Dan nuevo revés a la Ley Alabama

ATLANTA (Agencias).— Una corte federal de apelaciones bloqueó temporalmente ayer dos secciones más de la nueva ley de Alabama contra los inmigrantes sin permiso de estancia en EU, en tanto se conoce el resultado de una impugnación jurídica que busca derogar la ley por completo.

La Corte de Apelaciones del Décimo Primer Distrito emitió una orden bloqueando una sección que dice que las cortes no pueden forzar contratos que involucren a inmigrantes indocumentados y otra que convierte en delito mayor que un inmigrante ilegal desempeñe actividades con el estado.

Sin embargo, el tribunal dejó intactas las cláusulas que permiten a la policía revisar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas por una infracción de tránsito u otras faltas.

El gobierno de México reconoció la decisión de suspender de manera temporal dos disposiciones adicionales de la Ley HB56 de Alabama y detalló que los gobiernos de México y de 15 países latinoamericanos interpusieron un recurso de “Amigo de la Corte” el 15 de noviembre ante la instancia judicial que emitió la suspensión adicional ayer.

“La SRE expresa el reconocimiento del gobierno de México por la orden de suspensión temporal de dos disposiciones adicionales de la Ley HB56 de Alabama, dictada por la Corte de Apelaciones del 11 Circuito con sede en la ciudad Atlanta”, expresó en un comunicado. La ley de Alabama fue impugnada el año pasado tanto por el gobierno federal como por una coalición de grupos de activistas y los casos fueron apelados en la corte del Décimo Primer Distrito.

Un panel de tres jueces de esa corte escuchó la semana pasada los argumentos del caso, pero afirmó que no emitiría un fallo sobre las impugnaciones a la ley de Alabama y otra de Georgia hasta que la Corte Suprema decida sobre una impugnación federal a una ley similar de Arizona. “Estamos muy complacidos de que (la corte del) Décimo Primer Distrito comprendió los daños que estas provisiones estaban ocasionando en Alabama y creyó conveniente unirse a ellas”, dijo Sam Brooke, de la organización activista Southern Poverty Law Center, que presentó la semana pasada su argumentación ante el tribunal de apelaciones. “Este es un día grandioso para los residentes de nuestro estado”, afirmó.

Los opositores a las medidas argumentan que tales leyes conducen a la discriminación y a la etiquetación racial, y que la inmigración es un asunto federal que no debería ser controlado por retazos de leyes estatales.

Quienes las apoyan afirman que los estados se han visto obligados a actuar para proteger sus recursos debido a que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para acabar con la afluencia de inmigrantes indocumentados. ?

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