Condado de Montgomery en Maryland destina fondos para defensa de inmigrantes en proceso de deportación

El concejo del condado de Montgomery en Maryland, donde residen miles de inmigrantes salvadoreños y de otros países centroamericanos, decidió destinar $370 mil dólares de su presupuesto anual para ser usado en la defensa legal de inmigrantes indocumentados que enfrenten procesos de deportación.

La medida adoptada en pleno por este gobierno local pretende hacer frente a la agresiva política migratoria desatada por la administración de Donald Trump, que tiene en meta expulsar del territorio a cuanto inmigrante carezca de estatus legal en el país.

Los concejales han votado, entre la polémica por esta decisión, pero amparados en que cada persona necesita el debido proceso y la garantía de tener acceso a un abogado y defenderse ante la presión del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y su brazo operativo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE.

“Estos fondos servirán para financiar servicios legales, evaluar casos de deportación y proporcionar representación legal directa a individuos en procedimientos de deportación”, explicó el gobierno de Montgomery en un comunicado.

También asegura que ese fondo solo podrá ser utilizado para defensa de inmigrantes procesados por ICE, y cuyo único ‘delito’ es haber entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos, y que a la vez demuestren carecer de los fondos suficientes para costearse una representación legal.

Las personas que, en algún momento, hayan sido encontradas culpables de cometer delitos graves como homicidios, violación, asaltos sexuales, extorsión, acoso, violencia doméstica, fraude, robo entre otros no serían elegibles para ser  beneficiados de esta medida.

“Hemos escuchado muchos testimonios en todo Estados Unidos sobre la detención y deportación de residentes que poseen casas, administran sus propios negocios y tienen empleados que dependen de ellos y que se ven obligados a dejar a sus familias, incluidos niños que en muchos casos son ciudadanos”, argumento el presidente del consejo de Montgomery, Hans Riemer, antes de emitir su voto favorable.

Los concejales optaron por esta medida, que no deja de causar polémica en los círculos conservadores y anti inmigrantes de la región, por una necesidad para garantizar que cada persona procesada dentro de su distrito tenga derecho a las garantías y opciones que le faculta la ley.

Para la vicepresidenta del consejo de Montgomery, la hispana Nancy Navarro, la intención de generar esta partida especial la propuso desde el año pasado, cuando se vislumbró el enfoque de la Casa Blanca con el tema migratorio.

“Solicité a mis colegas del concejo y al ejecutivo del condado que presentaran un plan de respuesta crítica ante las políticas crueles de inmigración provenientes del gobierno federal… Me enorgullece que estemos aprobando esta asignación”, enfatizó Navarro.

El fondo será manejado en coordinación con la Fundación Comunitaria Greater / Meyer, y donantes individuales; la que se encargará de desembolsar los fondos hacia organizaciones que trabajan el la defensa legal y derechos de los inmigrantes.

El gobierno de Montgomery avaló este desembolso ante el desequilibrio de igualdad en los proceso de deportación, si se comparan con otros delitos procesados en cortes; pues la política migratoria autoriza la detención rutinaria de individuos y a menudo se le exige litigar sus casos sin la asistencia de un abogado.

“Bajo la administración Trump, hay miembros productivos de nuestra comunidad que enfrentan la amenaza de deportación… Este financiamiento asegurará que los residentes de bajos ingresos que enfrentan procesos de expulsión tengan acceso a un abogado y una oportunidad justa en los tribunales”, puntualizó el concejal Roger Berliner al apoyar la moción.

En el condado de Montgomery -según el estamento federal-, una persona está en el rango de pobreza cuando sus ingresos anuales están por debajo de los $24 mil 280 dólares, como individuo, y por $50 mil 200 como grupo familiar a partir de cuatro personas.

Montgomery se une a otras jurisdicciones que han aprobado en sus presupuestos fondos para la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación. como sus vecinos condado de Prince George’s, la Ciudad de Baltimore, la ciudad de Nueva York, Los Ángeles; Chicago, Denver, Colorado, Austin y San Antonio en Texas y el Distrito de Columbia, entre otras urbes.

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