Corte falla a favor de nueva regla de carga pública, pero seguirá en suspenso por demandas pendientes

En una decisión dividida (2-1), un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló el jueves a favor de la nueva regla de carga pública del gobierno de Donald Trump, pero la medida seguirá en suspenso hasta que se resuelvan demandas pendientes en tribunales de otros circuitos.

El dictamen concluye que “es probable que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) tenga éxito en los méritos”, y que tras revisar los argumentos presentados “sería suficiente revertir las órdenes de los tribunales de distrito”, que en octubre detuvieron la entrada en vigor de la medida.

Los jueces determinaron que la suspensión de la nueva regla provocaría al DHS un “daño irreparable”, que la suma de dificultades “favorece una estadía” y que la estadía de los extranjeros en el país es un asunto “de interés público”.

El fallo también señala que desde 1882, cuando el Congreso promulgó el primer estatuto migratorio, la ley prohíbe la admisión a Estados Unidos de “cualquier persona incapaz de cuidarse a sí mismo sin convertirse en una carga pública”.

La orden deja sin efecto prohibiciones dictadas por jueces federales de Oakland (California) y Spokane (Washington), quienes bloquearon la nueva regla. Pero la regla sigue suspendida porque los fallos emitidos por jueces de Maryland y Nueva York no se ven afectados por la sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que pertenece a otra jurisdicción.

La segunda semana de octubre, días antes de su entrada en vigor prevista para el día 15, cuatro tribunales federales de distrito fallaron en contra de la nueva norma que el gobierno de Trump había anunciado en octubre del 2018 y publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) en agosto, 10 meses más tarde.

En uno de los fallos, el juez federal de distrito George Daniels de Nueva York, calificó la nueva regla de carga pública como una desviación innecesaria de los procedimientos establecidos durante “más de un siglo”.

“Además de las alegaciones concluyentes de que serán perjudicados por el impedimento para administrar el sistema de inmigración, los acusados no articularon y no pueden articular qué dificultades reales sufrirán por mantener el status quo”, escribió Daniels.

La norma en suspenso permite a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card), a extranjeros que utilizan ayudas públicas tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.

Las sentencias prohibieron al gobierno la implementación de la nueva norma, que de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y abogados, afectaría a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.

El panel escribió en el dictamen que, de acuerdo con la ley de inmigración vigente y que fue modificada por el Congreso en 1996, el gobierno puede negar la entrada al país o ajustar su estado migratorio si es probable “que en cualquier momento se convierta en una carga pública”, y que esto lo convierte en “inadmisible”.

Advierte además que, para hacer esta determinación, el funcionario consular, al momento de cursar una petición de visa o beneficio migratorio, como mínimo debe tener en cuenta una serie de factores, entre ellos edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades de la persona.

El juez Jay Bybee escribió en la sentencia que el panel encontró que la historia del uso de término carga pública en la ley federal de inmigración “no tiene un significado fijo y e inequívoco”, y que la frase está sujeta a “múltiples interpretaciones, y de hecho ha sido interpretada de manera diferente”, pero que el Poder Ejecutivo “la facultad discrecional de interpretarla”.

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