Corte de Apelaciones propina un duro golpe a la política de ‘tolerancia cero’: el gobierno se equivocó al acusar a un indocumentado

La Corte de Apelaciones el 9º Circuito de California dictaminó que el gobierno se equivocó al acusar incorrectamente a un indocumentado que a su vez recibió una condena indebida por “ingreso ilegal“ a Estados Unidos.

El miércoles un panel de tres jueces “revocó una condena por delito menor” recibida por el inmigrante de origen mexicano Oracio Corrales Vázquez, quien en junio de 2018 cruzó la frontera entre México y Estados Unidos y se adentró unas 20 millas del puerto de entrada de Tecate, hasta que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El gobierno de Trump acusó a Corrales Vásquez de haber violado la Sección 1325 (a) (2) de la Ley de Inmigración, que convierte en criminal a cualquier inmigrante no autorizado por “eludir el examen o la inspección de los agentes de inmigración”.

Pero los jueces indicaron que el gobierno “no pudo” demostrar la conducta criminal del inmigrante mexicano, porque no ingresó por un lugar designado (puerto de entrada) y por tanto no eludió “el examen de inspección” respectivo.

“Debido a que el gobierno no hizo esa demostración, el panel revocó la condena”, se lee en el dictamen.

“Corrales-Vásquez fue acusado incorrectamente y fue hallado culpable indebidamente”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Ahora esta persona puede apelar el caso y quitar la convicción que le fue impuesta”, agregó.

El debate jurídico surgió a consecuencia de la aplicación de un cargo bajo la Sección 1325 (a) (2), que convierte en delito menor para cualquier inmigrante no autorizado “eludir el examen o la inspección de los oficiales de inmigración” en un puerto de entrada o zona autorizada.

Corrales, sin embargo, no eludió la inspección de un agente federal o tuvo la intención de hacerlo, sino que simplemente cruzó la frontera y luego fue detenido.

El juez Jon Bybee, quien no estuvo de acuerdo con los otros dos jueces del fallo, hizo notar su simpatía con la postura del gobierno y escribió que la dificultad fue causada por la jurisprudencia de la corte en relación con la Sección 1325 (a) (1) ,“lo que hace que sea un delito que un extranjero ingrese a Estados Unidos por fuera de un puerto de entrada” autorizado por el gobierno.

“Un error jurídico que no solo afectó a Corrales, sino a otros cientos, quizás miles de migrantes afectados por la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera del gobierno de Trump”, dijo Guerrero.

El diario Los Angeles Times dijo que el año pasado 6,461 casos de entrada sin papeles fueron prersentados en la corte de distrito de San Diego, pero no se sabe cuántos de ellos fueron formulados erróneamente.

Entre el 5 de mayo y el mediados de junio del año pasado el gobierno de Trump separó forzosamente unas 2,560 familias migrantes en la frontera tras formularle cargos criminales a los adultos por ingreso indocumentado al país, a muchos de ellos bajo la Sección 1325 (a) (2) de la Ley de Inmigración.

“A todas las personas acusadas y convictas de la misma manera que Corrales, les pusieron un cargo equivocado, que no les correspondía”, apuntó Guerrero. “El cargo fue incorrecto, por lo tanto, ahora cada uno de ellos individualmente podrá apelar su caso”, señaló.

Guerrero advierte, sin embargo, que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito “no quita que el gobierno trate de seguir acusando a los extranjeros que entran sin autorización al país, pero ahora deberá hacerlo de la manera correcta citando la Sección de la ley que corresponde”.

En enero un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), señaló que el sistema federal para evaluar las separaciones forzadas es muy poco preciso, recalcó que dicha estrategia empezó antes de que se anunciara públicamente y que el gobierno de Trump había deparado forzosamente más familias de las 2,560 reconocidas inicialmente, quizás miles.

“Se desconoce el número total de niños separados de un padre o tutor por las autoridades de inmigración” en el verano del año pasado, advierte el estudio. No se sabe cuántos de los padres afectados recibieron un cargo equivocado para arrebatarles a sus hijos mientras enfrentaban el proceso criminal.

Tras la presentación de los argumentos orales hace pocas semanas, los fiscales del gobierno “han dejado de acusas” a los indocumentados bajo la sección de “eludir” el control de los agentes federales en un puerto de entrada, reportó la publicación Voice of San Diego en su página digital.

La presentación del cargo formaba parte de la implementación del programa Streamline, implementado el 16 de diciembre de 2005 en Del Río, Texas, y luego extendido a Arizona y que actualmente opera en seis de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza, menos en California.

Streamline tiene como objetivo criminalizar el cruce indocumentado y deportar aceleradamente a los extranjeros detenidos en la frontera.

Los fiscales del gobierno han asegurado que el cargo criminal por ingreso indocumentado “no se aplica a los solicitantes de asilo” que ingresan a Estados Unidos entre puertos de entrada y luego se entregan a la Patrulla Fronteriza para pedir asilo.

En noviembre del año pasado el juez federal Jon S. Tigar, de San Francisco, prohibió al gobierno de Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos sin papeles.

Tigar dictó la orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de los abogados demandantes (la Unión Americana de Libertades Civiles y del Centro por los Derechos Constitucionales) y del Departamento de Justicia, luego que Trump firmara una proclama en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaban a llegar a la frontera sur.

La proclama presidencial negaba el derecho de asilo a aquellos inmigrantes que cruzan la frontera de manera indocumentada. “La norma que prohíbe el asilo a los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso”, escribió el juez Tigar, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama.

El miércoles Tigar, en otro fallo, frenó una política de Trump que negaba asilo a los migrantes si éstos no lo solicitaban primero en un tercer país. “Esta nueva regla es probablemente inválida porque es inconsistente con las leyes de asilo existentes”. Y agregó que la decisión del gobierno de implementarla fue “arbitraria y caprichosa”.