Condado de Pima en Arizona recibirá 1 mdd para vigilancia fronteriza

La Junta de Supervisores del Condado Pima, que abarca parte de la frontera de Arizona con México, aprobó hoy un presupuesto federal de más de un millón de dólares provenientes del programa conocido como “Stonegarden”, otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Defensores de los derechos civiles aseguran que al aceptar los fondos del programa, y bajo las nuevas y duras políticas de la administración del presidente Donald Trump, el departamento de policía se verá forzado de alguna manera a funcionar como agente de Inmigración.

El DHS implementó la “Operación Stonegarden” de vigilancia fronteriza en el 2003, para establecer una cooperación con alguaciles, la Patrulla de Caminos, la ciudad y policía de las tribus indígenas en estados como Arizona, Nuevo México, Texas y California.

Después de escuchar testimonios por más de tres horas, la Junta de Supervisores aprobó por 3 votos contra 2 aceptar 1.4 millones de dólares.

Hace dos semanas, los supervisores habían rechazado estos fondos, pero a petición del supervisor Ramón Valadez, se volvió a tomar una nueva votación.

Valadez, quien anteriormente había votado en contra, cambió hoy su voto, favoreciendo la aceptación de los fondos federales.

“Nuestro papel no es cambiar las leyes de inmigración; eso es responsabilidad del Congreso”, dijo Valadez ante la Junta indicando que él mismo es un hijo de inmigrantes.

La Junta aprobó también una serie de condiciones que la Oficina del Alguacil del Condado Pima debe cumplir durante la próxima semana para aceptar los fondos federales.

Entre éstas, se establecerá un sistema para revisar el uso de los fondos y se implementará una base de datos para saber cuánto le costará al condado aceptar estos fondos, como lo relativo al encarcelamiento y procesamiento de detenidos.

La Oficina del alguacil también deberá presentar una póliza por escrito donde explicará cuándo y cómo cooperará con el servicio de Inmigración, incluyendo a la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

También se establecerá un entrenamiento para evitar prácticas de perfil racial.

El Alguacil del Condado Pima, Mark D. Napier, aseguró a los asistentes que los fondos serán utilizados para comprar equipos y sistemas para la seguridad pública.

Decenas de miembros de la comunidad expresaron su oposición a los fondos del “Stonegarden”.

Aseguran que ya existe un gran temor de la comunidad inmigrante que teme que los conductores sean detenidos con el solo propósito de cuestionar su estatus migratorio.

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