Congresistas exigen investigación de falsas audiencias judiciales utilizadas para enviar a solicitantes de asilo a México

Los congresistas demócratas de California Tony Cárdenas, Lou Correa, además de Verónica Escobar por Texas, solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional que se investiguen reportes de audiencias falsas de solicitantes de asilo, y que coinciden con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cerrar la corte de inmigración por vacaciones, a pesar de las audiencias programadas de “Permanecer en México”.

“Esto es aborrecible. La Administración Trump ha creado un entorno donde los civiles y los funcionarios del gobierno se sienten facultados para ignorar el estado de derecho”, dijo el congresista Cárdenas. “La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional debe abrir una investigación y, si encuentran que los funcionarios de CBP son penalmente responsables, deben ser remitidos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento. La gente debe rendir cuentas”.

En enero, el DHS comenzó a implementar los llamados “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP), una política bajo la cual miles de familias y los niños que huyen de la violencia y buscan asilo se ven obligados a permanecer en México mientras esperan que se resuelva su caso de asilo. Hasta la fecha, más de 54,000 migrantes han sido colocados en este programa.

Los informes indican que a cuatro personas se les ha denegado la posibilidad de permanecer en EEUU después de obtener el asilo. A los refugiados que se les ha otorgado asilo reciben intencionalmente información incorrecta de los agentes de CBP como una estrategia para mantenerlos fuera de los Estados Unidos.

“Esto es una bofetada a nuestros valores de justicia y equidad. Sin embargo, es otro ejemplo de otro tipo de abuso por parte de esta agencia canalla con una larga historia de abuso”, dijo Joseph Villela, Director de Política y Abogacia de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángelesde Los Angeles, CHIRLA. “No olvidemos los abusos denunciados a menores en centros de detención y una página de Facebook que se burla del sufrimiento de inmigrantes y refugiados. CBP tiene una cultura de abuso e impunidad que debe ser abordada por el Congreso y debe responsabilizar a esta agencia”.

En un caso, el DHS obligó a un refugiado cubano a regresar a México incluso después de que un juez concediera su solicitud de asilo en los EE. UU. Porque el DHS decidió apelar su caso. Estas apelaciones pueden tardar meses o incluso años en completarse.

La delegación del Congreso solicitó que se enviara el informe a la Cámara de Representantes y en caso de que haya responsabilidad penal, los funcionarios de la agencia sean responsabilizados. “Este tipo de comportamiento de una agencia gubernamental es aborrecible, viola el estado de derecho y es antitético a nuestros valores y la esencia misma de lo que representamos como nación”, dice la carta.

Los congresistas quieren saber si algún líder del DHS o CBP autorizó el uso de audiencias judiciales falsas y el Inspector General del DHS investigue el asunto y emita un informe completo a la Cámara de Representantes de los EE. UU. Además, si la investigación determina que los funcionarios son responsables penalmente, exigen que se les responsabilice y sean remitidos al Departamento de justicia para su enjuiciamiento.
La carta aumenta la presión de los legisladores sobre el programa de Protocolos de Protección al Migrante, también conocido como Permanecer en México.

“El presidente Trump y su administración nos han demostrado que no tienen interés en resolver la crisis que crearon en la frontera”, añadió el congresista Tony Cardenas. “En este momento, Donald Trump tiene a Stephen Miller, un nacionalista blanco, supervisando su política de inmigración. Si el presidente Trump hablaba en serio sobre la reforma migratoria y la solución de la crisis fronteriza, despediría a Stephen Miller y trabajaría con el Congreso para hacer algo”.

Según el programa, los solicitantes de asilo se ven obligados a vivir en México mientras sus casos judiciales se juzgan en los Estados Unidos. El gobierno mexicano solo acordó aceptar a los retornados que tengan futuras citas judiciales. Sin embargo, los funcionarios de CBP han entregado a los inmigrantes cuyos casos de asilo ya están sobre documentos con futuras audiencias judiciales falsas y de todos modos los enviaron de regreso a México.

“Esta situación se ha dado porque la política antiinmigrante de la administración que encabeza el presidente Trump sigue levantando muros contra todo esfuerzo y todo derecho que antes se había ejercido por parte de los inmigrantes que buscaban asilo político o refugio en el marco de leyes existentes y que esta administración ha venido pisoteando sistemáticamente”, consideró Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration Center.

Gutiérrez recordó también las muertes de seis niños centroamericanos en centros de detención de ICE y “el acuerdo” que hizo con Estados Unidos el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard “para que México invirtiera 25 mil miembros de la Guardia Nacional para detener los flujos migratorios que se formaban en Centroamérica”, la orden ejecutiva que los migrantes deben esperar en México y en los tres países del Triangulo Centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras.

En noviembre, la senadora Dianne Feinstein pidió una audiencia sobre la supuesta práctica de CBP de utilizar audiencias judiciales falsas para enviar a los solicitantes de asilo a México.
Feinstein, demócrata de California, quien describió la práctica como “altamente preocupante”, solicitó al Comité Judicial del Senado que celebre una audiencia antes de fin de año.
Feinstein citó específicamente los informes de The San Diego Union-Tribune sobre el tema cuando solicitó la audiencia.

El 7 de noviembre, el periódico informó que, al menos en 14 ocasiones, los funcionarios de CBP escribieron fechas falsas en los tribunales sobre documentos de inmigración y enviaron a los solicitantes de asilo a México después de que un juez de inmigración ya había tomado una decisión sobre sus casos.

En ese momento, los funcionarios de CBP defendieron la práctica diciendo que la fecha en la hoja no es una audiencia futura en la corte, sino una fecha en la que los solicitantes de asilo pueden verificar el estado de una apelación. Según la explicación de la agencia, el gobierno había apelado la decisión de un juez de inmigración y, por lo tanto, el caso no había terminado y los migrantes aún podían ser enviados de regreso a México.
Sin embargo, los funcionarios mexicanos enfatizaron que solo acordaron aceptar a los retornados con fechas futuras en el tribunal, no aquellos con apelaciones abiertas.

Desde entonces, han surgido informes de noticias sobre lo mismo que sucede a lo largo de la parte de Texas de la frontera entre Estados Unidos y México.

“En un caso, el DHS obligó a un refugiado cubano a regresar a México incluso después de que un juez concediera su solicitud de asilo en los EE. UU. Porque el DHS decidió apelar su caso”, según la carta del Congreso que solicita una investigación. “Estas apelaciones pueden tardar meses o incluso años en completarse”.

Mientras tanto, al sur de la frontera, los migrantes sujetos a “Permanecer en México” han sido asaltados, secuestrados, golpeados, agredidos sexualmente y asesinados.
Investigadores de Human Rights First han documentado más de 630 casos reportados de migrantes en el programa como blanco de crímenes violentos.

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