Corte Suprema considerará discrepancia en aplicación de “ley de los diez años”

La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó este viernes revisar un caso que afectaría el acceso de inmigrantes en ciertos estados del país a un alivio migratorio extremo que se llama “cancelación de remoción“, mejor conocido como “ley de los 10 años”.

El caso en cuestión, que será considerado por el máximo tribunal, pretende resolver el conflicto existente entre la forma en que se aplica el alivio en la mayoría del país con lo que ocurre en los estados del llamado “primer circuito”, que incluyen a Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island.

En dichos estados, los precedentes legales dictan que el reloj de los diez años se detiene cuando un inmigrante recibe una “orden de comparecencia” para un juicio de deportación, aunque dicha orden no incluya detalles como la fecha de la audiencia. Esto no ocurre en otros estados del país, en los que el envío de ese tipo de orden no “detiene el reloj”.

La “cancelación de remoción” es un tipo de alivio migratorio que puede aplicarse a personas con más de 10 años en el país y situaciones extremas como familiares que arriesgan sufrir de manera extrema si este es deportado. Es un alivio extremadamente difícil de lograr, pero es a menudo la última opción de personas que no tienen otras vías legales para quedarse en este país.

Los demandantes, incluyendo un documento de apoyo presentado por la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), alegan que es muy importante resolver esa diferencia geográficaen la forma en que se aplican los requisitos del alivio.

La Corte Suprema estuvo de acuerdo en considerar el tema y lo hará en su actual sesión deliberativa.

La demanda legal en cuestión es Pereira v. Sessions.  Wescley Fonseca Pereira es un inmigrante que se quedó sin permiso en el país al expirar su visa en el año 2000, y que ha vivido durante más de una década en Martha´s Vineyard, una isla de Massachusetts.

Antes de cumplir los seis años de residencia no autorizada en el país, Fonseca recibió una orden de comparecencia, sin fecha de juicio.  En 2013 la policía lo detuvo tras cometer una infracción de tráfico y lo entregó a las autoridades migratorias para iniciar un juicio de deportación.

Cuando el inmigrante trató de utilizar el alivio de “cancelación” -habiando vivido en el país más de 13 años- el tribunal falló que no cumplía el requisito de residencia porque la orden de comparecencia original había “detenido el reloj”.

AILA argumentó en su documento que “es intolerable que el destino de miles de no ciudadanos y sus familias dependa de una cuestión arbitraria como la geografía, y este tribunal debería intervenir”.

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