Defensores públicos ayudan a inmigrantes en Nueva York

Cuando Curtis Edmund, un residente legal en Estados Unidos desde hace años, se enteró de que enfrentaba posible deportación por dos delitos menores de mediados de la década del 2000, temió lo peor, pues no podía costearse un abogado.

“No tengo representación. No sé nada de inmigración ni cortes de inmigración. No estaba esperando esto”, recuerda Edmund, de 47 años, un nativo Trinidad y Tobago que ha tenido la tarjeta de residente desde 1994. Ahora, Edmunds está libre bajo fianza y apela su deportación.

El Concejo Municipal aprobó 4,9 millones de dólares para financiar el programa para el año fiscal que comenzó el 1 de julio. El programa, que cubre a todos los inmigrantes pobres elegibles residentes en la ciudad, es el primero de su tipo en Estados Unidos.

Los partidarios dicen que ha ayudado a resaltar el problema grave de la falta de representación legal en el sistema de inmigración y está ayudando a lidiar con los retrasos que resultan cuando inmigrantes sin abogados tratan de navegar el sistema.

El New York Immigrant Family Unity Project (Proyecto de Unidad de Familias Inmigrantes de Nueva York) “trajo más reconocimiento a esta idea de que es realmente ofensivo que los no ciudadanos, especialmente los detenidos, que enfrentan algo tan drástico como la deportación, tengan que defenderse por sí mismos”, dijo Raha Jorjani, que fue contratado en enero por la oficina del Defensor Público del condado Alameda, California, para hacer un trabajo similar.

Los inmigrantes elegibles están haciendo sus primeras comparecencias en cortes de inmigración, aquellos que no tienen ya un abogado y aquellos cuyos ingresos no exceden 200% del límite de pobreza, dijo Oren Root, del Vera Institute of Justice, que ha estado administrando el programa.

Los inmigrantes detenidos se reúnen con abogados de tres organizaciones —The Bronx Defenders, Brooklyn Defender Services y Legal Aid Society— en la corte de inmigración. Los abogados les ayudan a preparar defensas sobre por qué no deberían ser deportados o, si los inmigrantes aceptan la deportación, los abogados se aseguran de que entiendan las ramificaciones legales.

El programa piloto comenzó el año pasado y tuvo fondos para aceptar 190 casos, un límite alcanzado a mediados de abril. El programa en pleno aceptará unos 900 casos en Nueva York y otros centenares de residentes de la ciudad detenidos y procesados en Nueva Jersey.

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