Cuesta caro a EU combatir la inmigración

Según un informe divulgado hoy, el presupuesto combinado de las principales agencias federales anticrimen erogaron casi 187 mil millones de dólares en la aplicación de la ley de inmigración en los pasados 26 años y casi 18 mil millones de dólares en el año fiscal 2012, o sea, 24 por ciento más que el gasto colectivo de otras agencias.

Para el año fiscal 2012, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Servicio Secreto y la Oficina de Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre otras, tuvieron un presupuesto de 14 mil 400 millones de dólares.

Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), pertenecientes al Departamento de Seguridad Interna (DHS), refieren más casos para su proceso legal que todas las agencias de aplicación de la ley del Departamento de Justicia.

En la actualidad, más de la mitad de todos los procesos federales penales están relacionados con delitos sobre inmigración, la mayoría por ingreso ilegal, que es un delito menor y por reingreso ilegal, que es un delito grave.

El aumento se debe a la Operación Streamline de la Patrulla fronteriza para impedir la inmigración ilegal al procesar a los que cruzan ilegalmente la frontera en lugar de aplicar el método tradicional de concederles el retorno voluntario.

El enfoque en inmigrantes con antecedentes penales ha originado un incremento en sus deportaciones y la cifra tiende a continuar aumentando, indicó el informe del MPI.

Enfatizó que la aplicación de la ley en particular en la frontera suroeste con México representa el más financiado y más publicitado elemento en el control fronterizo, como lo demuestra el despliegue de 21 mil 370 agentes de la Patrulla Fronteriza en 2012, el doble que hace siete años.

Asimismo, hay un número mayor de personas detenidas cada año en el sistema de detención de inmigración, que las que cumplen sentencias en la Oficina Federal de Prisiones por otros delitos federales, puntualizó.

El análisis se divulga en momentos en que tanto el presidente Barack Obama, como el Congreso evalúan impulsar una reforma del sistema de inmigración, que podría incluir la legalización de unos 11 millones de indocumentados.

La coautora del informe, Doris Meissner, dijo que, con base en los presupuestos, aplicación de la ley y volumen de casos, la aplicación de la ley de inmigración se puede ver como la prioridad tanto por parte de las administraciones demócratas, como las republicanas.

El informe titulado “Aplicación de la ley en Estados Unidos: el surgimiento de una maquinaria formidable” analiza la evolución del sistema de aplicación de la ley de inmigración desde la ley de reforma migratoria de 1986.

También se enfoca en el periodo posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en términos de presupuestos, personal, acciones de aplicación de la ley y tecnología.

Además revisa los programas 287g y Comunidades Seguras que permiten la colaboración de la policía con agentes de inmigración, lo cual ha generado críticas de grupos defensores de los derechos civiles y entidades policiales.

Según el informe, las deportaciones alcanzaron una cifra récord, las aprehensiones en la frontera con México cayeron en 2011 a sus niveles más bajos en 40 años y a la aplicación de la ley de inmigración se le ha dado una nueva herramienta clave en las estrategias antiterroristas del país.

El coautor del documento, Muzaffar Chishti, señaló que el sistema moderno se extiende más allá de las fronteras estadunidenses para registrar a los visitantes con bases múltiples de datos antes de su llegada.

Este sistema, agregó, se extiende incluso a comunidades locales con la cooperación de las fuerzas policiales.

Sostuvo que también se ha expandido el programa voluntario de verificación de empleo y el ICE se ha enfocado desde 2009 en auditoría a más de ocho mil empleadores, y ha impuesto casi 88 millones de dólares en multas a los infractores.

A esa situación, se agrega que muchos residentes legales enfrentan una posible deportación por delitos que cometieron en el pasado, debido a que el Congreso aprobó una ley que se aplica de manera retroactiva.

De acuerdo con el informe, más de cuatro millones de extranjeros, principalmente indocumentados, han sido deportados desde 1990, con un incremento de poco más de 30 mil en el año fiscal 1990 a casi 400 mil en 2011.

Menos de la mitad de las deportaciones se realizan con una audiencia formal ante un juez de inmigración, en tanto que la mayoría se realiza bajo la autoridad administrativa del DHS.

La política de discreción procesal desde 2011 a favor de personas sin antecedentes penales consideradas de “baja prioridad”, ha originado que las cortes ordenen el cierre administrativo de mil 801 casos de deportación, señaló el informe.

Sin embargo, el retraso en los casos pendientes ante cortes de inmigración se ha incrementado y en marzo de 2012 se mantenía en la cifra récord de 305 mil 556 casos.

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