Corte determina que el gobierno de Trump puede continuar enviando a México a solicitantes de asilo

Una corte federal de apelaciones dio este martes la razón al gobierno del presidente Donald Trump al determinar que puede seguir enviando a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos en las cortes de inmigración, revirtiendo así el fallo previo de un juez que había bloqueado la medida.

La orden, emitida por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, ratificó al presidente una victoria temporal en su estrategia sobre la inmigración, al permitir que siga adelante con la política que ya había empezado a implementar, hasta que se resuelva el caso de manera definitiva.

En abril, un juez federal de California había bloqueado la política que obliga a ciertos extranjeros que piden asilo en la frontera esperar en México hasta que un juez revise sus casos en una corte de inmigración. Una semana más tarde, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9 Circuito bloqueó de manera temporal el dictamen que había impèdido a Trump los retornos a territorio mexicano de migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

El fallo del martes, sin embargo, no es definitivo. La corte de Apelaciones de San Francisco aún debe examinar la totalidad de los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema.

Según determinó el panel de jueces, el Departamento de Seguridad Nacional de (DHS) logró probar que si esta política de retornos se bloqueaba, como había ordenado anteriormente un juez federal, se causaría un “daño irreparable” al “eliminar una de las pocas medidas autorizadas por el Congreso para procesar los aproximadamente 2,000 inmigrantes que llegan a la frontera sur de EEUU a diario”.

El juez federal Richard Seeborg falló el 8 de abril que la política debía ser detenida mientras la demanda proseguía.

Con el dictamen del martes la decisión del 8 de abril queda completamente sin efecto, pese a que todavía tenga que llegar un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

El gobierno de Trump dio a conocer en diciembre, poco antes de Navidad, el programa denominado “Permanecer en México” para migrantes que ingresan al país por San Diego y después lo ha ampliado a El Paso, Texas. Desde que se puso en práctica en enero se ha enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras del DHS, responsable de su implementación.

El objetivo del gobierno es tomar medidas enérgicas contra las solicitudes de asilo, que se han disparado a medida que los migrantes centroamericanos han cruzado la frontera suroccidental de Estados Unidos en cantidades cada vez mayores durante el último año.

Sin embargo, obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en México en condiciones posiblemente peligrosas representa una ruptura importante con una práctica de larga data que permitía a la mayoría de los migrantes que solicitaban asilo permanecer en Estados Unidos mientras esperaban el resultado de sus casos.

La ex secretaria de Seguridad Nacional que introdujo la política, Kirstjen Nielsen, dijo que muchos solicitantes de asilo se han saltado sus citas en los tribunales y han desaparecido en el país, un argumento que respalda Trump.

La política “Permanecer en México” fue demandada en febrero por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) junto a 11 migrantes afectados por la medida. Argumentaron que la medida “restringe” el debido proceso migratorio “y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo”.

Precisaron además que la política ideada por el gobierno de Trump “hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo” por parte de las autoridades estadounidenses, y que la permanencia en territorio mexicano, después de huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza, no garantiza que no habrá nuevos y mayores peligros.

El programa no incluye a menores migrantes no acompañados (UAC), quienes están protegidos por una ley de prevención de tráfico humano (TVPRA) de 2008, que impide sus deportaciones aceleradas y obliga a un juez de inmigración a revisar sus casos y decidir sus futuros en Estados Unidos.

El magistrado Paul Watford, uno de los tres que conforman el panel de la Corte de Apelaciones del 9 Circuito y el que más crítico se mostró en esa ocasión con la defensa del Ejecutivo, recordó que el Gobierno tiene la obligación de no enviar a los solicitantes a un lugar en el que teman que pueden ser perseguidos.

En ese mismo sentido, y pese a la decisión de la corte favorable al Gobierno, Watford emitió este martes una opinión propia en la que aseguró que es “razonable asumir que por lo menos algunos de los demandantes de asilo a quienes afecta la política tendrán un miedo legítimo de ser perseguidos en México”.

Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, criticó el fallo. “Los solicitantes de asilo corren un grave riesgo de sufrir daños todos los días y la política de retorno forzoso continúa”, dijo, citado por Reuters.

Jadwat señaló que dos de los tres jueces que escucharon la apelación encontraron “serios problemas legales con lo que está haciendo el gobierno, por lo que hay buenas razones para creer que, en última instancia, esta política se detendrá”.

La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses, por lo que la decisión de hoy supone una excepción.

Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), México es un lugar “peligroso” para los migrantes que huyen de sus países, principalmente Centroamérica, y piden asilo en la frontera estadounidenses y son obligados a esperar en el lado mexicano.

“El gobierno de Trump sigue buscando formas más crueles de burlar la ley y hacer caso omiso de la moral básica. Las personas que huyen de la persecución tienen derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó la organización recientemente en un comunicado.

El plan “Permanecer en México” está restringiendo el debido proceso migratorio y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo, ha dicho la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 5.700 miembros en todo el país y se había unido a las protestas.

AILA insiste en que el protocolo creado por el DHS “altera drásticamente el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera y hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo de sus reclamos según lo requerido por la ley estadounidense y el derecho internacional”.

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