DACA evita la deportación a poco más de 690,000 jóvenes indocumentados que entraron al país siendo niños en compañía de sus padres y se les conoce como dreamers (soñadores).
El programa les otorga una autorización de empleo (EAD) que deben renovar cada dos años.
El dictamen, emitido por un panel de 3 jueces (votación de 2-1) señala que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa sin explicar debidamente por qué. La decisión anula un dictamen de un tribunal menor en Maryland del año pasado, que Trump había elogiado en Twitter.
La corte de Maryland consideró legal la decisión tomada en septiembre de 2017 por el presidente Donald Trump de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Sin embargo, el fallo no afectó la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para sus beneficiarios, pues el caso permanece en litigio en una corte superior.
El juez Roger W. Titus explicó en su decisión de 30 páginas que Trump tenía la autoridad para acabar con el programa y que el Congreso de Estados Unidos es el único que puede hacer cambios en las leyes de inmigración.
En el dictamen de este viernes, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito explica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no “explicó adecuadamente” en qué medida el fin de DACA afectaría a los centenares de miles de jóvenes que “estructuraron sus vidas” sobre las bases del beneficio migratorio.
DACA fue creado por Obama en respuesta a la inactividad del Congreso en el tema de la reforma migratoria para darle una oportunidad de legalizar sus permanencias a millones de indocumentados que llevan tiempo en ekl país y carecen de antecedentes criminales.
La decisión fue resultado de una demanda interpuesta por CASA y una coalición de organizaciones de Maryland, California, Washington, Michigan, Arkansas, Pennsylvania, Arizona y Connecticut, así como por la red nacional de proveedores y 17 personas.
“Este fallo es el resultado de una larga y valiente batalla que nuestros Soñadores han soportado en su lucha por mantener a sus familias unidas”, dijo Gustavo Torres, Director Ejecutivo de CASA.
El dictamen fue emitido un día después de que el presidente Donald Trump anunciara un nuevo plan migratorio basado en un fuerte componente de seguridad nacional, deportaciones aceleradas en la frontera y un programa de inmigraciópn basado en méritos.
El proyecto, que solo cuenta con apoyo republicano, dejó fuera de cualquier posibilidad de legalización a los 10.4 millones de indocumentados y a los casi 700,000 dreamers amparados por DACA.
Torres dijo que la decisión de la corte “contrasta con el anuncio de ayer del presidente que califica a esta comunidad como sin mérito”.
“La lucha no ha terminado y hay más batallas por combatir en la Corte Suprema en este camino hacia la justicia, pero nuestras familias están envalentonadas al saber que están en el lado correcto de la historia. La única pregunta es si todas las instituciones de este país podemos estar seguros de lo mismo”, indicó el director de DACA.
Cuatro meses después de la cancelación de DACA, el 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.
El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.
Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.
El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.
Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.
El 31 de agosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.
Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.
A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.
En enero de este año el máximo tribunal de juszticia anunció que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa.
El fallo de este viernes le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Obama activó en el 2014.
