Corte de Apelaciones respalda la ley antisantuario SB4 de Texas

La Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó este martes casi toda la controversial ley SB4 de Texas, que castiga a las autoridades locales que no cooperen con las deportaciones y que se nieguen a eliminar sus políticas santuario.

Los jueces de la corte tan solo consideraron inconstitucional una palabra de la ley. El texto pide castigar a los líderes locales que “adopten, apliquen o apoyen” políticas que limiten la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), pero los magistrados bloquearon la palabra “apoyar”. Consideran que castigar con una multa, prisión o despido a una autoridad por “apoyar” políticas santuario puede atentar contra su derecho constitucional a la libre expresión.

La decisión fue tomada por un panel de tres magistrados. Es una victoria legal al gobernador Greg Abbott y los legisladores republicanos en Texas, y una derrota para algunas ciudades texanas y grupos de derechos de los inmigrantes.

El mismo Abbott tuiteó desde su cuenta personal la decisión judicial. Destacó que quedaron desestimadas las alegaciones de discriminación y subrayó que la ley sigue en efecto.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también celebró que los jueces hayan considerado la SB4 como “legal, constitucional y que protege la seguridad de las agencias de seguridad y de todos los texanos”. Según Paxton, aplicar la SB4 evita que se liberen a detenidos “con cargos de crímenes serios”.

Cuando Greg Abbott firmó la ley en mayo, la ciudad de El Cenizo y el condado de Maverick demandaron al estado. Se sumaron varias autoridades locales –incluidas las ciudades de Houston, San Antonio y Austin– y condados como El Paso. También contaron con el apoyo de grandes organizaciones civiles como ACLU y MALDEF.

ACLU de Texas dijo en un tuit que estaban decepcionados y valorando los próximos pasos a tomar.

La SB4, la primera norma antisantuario aprobada en una legislatura estadounidense, prohíbe que las cárceles locales se nieguen a cooperar con ICE y las obliga a cumplir las solicitudes que envía la agencia de inmigración para mantener a reclusos detenidos por un periodo extendido de hasta 48 horas, aunque hayan pagado ya la fianza.

También permite a los agentes preguntar sobre el estatus migratorio en la mayoría de situaciones. Las universidades no pueden impedir que sus funcionarios cooperen con ICE o le abran los portones.

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