Decenas de ex jueces de inmigración piden al director de ICE que frene arrestos en tribunales

Cerca de 70 ex jueces de inmigración enviaron este miércoles una carta al director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Ronald Vitiello, para pedirle que frene la detención de inmigrantes en los tribunales de justicia.

En la misiva, los jueces retirados señalan que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, deben tener derecho a visitar las salas de los tribunales sin miedo a ser detenidos.

“Sabemos de primera mano que para que los tribunales puedan hacer justicia de manera efectiva, garantizar la seguridad pública y servir a sus comunidades, el público debe poder acceder a ellos de manera segura y sin temor a represalias”, se lee en la misiva.

La carta fue enviada en medio de un incremento de los arrestos de inmigrantes en las cortes, una de las estrategias que la agencia federal encargada de las deportaciones realiza como parte de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.

Los exjueces añaden en la carta que, debido a las actividades de ICE en el interior de los juzgados, para muchos los tribunales se han convertido en “lugares a evitar”.

Agregan que, tras casi dos años de actividades de alto nivel en los juzgados, la agencia debería restaurar las garantías y las protecciones debidas para generar “confianza y seguridad” entre los inmigrantes que acuden a estas “zonas sensibles”.

“De esa manera asegurará que los agentes se abstendrán de las actividades de ejecución en los juzgados, excepto en circunstancias extremas”, puntualizan.

Los exmagistrados también señalan que, si bien el incremento de las actividades de ICE en los juzgados no es exclusivo del gobierno actual, los “informes sugieren que ha habido un aumento dramático en la presencia de ICE en los tribunales en los últimos dos años”.

La carta denuncia que los arrestos de indocumentados han crecido en tribunales de Arizona, California, Connecticut, Colorado, Illinois, Florida, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Washington.

Entre los más afectados por la política de arrestos de ICE en las cortes de inmigración “se incluyen acusados que enfrentan cargos criminales, sobrevivientes de violencia doméstica, personas que disputan multas de tráfico y padres que buscan proteger a sus hijos de condiciones de vida inseguras”, recalca la misiva.

Los exjueces dicen que ICE “ha arrestado a personas en tribunales penales, tribunales de familia e incluso un tribunal de desviación para víctimas de trata de personas”, estrategia que provoca una fuerte inseguridad entre los inmigrantes.

“Las víctimas, los acusados, los testigos y los miembros de la familia no se sienten seguros para acceder a los palacios de justicia” por causa de esta política, advierten.

Añaden que “los arrestos de ICE en los juzgados infunden temor en los clientes y los disuade de buscar justicia” y denuncian que, según declaraciones juradas, las personas están “aterrorizadas”, por ejemplo, cuando acuden a las cortes para solicitar órdenes que las protejan de violencia, imposición de manutención infantil, para servir como testigos o para defenderse.

La misiva presenta varios casos que han despertado temores a nivel nacional. Entre ellos, que un fiscal de la ciudad de Denver, Colorado, “ abandonó varios casos de violencia doméstica cuando las víctimas se negaron a cooperar con los fiscales por temor a que se encontraran con oficiales de ICE”.

En Los Ángeles, San Francisco y San Diego, California, los datos recopilados muestran una disminución desproporcionada en el número de quejas de violencia doméstica de las comunidades latinas en 2017. Houston vio una caída del 16% en los informes de violencia doméstica en 2017 a pesar del creciente aumento de la población hispana, expresan los jueces.

“La renuencia generalizada a denunciar un delito (…) puede hacer que aumenten las tasas de delincuencia”, previenen los exfuncionarios.

La carta también denuncia “desórdenes” en los tribunales entre funcionarios que colaboran con ICE y proveedores de servicios legales, y que el entorno creado por estos incidentes “además de las demoras y reprogramaciones que se producen cuando el temor impide que las partes aparezcan en el tribunal, solo dificulta que los jueces y el personal del tribunal hagan su trabajo”.

“ICE puede cumplir con sus deberes estatutarios bajo la Ley de Inmigración (INA) para detener a un extranjero ilegal que se encuentra en espera de juicio o sentencia, independientemente de la determinación de liberación concedida bajo el amparo de la Ley de Reforma de Fianzas (BRA)”, se lee en la sentencia del tribunal.

La carta agrega que los arrestos de ICE “retrasan tanto la exoneración como el enjuiciamiento, e incluso muchas ofensas de bajo nivel pueden resolverse rápidamente y sin encarcelamiento”, dicen los jueces.

“Los arrestos de ICE incluso han puesto a los jueces en la posición de enfrentar a los acusados que solicitan ser detenidos en lugar de ser liberados, porque saben que los agentes de ICE están esperando afuera de la sala de audiencias”, indican.

Los ex jueces de inmigración cuestionan también la política de arrestos de ICE en los tribunales, oficializada a principios de enero, porque es una práctica que “instruye explícitamente a los oficiales de ICE para que hagan uso de los recursos de seguridad de la corte para llevar a cabo los arrestos”.

“Esta participación del personal de la corte en los arrestos de ICE es un drenaje de recursos y ha contribuido a algunos de los incidentes más perturbadores en los últimos dos años”, puntualizan. “Los tribunales deben ser tratados como lugares sensibles”, puntualizan.

Al término de la misiva, los ex jueces de inmigración instan al director interino de ICE “que tome medidas para restablecer la confianza en el acceso seguro a los tribunales, incluido el tratamiento (de las personas que acuden a esta instancia), tal como lo hacen las escuelas, hospitales, lugares de culto y religiosos”.

Advierten que la política actual de ICE prohíbe a los agentes “realizar actividades de cumplimiento en lugares sensibles”, excepto en “circunstancias exigentes, como riesgos de violencia y seguridad nacional”.

En enero, Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump convirtió en una práctica en todo el país el arresto de inmigrantes en las cortes cuando acuden a una cita y sus casos no han concluido. El procedimiento fue activado por medio de un memorando que incluye la directiva número 11072.1, firmado por Thomas D. Homan, entonces subdirector de la agencia.

En el documento, Homan dice que la nueva política se basa en la competencia de la agencia para la implementación de la ley de inmigración, y que los arrestos pueden llevarse a cabo en cortes estatales y locales.

Añade que este tipo de detenciones “reducen” los riesgos de seguridad para el público, los extranjeros y los agentes de ICE, porque en el acceso a las cortes los individuos pasan por sistemas de control, entre ellos detectores de armas de fuego.

La agencia ha asegurado que las operaciones se llevan a cabo “discretamente”, y señala que muchos de detenidos son personas que llegan a las cortes “por infracciones civiles o penales no relacionadas” con temas migratorios.

El memorando justifica los operativos indicando que “son necesarios” teniendo en cuenta la falta de voluntad, dice, de jurisdicciones que no cooperan con el gobierno federal en la detención de extranjeros criminales.