Corte Suprema de Justicia decidirá este jueves si toma un caso sobre DACA en el 2020

Este jueves la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá, a puertas cerradas, si toma un caso para revisar la legalidad de la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers.

Activado por el entonces presidente Barack Obama, el programa, que además otorga una autorización de empleo (EAD), fue cancelado el 5 de septiembre de 2017 por orden del presidente Donald Trump en cumplimiento de una promesa de campaña.

Pero en enero de 2017 una corte de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restituir el beneficio en los mismos términos que se encontraba antes de ser caducado, excepto para jóvenes que antes no se habían inscrito.

Entre los meses de febrero y abril del año pasado otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA propinándole un duro golpe a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del mandatario.

En respuesta a los fallos favorables, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston.

Contrario a lo esperado por los demandantes, en agosto la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen determinó que los detractores no pudieron demostrar que la continuación del programa causaría un daño irreparable y argumentó que se haría más daño a los beneficiarios de DACA si perdieran el beneficio.

El dictamen, además, fijó un plazo de 21 días para que los demandantes activen cualquier proceso de apelación al señalar que DACA es “probablemente ilegal”, pero los estados desistieron de este derecho.

En febrero de 2015 Hanen detuvo la entrada en vigor de un beneficio similar aprobado por Obama que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes legales permanentes y ciudadanos bajo un programa denominado DAPA.

En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que se ocupe del caso para que el gobierno elimine gradualmente el programa.

Los abogados del Departamento de Justicia intentaron, con este paso, eludir los tribunales de apelación federales que aún no se han pronunciado definitivamente sobre el futuro de DACA.

Dos meses más tarde, en enero de este año, el máximo tribunal de justicia anunció que se mantendrá al margen del debate jurídico hasta que los tribunales inferiores actúen.

Tres meses después, en mayo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que el gobierno de Trump actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al tratar de cancelar el programa.

Los magistrados, en una decisión de 3-2, señalaron que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa sin explicar debidamente por qué.

La decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló un dictamen de un tribunal menor en Maryland del año pasado, que Trump había elogiado en Twitter.

La corte de Maryland consideró legal la decisión tomada en septiembre de 2017 por el presidente Donald Trump de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Sin embargo, el fallo no afectó la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para sus beneficiarios, pues el caso permanece en litigio en una corte superior.

El juez Roger W. Titus explicó en su decisión, de 30 páginas, que Trump tenía la autoridad para acabar con el programa y que el Congreso de Estados Unidos es el único que puede hacer cambios en las leyes de inmigración.

Agotadas las instancias judiciales, el gobierno acudió nuevamente a la Corte Suprema para que revise el programa. La decisión de incluirlo en la lista de debates del 2020 se tomará este jueves.

A comienzos de este mes los demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por la congresista Nancy Pelosi (California), aprobaron por 237 votos a favor y 187 en contra, el proyecto de Ley de Sueños y Promesas 2019, que daría estatus legal de permanencia a miles de dreamers y otros miles de indocumentados protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS).

La iniciativa de ley incluye un camino hacia la regularización migratoria de más de 2 millones de dreamers y unos 450,000 beneficiarios del TPS y DED, quienes primero recibirían una residencia condicionada y al cabo de un tiempo calificarían para levantar las restricciones y convertirse en residentes legales permanentes.

Cinco años después de obtenida la green card o tarjeta verde, el beneficiario será elegible para solicitar la naturalización y convertirse en ciudadano estadounidense.

La Casa Blanca ha advertido que vetará el proyecto de ley si no incluye las exigencias del mandatario sobre seguridad fronteriza, la construcción del muro en la frontera con México y el freno a la inmigración indocumentada, entre otros.

Para ser aprobado el plan en el Senado se requieren 60 votos y los demócratas solo cuentan con 45. Los republicanos no han confirmado si respaldarán la iniciativa.

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