Cortes de inmigración apuran el paso, pero los casos acumulados pasan de 1 millón y la crisis en la frontera continúa

Publicado el 13 de diciembre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

Las cortes de inmigración completaron más de 275,000 casos durante el año fiscal 2019, según informe elaborado por la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia. La cifra representa el segundo número más alto de finalizaciones en la historia de ese tribunal, precisó la entidad.

La cantidad de casos reportado supera en aproximadamente 80,000 los expedientes finalizados en el año fiscal 2018. Sin embargo, las cortes tienen acumulados más de 1 millon de casos y nada indica, por el momento, que el problema será resuelto en el corto o mediano plazo.

Si bien el incremento responde a los nuevos objetivos establecidos por el gobierno de Donald Trump desde el año pasado y la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, el atasco continúa siendo un problema grave. Un número importante de inmigrantes aguardan durante meses -o años- detenidos hasta que un juez resuelve sus futuros, ya sea permitiendo que se queden en Estados Unidos o se dicte contra ellos una orden de deportación.

“El que hayan completado los casos no significa que los procesos de deportación llegaron a su fin”, advirtió Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Muchos inmigrantes, una vez se dicta una sentencia en una corte de inmigración, apelan y continúan batallando por sus permanencias dentro del debido proceso migratorio”.

La EOIR dice que el aumento en el número de casos completados responde a objetivos del gobierno, entre ellos la cuota a los jueces establecida en octubre del año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

La EOIR señala además que los números del año fiscal 2019 son casi el doble del número de casos completados de hace solo tres años.

“Nuestros tribunales de inmigración están haciendo todo lo que está a su alcance para juzgar eficientemente los casos de inmigración, al tiempo que respetan los derechos al debido proceso”, dijo James McHenry , director del EOIR

Sin embargo, agregó que “la adjudicación eficiente por sí sola no puede resolver la crisis en la frontera. Mientras EOIR está haciendo un trabajo sin precedentes adjudicando casos de manera justa y expedita, el retraso de casi un millón de casos seguirá creciendo a menos que el Congreso actúe para abordar la crisis”, indicó.

La EOIR precisa que el aumento en el número de casos es parte de “un esfuerzo continuo para devolver el estado de derecho al sistema de inmigración de Estados Unidos”. Y señala que el Departamento de Justicia “ha introducido iniciativas para mejorar la eficiencia de EOIR en la adjudicación de casos sin comprometer el debido proceso”.

Uno de los cambios activados por la EOIR en el último año es el cierre de 700 casos diarios por cada juez, y aquellos que no cumplan se verán impactados en sus evaluaciones de fin de año.

La medida, sin embargo, ha sido fuertemente criticada por jueces y abogados de inmigración. “Esta asombrosa política la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se ven obligados a apresurarse, a menudo en procesos de vida o muerte”, advirtió en su momento la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Agregó que el sistema de cuotas “socava la independencia judicial, amenaza el debido proceso y evita que las personas tengan un día en corte justo”.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha dicho que el gobierno de Trump ha “ignorado las sugerencias sobre el debido proceso de inmigración”, y tampoco está cumpliendo con recomendaciones presentadas en un informe interno de la era de Barack Obama sobre cómo el Departamento de Justicia podría manejar mejor los procedimientos de inmigración mientras se adhiere al debido proceso.

También ha señalado en varias ocasiones que la implementación de las cuotas de desempeño “van en contra de las recomendaciones contenidas en el informe de abril de 2017, que pidió que las revisiones de desempeño se basaran en el cumplimiento del debido proceso en lugar de resultados, de acuerdo con el consejo de los abogados de AILA y del Consejo de Inmigración”.

“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está extremadamente consternada por los pasos, sin precedentes, tomados por este gobierno para imponer cuotas de producción a los Jueces”, dijo en octubre del año pasado a Univision Noticias Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la entidad.

Para la NAIJ el problema es serio. “Uno no puede cuantificar el debido proceso”, advierte Marks. “Cada caso tiene sus propios méritos que deben abordarse caso por caso. Un juez debe tener la libertad de permitir que las partes que tiene ante él presenten el testimonio y la evidencia documental necesaria para probar el caso, en lugar de limitarlo debido a consideraciones extrañas o presiones políticas”.

Además de las medidas adoptadas por el gobierno, el EOIR señala que “ha trabajado para reducir el atraso de casos mediante la contratación de nuevos jueces, ampliando la capacidad de los tribunales y enfatizando la importancia de completar los casos de manera oportuna de conformidad con la ley”.

Sin embargo, añade, “debido al gran volumen de casos de inmigración presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), impulsado por la crisis fronteriza en curso, el número de casos pendientes era de aproximadamente 987,000 a fines del año fiscal 2019”.

Precisó además que “los 444,000 casos nuevos presentados por DHS en el año fiscal 2019 se trata del número más alto en la historia, y está muy por encima del promedio histórico de 225,294 registrado del año fiscal 2009”.

El EOIR indica que al 30 de septiembre tenía 442 jueces, el número más alto en su historia, y que espera nuevas contrataciones en el futuro inmediato. En promedio, indicó que los jueces de inmigración completaron 708 casos cada uno en el año fiscal 2019, por encima de la cuota fijada por el gobierno el año anterior.

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