Crece alarma por aceleración de casos de asilo en juicios secretos celebrados en la frontera

Publicado el 3 de diciembre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

Un grupo de congresistas demócratas expresó serias preocupaciones por la implementación de dos nuevos programas piloto que afectan a los migrantes que piden asilo en la frontera, cuyos casos son ventilados en juicios secretos ordenados por el gobierno de Donald Trump.

Los programas, denominados ‘Revisión Inmediata de Solicitud de Asilo’ (PACR) y ‘Revisión humanitaria del Proceso de Asilo’ (HARP), fueron diseñados por el gobierno en el marco de la política de ‘tolerancia cero’, y tienen como objetivo acelerar los procesos y con ello aliviar la crisis humanitaria que se vive en la frontera con México.

Pero los legisladores advierten que ambos programas “plantean serias preocupaciones”, no solo porque el gobierno quiere apurar el debido proceso que antes demoraba meses, sino porque inyectando prisa a los casos impide que los migrantes reciban ayuda legal “mientras están detenidos bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)”.

“El solicitante de asilo tiene derecho a consultar con un abogado o personas de su elección antes de la celebración de sus audiencias de asilo”, dijo el grupo en una carta dirigida al Comisionado en Funciones del CBP, Mark A. Morgan.

Advierten además que, el blanco de los programas son niños y sus padres que permanecen detenidos, quienes están siendo procesados en el área de El Paso, Texas, en tribunales improvisados que celebran juicios a puertas cerradas y a los que no pueden acceder observadores independientes.

En la misiva, fechada el pasado 22 de noviembre, los congresistas aseguran que los migrantes afectados por estos programas, que cuentan con el respaldo de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), causan un “impacto dañino” en la comunidad migrante y vulnera “nuestro sistema de asilo en general”.

En cuestión de días, algo que antes demoraba meses, los programas obligan a los solicitantes de asilo a navegar la adjudicación de sus reclamaciones mientras está detenido en las instalaciones del CBP en la frontera”, donde se les dificulta el acceso a contar con la asistencia de un abogado para defender sus casos.

La carta también denuncia hacinamiento en los centros de detención temporales del CBP. “Los detenidos tienen poco o ningún espacio para consultar con un abogado en privado, o transmitir detalles confidenciales de sus respectivos casos”, indica.

“Además, entendemos que las personas tienen 24 horas para comunicarse con familiares o abogados por teléfono. Dentro de ese mismo período de tiempo, los solicitantes de asilo deben pasar por entrevistas iniciales de asilo, donde los oficiales tienen la tarea de determinar si tienen un temor creíble o razonable de persecución si son regresados a los países de los cuales huyeron”, agrega la misiva.

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la aceleración de los casos de asilo en las cortes secretas implementadas en Texas “dañan el debido proceso” porque no le dan tiempo a los migrantes a preparar adecuadamente sus casos.

“No están impartiendo justicia. El gobierno está más interesado en llegar a una conclusión en vez de evaluar la justicia que le brinda a un solicitante de asilo”, dijo Alex Gálvez, u abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Lo que está fracasando con estos programas es la justicia y los derechos de los migrantes. Las vidas de estas personas están en riesgo. No debería tener precedencia el tiempo, sino la justicia que se imparte en un caso de asilo”, indicó.

La misma preocupación se observa en la carta dirigida a Morgan. Los congresistas temen que, al no contar con el tiempo adecuado para defender un caso de asilo, los migrantes, luego que son procesados aceleradamente por los jueces, “reciben un trato superficial en sus casos” y luego son enviados a sus países de origen, desde donde huyeron para salvar sus vidas.

“Incluso si los solicitantes de asilo pueden de alguna manera identificar, contactar y finalmente contratar a un abogado de inmigración dentro del período de 24 horas asignado bajo los programas PACR y HARP, ellos son incapaces de reunirse y consultar con ellos en persona”, describe la carta.

Otra preocupación manifestada por los congresistas se refiere a la celebración de audiencias de miedo creíble por teléfono y no en persona, como se hace hasta ahora. “Esto también presenta problemas para el debido proceso”. Y agregan que los programas piloto activados en la frontera “evitan que los abogados revisen la evidencia física en posesión de un solicitante de asilo”, pieza clave que decide al final de cuentas un caso de asilo.

“El objetivo subyacente de los programas PACR y HARP parece ser disuadir a los solicitantes de asilo de venir a Estados Unidos, y detenerlos y deportarlos lo más rápido posible una vez que estén aquí”, añaden.

Indican además que “las familias solicitantes de asilo deben recibir un proceso justo y se les debe permitir presentar sus solicitudes de manera oportuna y ordenada”, y recuerdan que, una vez procesados, los solicitantes de asilo “deben ser liberados de la custodia de CBP dentro de las 72 horas de acuerdo con
política de larga data”.

Los congresistas enviaron a Marks una larga lista de preguntas, entre ellas la fecha de inicio de ambos programas piloto, cuántas personas han sido sometidas a los programas PACR y HARP a la fecha, cuántos han ganado sus casos de asilo, y cuántos casos han sido revisados.

También preguntan al comisionado en funciones del CBP por el número de Menores No Acompañados (UAC) afectados, los criterios utilizados para emitir veredictos, así como el tiempo y acceso de los migrantes a llamadas telefónicas para contactar familiares y asistencia legal.

También preguntaron qué pasos, si hay alguno, ha tomado CBP para informar a los abogados sobre PACR o HARP y si se han desarrollado protocolos para permitirles hablar y asesorar a sus clientes en el PACR y HARP de manera confidencial.

“Le instamos a que reconsidere de inmediato la implementación de estos programas”, concluye la carta.

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