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Contra fraude migratorio

Publicado el 21 de agosto de 2013
por Aracely Martínez Ortega en La Opinión

“Mientras que millones de familias californianas enfrentan la oportunidad histórica de mejorar sus vidas al perseguir un camino a la ciudadanía, el estado tiene que estar listo para asegurar que los servicios de migración sean emprendidos por profesionales competentes y con protecciones anti-fraude”, dijo la asambleísta demócrata de San Diego, Lorena González, autora de la medida.

California tiene la población más grande de inmigrantes indocumentados del país que potencialmente podrían calificar para una masiva reforma migratoria.

Lo que el proyecto de ley AB1159 pretende es evitar que los inmigrantes caigan en manos de gente que no son abogados y se ponga en riesgo su intento por hacerse ciudadanos, o lo que es peor, que queden en peligro de deportación.

“Aunque la mayoría de los abogados que practican las leyes de migración son magníficos, un pequeño porcentaje de ellos podrían hacer daño a sus clientes”, dijo Patrick M. Kelley, presidenta de la Barra de abogados.

“Agencias de Policía y cuerpos reguladores ya han reportado comportamiento sospechoso por parte de un pequeño número de practicantes que están pidiendo dinero a sus clientes aún cuando el Congreso no ha aprobado la reforma migratoria”, indicó

La medida vino también a raíz de que en la frontera de California con México y otras partes del estado, ya se observan grandes espectaculares que aseguran a los inmigrantes que por una cuota, le aseguran un lugar en la línea cuando la reforma de migración sea aprobada por el Congreso.

Pero los abogados están divididos en este proyecto de ley pues mientras la Barra de Abogados de California la apoya, la Asociación de Abogados de Migración de América (AILA) la rechaza.

“Cualquier intento por reducir el fraude en los servicios de migración es loable pero el acercamiento tomado por la AB1159 tendrá de hecho el efecto opuesto”, dijo Doug Stump, presidente de AILA.

La abogada de migración con sede en Santa Mónica, Pamela Hartman explica por qué: “Esta medida sólo penalizará a aquellos de nosotros que seguimos la ley y hará prohibitivamente caro contratar un abogado de migración honesto. Los abogados inescrupulosos no cumplen con la ley ahora, ni van a cumplir con ésta”.

Hizo ver que quienes practican derecho migratorio, enfrentan ya de por si cargas pesadas en un terreno muy sensible a los precios. “El miedo es que esa ley tenga el efecto opuesto y haga que los clientes vayan a ir con los abogados fraudulentos”, indicó.

Evan McLaugh, portavoz de González dijo que los intereses de los abogados de migración están separados de los de sus clientes, y la misión de la AB1159 es protegerlos. Sin embargo, mencionó que continuarán negociando en aquellos puntos donde no hay consenso.

 

 

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