El problema fue que el proceso de Certificación Laboral expiró el 30 de abril de 2001 y todos aquellos inmigrantes que llegaron al país después del 20 de diciembre del 2000 no fueron elegibles para recibir la residencia legal permanente a través del programa.
El programa se conoce como Sección 245(i) de la Ley de Inmigración y fue activado al término del gobierno de Bill Clinton, entre el 20 de diciembre de 2000 y el 30 de abril de 2001.
El plan benefició a unos 640,000 indocumentados, la mayoría originarios de México, quienes ajustaron sus estados de permanencia por medio de peticiones familiares y laborales.
Sineneng-Smith sabía que el programa había expirado. Ella, sin embargo, continuó firmando cobrándole a sus clientes -entre 2001 y 2008-, a quienes les decía que podrían obtener tarjetas verdes a través de Certificaciones Laborales.
El 14 de julio de 2010 un gran jurado acusó a la gestora de inducir a un extranjero a residir en el país a sabiendas de que no calificaba y la solicitud de residencia estaba en violación de la ley
Tras un juicio de doce días, el jurado encontró a Sineneng-Smith culpable de tres cargos por fraude por correo. La mujer apeló la sentencia argumentando que los cargos en su contra debían ser desestimados.
La corte dijo que el crimen que se alega en este caso “se encuentra arraigado en el discurso cuando se llevó a cabo un trabajo de consultoría de inmigración a nombre de extranjeros y sus empleadores” con el objetivo de solicitarle un beneficio al gobierno.
El panel también dijo que, “si un acusado fue condenado por ayudar e instigar una ofensa civil, no tenemos conocimiento de ningún caso que defienda un estatuto que restringe dicho discurso. Por lo tanto, aunque sea cierto, el discurso constituiría una ayuda e instigación cuando se dirija
hacia la comisión de un delito”.
Y advierte que la presencia no autorizada en el país sigue siendo una “violación civil y no un delito”.
Velásquez dijo además que “la razón de ese consejo de ‘quédate aquí, porque si te regresas te pueden matar’, no tiene la intención de violar la ley, sino proteger la dignidad humana. A eso apunta el fallo de la Corte de Apelaciones”.
La abogada de inmigración con más de 30 años de ejercicio en el estado de California dijo además que, la decisión del panel ayudará a miles de casos que se ventilan actualmente en las cortes de inmigración.
“Tenemos juicios en donde las personas están peleando una cancelación de deportación -un remedio para personas sin documentos- donde les preguntan qué harán con sus hijos, dónde los van a dejar, si se quedarán en Estados Unidos o se los van a llevar. Si el inmigrante dice que lo dejará aquí, es lo mismo. La decisión que toma un padre siempre será por el bienestar de un hijo”, agregó. “En muchos casos no existe la intención de violar la ley de Estados Unidos. Ese es el alcance del fallo”, indicó.
