Condado de Washington acota detenciones para ICE

La iniciativa pasará al jefe del ejecutivo local Dow Constantine, quien ha manifestado que la apoya.

Con la nueva medida, las órdenes de detención de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sólo se cumplirán si la persona en cuestión está en la cárcel del condado por un delito violento o grave, como asalto, violación, robo o reincidencia de conducir en estado de ebriedad. Si la persona está en la cárcel por un delito menor, el condado no cumpliría la orden de detención.

La aprobación de la medida ha sido una meta de grupos defensores de los inmigrantes que argumentan que las órdenes de detención afectan con frecuencia a personas que no han sido declaradas culpables de cometer delito alguno. Más aún, la medida del condado King podría usarse como modelo para una iniciativa a nivel estatal que se discutirá en el siguiente periodo de sesiones de la Legislatura.

“Estas prácticas de la ICE respecto a las órdenes de detención migratorias socavan la seguridad pública, hacen poco para arreglar nuestro averiado sistema de inmigración, y causan estragos en nuestras familias y comunidades. Esta ordenanza envía un claro mensaje de que el condado de King ya no se confabulará para enviar a sus residentes a un sistema injusto de deportación”, dijo en un comunicado Ann Benson, abogada gerente del Proyecto Inmigración de la Asociación de Defensores de Washington.

Durante años, la ICE ha estado revisando registros carcelarios y solicitando detenciones de personas sospechosas de estar en el país sin permiso legal. La agencia ha dicho una y otra vez que se centra en deportar inmigrantes que tienen antecedentes penales.

En el año fiscal 2012 y en los primeros cuatro meses del año fiscal 2013, no más de 14% de las órdenes de detención emitidas por la ICE a nivel nacional cumplían con los criterios manifiestos de la agencia de enfocarse en individuos que representan una amenaza para la comunidad, de acuerdo con un reporte del centro Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad Syracuse.

El centro reportó que 47,7% de los 347,691 individuos a quienes se emitió una orden de detención no tenían registro de haber sido sentenciados por delito alguno, ni siquiera por una infracción de tránsito menor.

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