de enero, asegura.

Otro caso mencionado en la querella es el de Ana Adlerstein, periodista y voluntaria involucrada en apoyar a personas migrantes y solicitantes de asilo en el desierto entre Sonora y Arizona. La denuncia alega que los agentes fronterizos le dijeron en una ocasión que estaba bajo “arresto” y la llamaron una “traficante de ilegales” por acompañar a una garita a un solicitante de asilo.

Cuando ella protestó, le dijeron que “aquí no aplica la Cuarta Enmienda”, que protege el derecho a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria, menciona la demanda.

Jeffrey Quiñones, vocero de la CBP, dijo en un breve comunicado que la agencia no se pronunciará al respecto porque el asunto ya está en los tribunales. “Por cuestión de política, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no puede emitir comentarios sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe construirse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones”, dijo.

Para Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU en el sur de California, la práctica del gobierno federal “de atacar y hostigar” a activistas por los derechos de los inmigrantes en la frontera no solo es ilegal, sino también inmoral.

“En lugar de proporcionar apoyo, recursos y ayuda legal a los migrantes y solicitantes de asilo, el gobierno castiga a las personas que muestran compasión por estos grupos vulnerables. Nuestra demanda pide ponerle fin a eso”, recalcó Tajsar.

Los activistas entrevistados por Univision Noticias piden al gobierno estadounidense que “deje de usar” a los oficiales aduanales para hostigar a quienes realizan un trabajo humanitario. “No pueden abusar de su poder y actuar con impunidad”, dice Valenzuela. “No es para que usen a la frontera como una herramienta de recaudación de información, que es inconstitucional”, señala Mensing.

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