Corte federal bloquea programa de deportaciones expeditas del gobierno de Trump

Una jueza federal detuvo la noche del viernes el programa de deportaciones expeditas anunciada por el gobierno de Donald Trump en julio, propinándole otro golpe al mandatario en sus esfuerzos por implementar la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

La nueva regla, publicada el 23 de julio en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), concede poderes extras a los agentes de inmigración para detener, arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional y para que puedan ser expulsados de forma acelerada si tienen antecedentes criminales y no demuestran que llevan al menos dos años en el país.

Los detenidos podían ser expulsados del país sin antes presentarse ante un juez de inmigración.

La medida amplió a nivel nacional el programa denominado de Deportación Acelerada (Expedited Removal), que hasta septiembre solo se aplicaba dentro de las primeras 100 millas (160 kilómetros) de la frontera.

El fallo es de cumplimiento inmediato y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podrá aplicar las deportaciones expeditas mientras el proceso judicial continúa.

En el dictamen, de 126 páginas, la jueza Ketanji Brown Jackson, quien preside la corte de distrito de Estados Unidos en Washington DC, ordenó parar la nueva política indicando que el proceso de toma de decisiones del gobierno de Trump parecía haber violado la ley federal.

Jackson indicó además que la nueva política migratoria de Trump parecía arbitraria, y criticó a los funcionarios federales de inmigración por no llevar a cabo una práctica formal de notificación y comentarios, pasos requeridos para llevar a cabo cambios importantes en normas federales.

“Los actores gubernamentales que toman decisiones de política en su capacidad oficial no pueden sucumbir a caprichos o pasiones mientras hacen las reglas”, escribió la jueza Jackson. “Si una decisión de política que toma una agencia tiene consecuencias suficientes de que califica como una regla de la agencia, entonces la arbitrariedad en la decisión de los contornos de esa regla (…) simplemente no servirá”, apuntó.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones, dijo que dedicó seis semanas para supervisar el nuevo reglamento e instruir a sus agentes antes de activarla, el pasado 1 de septiembre.

La nueva regla, redactada en el marco de la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump, “es fundamental para responder a la actual crisis que enfrenta nuestro sistema de inmigración con todas las herramientas legales que el Congreso ha brindado”, indicó el director interino de ICE, Matthew Albence el pasado julio.

La demanda a la regla fue presentada en agosto por la organización Make to Road New York, junto con las organizaciones LUPE (La Unión del Pueblo Entero) y We Count!. Los demandantes alegaron que la nueva regla del gobierno aceleraba las deportaciones sin un proceso legal justo, tal como una audiencia en la corte o el acceso a un abogado.

Antes de la regla, la remoción acelerada se limitaba a una zona de 100 millas de la frontera a los que llegaron por mar y para aquellos que han estado en Estados Unidos durante 14 días o menos.

Los demandantes indicaron en el recurso que cientos de miles de personas que viven en cualquier parte del país “corren el riesgo de ser separados de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso”.

Entre las conclusiones contenidas en el fallo de la jueza Jackson, se indica que “el tribunal tiene el poder de escuchar el caso, nuestros clientes tienen capacidad legal para impugnar las acciones del gobierno, y la administración Trump no siguió los procedimientos requeridos por la ley federal para implementar la nueva norma, y “participó en actos arbitrarios y caprichosos”.

Funcionarios también han asegurado que la nueva política aliviaría las cargas en los tribunales de inmigración y el Departamento de Justicia, que ya acumulan más de 1,000,000 de expedientes, sin contar otros 300,000 casos cerrados administrativamente que fueron reabiertos el año pasado por orden del entonces fiscal general, Jeff Sessions.

El gobierno también asegura que la regla de deportaciones expeditas se hizo para abrir espacios en los centros de detención de ICE.

A pesar de los argumentos, la jueza Jackson, que fue nombrada durante el gobierno de Barack Obama, indicó que no veía indicios de que los funcionarios hubiesen considerado en algún momento la posible interrupción en las vidas de cientos de miles de inmigrantes indocumentados y sus familias.

“El tribunal determina que la moción de los demandantes para una orden judicial preliminar debe ser otorgado, y por lo tanto, los demandados serán reclamados preliminarmente para hacer cumplir el cambio de política que el Secretario Interino del DHS McAleenan implementó con la Notificación del 23 de julio, pendiente del resultado del litigio ante este Tribunal, según lo establecido adelante en la orden de acompañamiento”, se lee en las conclusiones del fallo.

“El saldo de los daños pesa a favor de la emisión de una orden judicial preliminar”, añade.